Jaquelin Flores Salomé

Expediente 1213/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1213/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Jaquelin Flores Salomé

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE y AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto Especializado en Materia Civil del distrito judicial de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en el considerando quinto de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, el doce de junio de dos mil dieciocho, misma que le fue notificada el trece de junio del presente año a través del oficio 16085/2018; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del distrito judicial de Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Finalmente, devuélvase al Juez de Exhortos de la Zoina Metroplitana de Puebla y a la Juez Quinto Especializada en Materia Civil del distrito judicial de Puebla, las copias certificadas con las que se formaron los anexos I, II, III y IV. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Jacquelin Flores Salomé, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridad responsable: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de acordar lo conducente respecto al desechamiento o admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen D-556/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho el Tribunal responsable acordó lo procedente respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral D-556/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Jaquelin Flores Salomé acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de acordar lo conducente respecto al desechamiento o admisión las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral de origen D-556/2015. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que proveyó lo pertinente respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-556/2015, cuya omisión se reclama; por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Jaquelin Flores Salomé reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del veintitrés de julio de dos mil dieciocho que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Coordinadora General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual propone como perito oficial para que funja por parte de este juzgado federal a la Arquitecta Edelmira Ibarra Solís, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, REQUIÉRASE A LA CITADA PERITO, por conducto de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se presente ante las oficinas de este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a efecto de que acepte y proteste el cargo de perito oficial por parte de este órgano jurisdiccional. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho.

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