Janitcio Abel Arroyo Villegas
Expediente 584/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Janitcio Abel Arroyo Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el informe justificado y anexo que rinden las autoridades responsables y, al efecto, se les tiene ofreciendo como pruebas las documentales que exhiben. Ahora bien, del análisis de las constancias que se agregan, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de los actos reclamados, como se demuestra enseguida. El numeral aludido dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de dictar acuerdo en el que se admitan o desechen las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral ********************, así como su notificación. Luego, de las documentales consistentes en copia certificada del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y la notificación de veinticuatro de mayo del año citado, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se dictó resolución en el que se proveyó sobre la admisión de los elementos probatorios ofrecidos y se notificó a la parte actora. En ese orden de ideas, como se adelantó, sobreviene la causal de improcedencia invocada, pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -nueve de mayo de dos mil veintitrés- subsistía la omisión de la responsable de proveer en relación con las pruebas ofrecidas por las partes y llevar a cabo su notificación, tal afectación a la esfera jurídica de la parte promovente cesó una vez que las autoridades responsables mediante determinación de veintitrés de mayo y notificación de veinticuatro de mayo del año actual, proveyeron y comunicaron lo conducente, en relación con las pruebas ofrecidas, de modo que todos los efectos de los actos reclamados fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De ahí que, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que la Actuaria de la adscripción asentó la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada Cadena Comercial OXXO sociedad anónima de capital variable, en los domicilios ubicados en calzada Francisco L. Montejano y calle Ana García, sin número de la colonia Insurgentes Este y en Mar Blanco 105 de la colonia Constituyentes, ambos de esta ciudad, por las razones en ella expuestas; en consecuencia, provéase lo que en derecho corresponda, una vez que se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables de donde se advierta el domicilio en el cual pueda ser emplazada la parte procesal mencionada.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del sumario en que se actúa, destaca que a la fecha las responsables no han informado en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con base en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario adscrito, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se les notifique esta determinación, informen sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo o bien, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad a lo previsto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, aunado lo anterior a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación conforme lo dispone el numeral 192 de la ley citada.
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