Jannet Vázquez Ávalos
Expediente 234/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jannet Vázquez Ávalos
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra del auto dictado el once de mayo de dos mil diecisiete (fojas 18 a 22), dictado en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que después de transcurridos cinco años este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el doce de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de once de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, once de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, así como el anexo que acompaña, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, a dicha constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS ÚNICO.- La negativa de señalar fecha y hora de audiencia inicial dentro del expediente 1275/2016, que le fuera solicitada en fecha 02 de febrero de 2017, lo que tiene paralizado en su totalidad dicho juicio.". Esto es, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, de acordar el escrito de dos de febrero de dos mil diecisiete, presentado por la parte quejosa, dentro de los autos del expediente 1275/2016. Del análisis de las copias certificadas enviadas por la autoridad responsable en apoyo al informe justificado, se advierte que el veinte de abril del presente año, acordó lo siguiente: "JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - Se tiene por recibido en fecha veinticuatro de enero del año en curso, el escrito signado por el ciudadano ISMAEL AK ISTE, y anexo que acompaña; atento a su contenido, agréguese el presente escrito a los autos del presente juicio, para que surta los efectos legales correspondientes, y dese vista a la ciudadana JANNET VÁZQUEZ AVALOS, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Por otro lado, en atención al estado que guardan los autos del presente juicio, y toda vez que el ciudadano VÍCTOR ALFONSO AC CHAN, no dio cumplimiento a la prevención que se le hiciera mediante auto de lecha trece de enero del año dos mil diecisiete, a pesar de estar debidamente notificado a través de su autorizado en fecha dieciséis de enero del año dos mil diecisiete en tal virtud se le hace efectivo el apercibimiento, por lo tanto, se le tiene por no Interpuesta la reconvención de controversia del orden familiar interpuesta en contra de la ciudadana JANNET VÁZQUEZ AVALOS. Consecuentemente, se tiene por presentado de nueva cuenta al ciudadano VÍCTOR ALFONSO AC CHAN, con su escrito recibido en fecha once de enero del año en curso y anexos que acompaña, contestando en tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra por la ciudadana JANNET VÁZQUEZ AVALOS. Con fundamento en los artículos 928 y 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se fija el día DIECISÉIS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, PARA LA AUDIENCIA INICIAL, en tal virtud, se cita a los ciudadanos JANNET VÁZQUEZ AVALOS y VÍCTOR ALFONSO AC CHAN para que comparezcan a dicha audiencia en la Sala Oral I. [.]. Por último se tiene por presentada la ciudadana JANNET VÁZQUEZ AVALOS, con su escrito recibido en fecha tres de febrero del año dos mil diecisiete, atento. a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado líneas arriba [.]". En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la autoridad responsable dejó insubsistente la omisión reclamada al haber dictado un acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete, en el cual señaló fecha y hora para la audiencia inicial, en autos del expediente 1275/2016, del índice de la responsable, y haberle notificado del mismo a la quejosa el veinticuatro siguiente, en segundo lugar, al quedar insubsistente la omisión reclamada, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, de señalar fecha y hora para la audiencia inicial del expediente 1275/2016, solicitada por la parte quejosa por escrito de tres de febrero de dos mil diecisiete, como se aprecia de la transcripción anterior. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos precedentes. Por tanto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis noventa y siete, visible en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 210, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, en vía de emplazamiento, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo de cuenta, mediante la cual *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 234/2017, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata. Dése la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Por otro lado, con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado en este juicio de amparo a Víctor Alfonso Ac Chan, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, primer párrafo, en relación con el 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, túrnese los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda emplazar a juicio al tercero interesado Víctor Alfonso Ac Chan, en el domicilio señalado en el escrito de demanda, a quien deberá hacerle de su conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo y de la demanda de amparo; igualmente, deberá hacerle saber el derecho que tiene para comparecer al presente juicio y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se le realizará en el domicilio donde se les emplace por ser el único que obre en autos y encontrarse en la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, del ordenamiento legal en cita. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
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