JANNETTE GUADALUPE CABRERA ROSAS y Otros.

Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Jannette Guadalupe Cabrera Rosas
  • JANNETTE GUADALUPE CABRERA ROSAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve del mes en curso, el Consejo de la Judicatura Federal determinó declarar días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, así como suspender labores, términos y plazos durante ese lapso, según consta en la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del propio consejo; y que con motivo de lo anterior, no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Por ende, se fijan como nueva fecha y hora las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de dicha audiencia en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 286/2023. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, ****, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de identidad resguardada con iniciales **. solicitó la suspensión contra los actos del juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, se dio trámite a la demanda de amparo y se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión; por auto de la misma fecha se requirió a la autoridad responsable su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Iguala, Guerrero, es competente para conocer y resolver respecto de la suspensión definitiva que se solicitó en la demanda de amparo, acorde a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, constitucionales; 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016 que reforma, adiciona y deroga el similar 28/2016 y éste a su vez al Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En otro contexto, a fin de cumplir con lo establecido en numeral 131, último párrafo, de la Ley de Amparo, los actos reclamados procederán analizarse de forma tal que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada no se constituyan derechos que la parte incidentista no hubiera tenido antes de la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, el acto reclamado que será materia de análisis en el presente cuaderno suspensional, es el siguiente: 1. La omisión de cumplir con lo ordenado mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, relativo al descuento por concepto de pensión alimenticia al tercero interesado del 25% (veinticinco por ciento), correspondiente a favor de la parte acreedora alimentista, dictado en el juicio natural 173/2023-3, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido del mismo y de las constancias que remitió se advierte su existencia, toda vez que si bien es cierto, refiere que el ocho de marzo de dos mil veintitrés, garantizó provisionalmente el 25% del sueldo y demás prestaciones que percibe el tercero interesado ****, en su centro de trabajo, en favor del menor con iniciales ***., las cuales se llevaron a cabo a partir de la quincena 10/2023. Luego, que mediante audiencia previa y de conciliación llevada a cabo el once de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa y el aquí tercero interesado pactaron una pensión alimenticia definitiva en favor de su menor hijo con iniciales ****., del 25% del sueldo y demás prestaciones que percibe el tercero interesado en su centro de trabajo como profesor de educación física en la escuela secundaria Técnica Número 104 Cuauhtémoc, Estado de México, con motivo a ello, dejó sin efectos la medida provisional decretada en acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la totalidad de las constancias que la autoridad responsable remitió no se aprecia documento que acredite que efectivamente la quejosa recibió en su favor 25% del sueldo y demás prestaciones que percibe el tercero interesado en su centro de trabajo como profesor de educación física en la escuela secundaria Técnica Número 104 Cuauhtémoc, Estado de México, esto en cumplimiento a lo establecido en la audiencia previa y de conciliación llevada a cabo el once de agosto de dos mil veintitrés, ante el juez natural, y como consecuencia al no adjuntar prueba alguna con la que sustente tal negativa; en tales condiciones, se desvirtúa tal negativa y se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." CUARTO. Requisitos para otorgar la suspensión. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se establece la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir, para que sea procedente la suspensión, los cuales son: a) la naturaleza de la violación alegada; b) que lo haya solicitado el agraviado; c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y d) análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El objetivo primordial de esta providencia es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Para resolver sobre tal medida precautoria, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. De acuerdo a la introducción, se anticipa que el caso se analizará con base en el principio del interés superior de la niñez contemplado en el artículo 4 constitucional. