Janis Marlenne Sánchez Moreno
Expediente 840/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Janis Marlenne Sánchez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
único.- se concede la suspensión definitiva...
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 840/2017-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de este año, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció JANIS MARLENNE SÁNCHEZ MORENO, por su propio derecho y en representación de su menor hijo Ángel David Ramírez Sánchez, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de quien reclama la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete dictada en el toca civil 894/2016-6. A mayor abundamiento, de lo narrado en autos se advierte que la resolución reclamada confirma la diversa de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de reducción de pensión promovido por Luis Ángel Ramírez Saavedra; resolución que declara parcialmente procedente el incidente de disminución de pensión, modifica la medida provisional (antes de 25% ahora de 20%) y declara que deberá continuar ministrando al menor quejoso los alimentos equivalente al 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones que revive el deudor alimentario. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 840/2017-V, se desprende que la parte quejosa exhibió copia certificada del acta de nacimiento del menor Ángel David Ramírez Sánchez y, la Sala responsable copia certificada de la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete dictada en el toca civil 894/2016-5. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En principio, hay que destacar que en el caso concreto, los actos reclamados inciden en la esfera jurídica del menor Ángel David Ramírez Sánchez, pues tiene como consecuencia, la afectación a la pensión alimenticia que recibe -salvo prueba en contrario- de parte de Luis Ángel Ramírez Saavedra. Ya que están de por medio los derechos de un menor, al resolver sobre la suspensión del acto, este juzgador debe atender al interés superior del menor. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. En el sistema jurídico mexicano, la salvaguarda del concepto interés superior del menor es prioritaria y se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, lo que implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones que involucren menores, deben realizarse de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo de aquéllos. Son aplicables estas tesis: Tesis: I.5o.C. J/16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 162562 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Pág. 2188 Jurisprudencia(Civil) Tomo XXXIII, Marzo de 2011 INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Tesis: I.5o.C. J/15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 162561 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Pág. 2188 Jurisprudencia(Civil) Tomo XXXIII, Marzo de 2011 INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. Tesis: I.5o.C. J/14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 162563 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Pág. 2187 Jurisprudencia(Civil) Tomo XXXIII, Marzo de 2011 INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos. Ahora, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran estos requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, tenemos que una de las exigencias que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social, inclusive, el artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad para negar la suspensión del acto reclamado, cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En síntesis, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD.", y en la tesis de jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; así tenemos que el tribunal, indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. Como se dijo, los actos reclamados inciden en los alimentos. El artículo 129 de la Ley de Amparo, prevé un catálogo de supuestos (enunciativo más no limitativo) en los que el otorgamiento de la suspensión del acto, causa perjuicio al interés social o contraviene disposiciones de orden público. De acuerdo con la fracción IX del invocado artículo 129, la suspensión no puede otorgarse cuando tenga como consecuencia impedir el pago de alimentos, ya que éstos revisten un orden público, en la medida que sustentan al acreedor alimentario, pues le permiten satisfacer sus necesidades de comida, vestido, habitación, asistencia médica y educación, entre otras. Por tanto, es inconcuso que negar la suspensión provisional, contravendría disposiciones de orden público y atentaría contra el interés superior del menor, de modo que debe concederse, para salvaguardar ambas instituciones jurídicas. Por regla general, la suspensión no puede tener efectos restitutorios, porque tal efecto es propio de la sentencia que dirime el fondo del negocio, sin embargo, el artículo 131 de la Ley de Amparo permite que la suspensión tenga efectos, siempre que el derecho vulnerado exista antes de la presentación de la demanda. A mayor abundamiento, la suspensión puede concederse con efectos de decisión final, en aras de una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y evite actos de imposible o difícil reparación al quejoso. Bajo ese contexto, se precisa el alcance de la suspensión provisional. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Con fundamento en los artículos 128, 136, 138, 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado para estos efectos: Que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute, únicamente en lo que a la controversia del orden familiar 302/2010 se refiere, mandato alguno que afecte la pensión alimenticia a cargo de Luis Ángel Ramírez Saavedra, en favor del menor Ángel David Ramírez Sánchez, esto es, que no disminuya la pensión ni tampoco la suspenda temporalmente. La situación jurídica que crea esta medida provisional, debe prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo que se dicte en el juicio principal 840/2017-V. GARANTÍA. Sin que proceda fijar la exhibición de garantía como requisito de efectividad de la presente medida cautelar, pues la institución de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor, o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que viva con decoro y pueda atender a sus necesidades sin que en todos los casos puedan limitarse a aquellas consideradas como apremiantes o vitales para su subsistencia, ya que debe ser suficiente para que el acreedor se desenvuelva en el status acostumbrado; en consecuencia, la exigencia de una medida de efectividad a fin de que surta efectos la suspensión no opera como una regla general en todos los casos relacionados con el otorgamiento de alimentos, puesto que debe atenderse a las circunstancias particulares del caso que se analiza, ya que exigirla siempre podría hacer nugatorio el efecto de la medida; máxime que en este momento procesal no es posible determinar si la quejosa cuenta con algún medio de ingresos que le permita prescindir de la pensión. Al respecto, cobran aplicación la tesis aislada I.3o.C.12 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de dos mil doce, Décima Época, registro 2000679, de rubro "SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL PAGO DE ALIMENTOS. LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA DEBE PONDERARSE EN CADA CASO." y la jurisprudencia 1a./J.53/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por JANIS MARLENNE SÁNCHEZ MORENO por su propio derecho y en representación de su menor hijo Ángel David Ramírez Sánchez,, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe previo que rinde: La Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE..
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Janis Marlenne Sánchez Moreno, por virtud del cual en cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado en auto de primero de junio del año en curso, desahoga el mismo, el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar; en relatadas consideraciones provéase lo que a derecho corresponda: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda de amparo, promovida por JANIS MARLENNE SÁNCHEZ MORENO, por su propio derecho y, en representación del menor Ángel David Ramírez Sánchez, contra actos de la PRIMERA SALA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS y JUEZ SÉPTIMO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCECIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a éste tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que refiere, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado en la presente contienda constitucional a Luis Ángel Ramírez Saavedra, parte demandada en el juicio natural. Por conducto de uno de los Actuarios adscritos, emplácese a la parte tercero interesado Luis Ángel Ramírez Saavedra, en el domicilio ubicado en Marquelia, Número 5, colonia Ampliación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca, Morelos; corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, para que si a sus intereses conviene comparezca al presente juicio de garantías, haciéndoles de su conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional (once horas con cincuenta y cinco minutos del doce de julio de dos mil diecisiete); requiriéndole para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes al mismo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las ulteriores, incluidas las de carácter personal le serán practicadas por medio de lista que fija en los estrados del local de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, a efecto de no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para el cumplimiento de dicho emplazamiento. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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