Janny Iliana Aranda Benitez

Expediente 1065/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1065/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • Janny Iliana Aranda Benitez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual desahoga el requerimiento decretado en autos y remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral **********, de su estadística. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a Fernando González Cereceres, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que remita copia certificada: Copias certificadas de la constancia de notificación realizada a la parte actora del proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral ********** de su estadística. Lo que antecede, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andres Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Se explica. Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. [.] Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Ahora bien, tratándose de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. [.] Con esas bases, es necesario explicar qué debe entenderse por "abierta dilación" del procedimiento en el contexto de la procedencia del amparo indirecto sólo contra actos en juicio de imposible reparación, esto es, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Pues bien, para que exista una abierta dilación del procedimiento que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo por considerarse que constituye un acto de imposible reparación, debe regir la misma regla que para estos últimos actos, es decir, las consecuencias de esa dilación deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; pues no debe perderse de vista que el término "abierto" en este caso es utilizado como un adjetivo que significa "claro, patente, indudable", atribuido a la dilación que califica. Así, no cualquier dilación tiene el carácter de "abierta" y para establecer cuándo se está ante un supuesto jurídico de tal naturaleza, por lo general debe atenderse a las peculiaridades de cada caso en concreto; y es posible dejar en claro que no se está ante un supuesto jurídico de dilación abierta en aquellos casos en los que entre cuya omisión se reclama y la fecha de la presentación de la demanda de amparo tan sólo media un lapso breve observado razonablemente, sobre todo dentro de contextos de impartición de justicia saturados y con problemáticas de limitación de recursos indispensables para que su eficacia sea óptima. De manera que en esos casos, aun cuando se sobrepasen los plazos que la ley que regula el acto establezca para proveer lo conducente -en algunas ocasiones podría ser el doble e incluso el triple dependiendo de la brevedad de algunos plazo-, lo cierto es que el transcurso de unos cuantos días más tan solo constituye una simple dilación y no puede considerarse una "abierta" dilación, que retrase de tal manera el procedimiento que dé lugar a decretar la procedencia del juicio de amparo, pues no produce en la quejosa un acto de imposible reparación que afecte clara, patente o ineludiblemente su derecho de acceso a la justicia pues no obstruye de manera evidente el acceso a la misma. En ese sentido, no debe perderse de vista las particularidades de la impartición de justicia de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuyos actos son materia del juicio de amparo, los cuales, por lo general se encuentran rebasados en sus capacidades por el cúmulo de trabajo que tienen a su cargo; de ahí que esa carga laboral debe administrarse a efecto de que todos los justiciables y no solo aquéllos que promuevan amparo, se les administre justicia de la manera más pronta posible y dentro de los plazos que marca la ley y de ser el caso de que reciban justicia fuera de dichos plazos, que esa tardanza sea razonable, y no constituya una abierta dilación que es lo que produce injusticia. Y es que la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que exista abierta dilación tiene como finalidad que vía amparo se otorgue justicia en aquellos casos en los que verdaderamente exista una injusticia manifiesta y no para ajustar la administración de justicia de las autoridades señaladas como responsables a los plazos procesales de manera estricta, frente a una realidad imperante de recursos limitados de administración de justicia. Finalmente, hay que agregar que la propia promoción del juicio de amparo en los casos en que no exista una abierta dilación del procedimiento, es un despropósito porque la práctica refleja que el propio trámite del amparo dilata un tiempo considerable aunado a que provoca que las autoridades señaladas como responsables se vean en la necesidad de realizar los trámites inherentes a la defensa del acto reclamado, lo que ocasiona una dilación mayor en el procedimiento. Expuesto lo anterior, en este caso el acto reclamado se hace consistir en: la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente ******, en virtud de que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que presentó su demanda laboral el veintiséis de junio del año en curso, la que fue admitida y se ha diferido en varias ocasiones, en razón de que la responsable ha sido omisa en emplazar a la totalidad de los demandados; pero ello no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, precisamente porque de la fecha en que la autoridad responsable fue omisa en realizar el emplazamiento y la fecha de la presentación de la demanda de amparo -siete de agosto de dos mil diecinueve-, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, mediaron quince días naturales. Y se dice que son quince días porque en el lapso dicho se encuentran los cinco días que la autoridad tiene para emplazar a la parte demandada y los quince días de vacaciones que fueron otorgados a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, que comprendieron del trece al veintiocho de julio de este año, término que no puede ser tomado en consideración para el cómputo correspondiente pues cesaron las actividades de la autoridad responsable, pero además, debe hacerse notar que la propia quejosa dice que la responsable ha sido "omisa en emplazar a la totalidad de los demandados", lo que implica en que algunos de ellos ya fueron emplazados y que la responsable si ha ejecutado actos tendentes a continuar con el procedimiento laboral. Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, ese lapso de quince días no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contracción de tesis 294/2018, que originó la jurisprudencia 2a./J.33/2019 que resolvió el juicio de amparo contra dilaciones procesales procede cuando han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en el concluyó el plazo que tiene la autoridad responsable esto es, cinco días para emplazar a la parte demandada, con fundamento en el artículo 873 A de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, en el presente asunto el computo inició a partir del cuatro de julio del año en curso, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, han transcurrido -quince días- por lo que, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización. La jurisprudencia en mención es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso no existe una abierta dilación en el procedimiento ni su paralización total pero además es evidente, claro y fehaciente en tanto que basta la lectura del escrito inicial de demanda para percatarse de ello; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia.

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