Janitzia Marnay Santos Reyes
Expediente 372/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Janitzia Marnay Santos Reyes
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Actuario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, por medio del cual acusa de recibo del diverso 10164/2019, con el cual se le devolvió el expediente del recurso de revisión 1088/2018; circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento.
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. I. Recepción de la demanda. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, al cual adjunta juicio de amparo directo 180/2019 de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por Janitzia Marnay Santos Reyes, por conducto de su autorizada Claudia Elena Cruz Camacho; recurso de revisión 1088/2018 de la estadística de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y juicio de nulidad 33/2018 del índice de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ambas de Sinaloa; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Acúsese el recibo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con las constancias relativas a los expedientes 1088/2018 y 33/2018 fórmense los tomos de pruebas I y II. II. Competencia. En atención al contenido del auto de dieciséis de abril del año en curso emitido por el Tribunal oficiante, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Janitzia Marnay Santos Reyes, por conducto de su autorizada Claudia Elena Cruz Camacho; contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otra autoridad. III. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Supuesto que se actualiza en el caso concreto, ya que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revisión 1088/2018, con la que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de este entidad federativa, confirmó el acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 33/2018, en el que el Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, declaró improcedente la ampliación de demanda promovida por la aquí quejosa y desechó la prueba señalada como superveniente. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revisión 1088/2018, con la que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de este entidad federativa, confirmó el acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 33/2018, en el que el Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, en la que declaró improcedente la ampliación de demanda promovida por la aquí quejosa y desechó la prueba testimonial señalada como superveniente no puede ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, pues como se ha precisado dicha cuestión no se refiere a una transgresión a los derechos sustantivos, ya que el juicio de nulidad 33/2018, se instauró con la demanda respectiva y el procedimiento se seguirá hasta el dictado de la sentencia y, sólo en caso de que ésta sea contraria a los intereses del actor, éste podrá controvertir dicha violación como procesal, cuando reclame dicho fallo en el juicio de amparo directo. Por tanto, el acto reclamado no corresponde a aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; ello, máxime que el desechamiento de la prueba testimonial señalada como superveniente no difiere de la acción principal, elementos o sujetos materia de la admisión y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que no le causa afectación gravedad, ya que los hechos no varían de la litis del juicio de nulidad. En las relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Domicilio y autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala, virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, con excepción de José Roberto Ovalle Angulo, quien únicamente será autorizado para los efectos establecidos en el último párrafo del citado numeral, por no contar con dicho registro. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. No obstante, dado el sentido de la presente determinación y toda vez que de las constancias relativas al recurso de revisión 1088/2018 se advierte que el quejoso señaló como domicilio procesal el ubicado en bulevar Nueva España, número 4490, fraccionamiento La Conquista en esta ciudad; por tanto, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en dicha ubicación y le notifique personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes
- Jair Hernández Olea146/2023
- Jairo Valenzuela Nolasco1399/2022
- Janelly Itzel Gurrola Nieblas643/2023
- Janeth Cervantes Hernández1192/2023
- Janeth Esmeralda Aguayo Castro771/2020
- Janeth Salcido de la Rocha87/2017
- Jaqueline López Camacho769/2020
- Jaqueline Portillo Quiñónez1152/2020
- Jaqueline Quintero Peregrina543/2023
- Jasiel de Jesús Chávez García793/2023
- Jasiel de Jesús Chávez García781/2020
- Jason Cázares Félix1034/2022