Jaquelina Duana Sánchez

Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Jaquelina Duana Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria por videoconferencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del conflicto competencial 10/2023 de su índice, en la cual determinó: "PRIMERO.- Existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto presentado por Jaquelina Duana Sánchez, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por los razonamientos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Por tanto, tomando en consideración que no existe nada más que cumplimentar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se declinó competencia y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual, remite la determinación de veinticuatro de febrero del año en curso, del que se advierte que acusa recibo del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional; mismo que registró y admitió con el número 10/2023 de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se está a la espera de la resolución que emita el órgano colegiado oficiante.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en el que transcribe el proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 95/2023-V-B, de su índice, a través del cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado. Del análisis a los argumentos vertidos por la autoridad oficiante, de manera respetuosa no se comparten; por tanto, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador, insiste en declinar la competencia, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues -se insiste- la parte quejosa reclama de manera toral: - La omisión de emitir el dictamen respecto de la solicitud de pensión, registrada con el folio número ****, presentada el diez de octubre de dos mil veintidós de dos mil veintidós, en la Oficina de Atención al Derechohabiente de Texcoco, Estado de México. En ese tenor, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, toda vez que implica un impacto específico en la emisión del dictamen respectivo mismo que conlleva al pago de la pensión solicitada; motivo por el cual, conlleva un principio de ejecución, pues el pago de dicha pensión está intrínsecamente ligado a su domicilio, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. Luego, en el caso se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el Municipio de Nezahualcóyotl, pues en el escrito de cuenta la parte quejosa anexó el acuse de la solicitud presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Texcoco, Estado de México, del que se advierte el lugar de pago (Texcoco), así como su domicilio (********************). Apoya a la presente determinación, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. ****." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS).***." En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Sirve de apoyo, por identidad de razón la jurisprudencia ***, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. ***. Realizadas las acotaciones de mérito, se aprecia que no se surte la competencia por territorio de este juzgado de Distrito para conocer de la demanda de referencia, motivo por el cual se actualiza el supuesto precisado anteriormente, relativo a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se haya ejecutado, se ejecute o pretenda ejecutarse, y que no corresponde a la demarcación territorial atribuida a este órgano jurisdiccional en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. ****. Asimismo, la determinación anterior se sustenta en la ejecutorias emitidas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ambos con residencia en Naucalpan de Juárez, dentro de los conflictos competenciales ******************** y ********************, de sus índices, respectivamente, en las que sustancialmente se determinó que la omisión reclamada tiene ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se reciba el pago de esa pensión. CONFLICTO COMPETENCIAL De ahí, que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE TREINTA DE ENERO ACTUAL, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISEIS DE ENERO ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA, AUTO QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda promovida por Jaquelina Duana Sánchez, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 96/2023-I-B. Acto reclamado La quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De quienes reclama: La omisión de emitir el dictamen respecto de la solicitud de pensión, registrada con el folio número 29,786,521-43302, presentada el diez de octubre de dos mil veintidos de dos mil veintidós, en la Oficina de Atención al Derechohabiente de Texcoco, Estado de México Incompetencia En ese orden, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio, atendiendo a los motivos y consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues -se insiste- la parte quejosa reclama de manera toral: La omisión de emitir el dictamen respecto de la solicitud de pensión, registrada con el folio número 29,786,521-43302, presentada el diez de octubre de dos mil veintidos de dos mil veintidós, en la Oficina de Atención al Derechohabiente de Texcoco, Estado de México En ese tenor, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, toda vez que implica un impacto específico en la emisión del dictamen respectivo mismo que conlleva al pago de la pensión solicitada; motivo por el cual, conlleva un principio de ejecución, pues el pago de dicha pensión está intrínsecamente ligado a su domicilio, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. Luego, en el caso se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el Municipio de Nezahualcóyotl, pues en el escrito de cuenta la parte quejosa anexó el acuse de la solicitud presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Texcoco, Estado de México, del que se advierte el lugar de pago (Texcoco), así como su domicilio (plaza hidalgo 7 barr San Andrés Tezoyuca, México). Apoya a la presente determinación, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es: Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Sirve de apoyo, por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Asimismo, la determinación anterior se sustenta en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, dentro del conflicto competencial 34/2022, de su índice, en la que sustancialmente se determinó que la omisión reclamada tiene ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se reciba el pago de esa pensión. Por tanto, se ordena remitir el juicio de amparo y traslados, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que tengan a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, en términos a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia, y acuse de recibo correspondiente. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Domicilio acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que de ser omiso al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Instrucciones para la creación de usuario electrónico Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. De igual manera, sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la abstención de impresiones con firma criptógrafa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . ***

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