Jannet García Juárez
Expediente 1055/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jannet García Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase al juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el duplicado de la causa penal 200/2015 de su índice, que en tres tomos remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la diligencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y del acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ambos en la causa penal 200/2015 del índice de la responsable, de los que se advierte, en la referida diligencia, se llevó a cabo la ratificación del acuerdo reparatorio celebrado entre la procesada, aquí quejosa, Jannet García Juárez y la parte ofendida, aquí tercero interesado, Pablo Rey Acevedo Cruz, con la presencia del defensor de la procesada y el agente del ministerio público adscrito; decretando el juez de la causa, extinguida la acción penal ejercida en esa causa penal, por el delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio del citado ofendido, así como extinguida la responsabilidad penal únicamente por lo que hace a la agraviada Jannet García Juárez, como consecuencia de esto, el sobreseimiento de la causa, con efectos de sentencia absolutoria decretada a su favor; ordenando su inmediata y absoluta libertad; finalmente, con el segundo, se le tiene informando que el sobreseimiento decretado, causó ejecutoria, obteniendo el valor de cosa juzgada; para los efectos legales consiguientes. Por lo anterior, resulta evidente que la quejosa Jannet García Juárez, fue puesta en libertad, con motivo del sobreseimiento decretado en la causa de origen, con efectos de sentencia absolutoria dictada a su favor; por lo que dejó de existir el objeto de la medida cautelar impuesta a la parte agraviada en la causa penal 200/2015 de referencia; lo que hace se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese sentido, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve), en la medida que no es necesario esperar para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo a lo anterior, que la agraviada haya señalado como autoridad ejecutora al director del Centro de Prevención y Readaptación Femenil, con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pues el sobreseimiento decretado se hace extensivo a tales autoridades, ya que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de ejecución, en virtud de que los mismos no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del acto de ordenamiento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la diligencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y del acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ambos en la causa penal 200/2015 del índice de la responsable, de los que se advierte, en la referida diligencia, se llevó a cabo la ratificación del acuerdo reparatorio celebrado entre la procesada, aquí quejosa, Jannet García Juárez y la parte ofendida, aquí tercero interesado, Pablo Rey Acevedo Cruz, con la presencia del defensor de la procesada y el agente del ministerio público adscrito; decretando el juez de la causa, extinguida la acción penal ejercida en esa causa penal, por el delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio del citado ofendido, así como extinguida la responsabilidad penal únicamente por lo que hace a la agraviada Jannet García Juárez, como consecuencia de esto, el sobreseimiento de la causa, con efectos de sentencia absolutoria decretada a su favor; ordenando su inmediata y absoluta libertad; finalmente, con el segundo, se le tiene informando que el sobreseimiento decretado, causó ejecutoria, obteniendo el valor de cosa juzgada; para los efectos legales consiguientes. Por lo anterior, resulta evidente que la quejosa Jannet García Juárez, fue puesta en libertad, con motivo del sobreseimiento decretado en la causa de origen, con efectos de sentencia absolutoria dictada a su favor; por lo que dejó de existir el objeto de la medida cautelar impuesta a la parte agraviada en la causa penal 200/2015 de referencia; lo que hace se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese sentido, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve), en la medida que no es necesario esperar para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo a lo anterior, que la agraviada haya señalado como autoridad ejecutora al director del Centro de Prevención y Readaptación Femenil, con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pues el sobreseimiento decretado se hace extensivo a tales autoridades, ya que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de ejecución, en virtud de que los mismos no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del acto de ordenamiento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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