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que la suspensión no se limite sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer a la parte incidentista en el goce del derecho afectado con el acto reclamado (efectos restitutorios) sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto; sin embargo, también debe valorarse las particularidades de cada asunto, a fin de verificar si se prueba la apariencia del buen derecho. Interés superior de la niñez En principio, debe precisarse que los procedimientos jurisdiccionales que tienen por objeto cuestiones de alimentos (entre otros) que involucren a menores, son de litis abierta, esto es, el juzgador tiene a su alcance una serie de atribuciones que le facultan a actuar de forma más activa y versátil, por la trascendencia social de las relaciones familiares involucradas y por el principio de interés superior del menor, que le permite suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores de edad, siempre que resulte de mayor cobertura para sus derechos. Para abordar este tema, se considera necesario aludir al principio del interés superior de la niñez. Los niños, niñas y adolescentes, son destinatarios de una especial protección constitucional, convencional, legal y jurisprudencial en el sistema jurídico mexicano. El artículo 4, párrafos noveno a décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las autoridades del Estado mexicano, deben velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, para garantizar de manera plena sus derechos. Los juzgadores, como parte del Poder Judicial y, por tanto, el Estado, tienen la obligación jurídica de garantizar que todas aquellas acciones se realicen en los asuntos sometidos a su jurisdicción, y procurar el máximo bienestar posible de los infantes. El artículo 1º, primer párrafo, constitucional, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, el derecho convencional es también parte integral del ámbito interno. De la interpretación analítica del texto constitucional realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha considerado que al resolver un cuestionamiento en materia de derechos humanos se debe realizar una interpretación a la luz del parámetro de regularidad constitucional integrado por dicho texto y los diversos instrumentos internacionales y su interpretación; en el caso se atienden a estos lineamientos respecto a los que se establecieron para las niñas, niños y adolescentes. En resumen, el hecho de que exista una protección de las niñas, niños y adolescentes, desde el marco constitucional, convencional, legal y jurisprudencial, a través del principio del interés superior de la infancia, implica que siempre y en todo momento, se debe realizar mediante medidas de protección que garanticen de manera efectiva el disfrute de sus derechos humanos, como una realidad en su vida cotidiana. Bajo tales consideraciones, al advertirse que con el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, pues, no está en alguno de los supuestos que a manera ejemplificativa especifica el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni algún otro que pudiera considerarse análogo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad responsable garantice el porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia a favor de la parte acreedora alimentista decretada en el juicio natural 173/2023-3, del índice de la autoridad responsable. En la inteligencia de que el otorgamiento de esta medida suspensional tiene efectos hasta en tanto se resuelva el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, pues al resolver sobre ésta última se podrán tener más elementos de prueba que permitan determinar si se reitera el sentido de esta determinación, o si debe resolverse de manera diferente la medida solicitada. Garantía como requisito de efectividad Sin que sea el caso exigir garantía alguna como requisito de efectividad de la medida cautelar que se concede, en términos de los artículos 132 y 135 de la ley que rige procedimiento de amparo, ya que no se está en los supuestos relativos a contribuciones determinadas contra la parte quejosa, ni tampoco la existencia de terceros que demanden algún tipo de prestación económica o se les cause algún daño patrimonial con el otorgamiento de la medida cautelar. Condiciones para que surta efectos la suspensión No obstante todo lo anterior, esta medida cautelar no surtirá efecto legal ni material alguno si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una sentencia ejecutoriada dentro de algún procedimiento en el cual la parte quejosa hubiere sido oída y vencida; o si fue emitido por alguna autoridad diversa a las señaladas en el escrito de demanda. Notificación al tercero interesado Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ****, con domicilio ubicado en **********, Iguala de la Independencia, Guerrero; en consecuencia, se ordena hacer de su conocimiento de manera personal el contenido de la presente determinación. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de identidad resguardada con iniciales **., por las razones expuestas en el considerando último, de esta determinación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE TERCERA INTERESADA, LA RESOLUCION INCIDENTAL DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de identidad resguardada con iniciales **., por las razones expuestas en el considerando último, de esta determinación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Agréguese al presente sumario el oficio de la juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, mediante el cual rinde informe justificado; y ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Pruebas Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que remite; sin perjuicio de su relación de estas en la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis aislada I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de agosto de 1995, página 594, Novena Época, con número de registro 204 616, que establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

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