Janis Marie Mac Donald
Expediente 982/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Janis Marie Mac Donald
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. CAUSA ESTADO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214, de la ley de amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo, el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea, firmada mediante FIREL, por ***, contra los actos que reclama del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, y otras autoridades, que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagradas en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno y asígnesele el número 982/2017-II.1, atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente con una impresión de la demanda y de sus anexos, relacionándose en el sistema y, procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Una vez analizada en su integridad la demanda, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, el diverso numeral 61 fracción XII, del cuerpo de leyes invocado es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: III. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Asimismo, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, dispone: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En concordancia a la anterior disposición, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la interpretación de los numerales transcritos se desprende que para promover el juicio de amparo, es condición indispensable que la parte que resienta una lesión a sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas que el acto autoritario afecta su esfera de derechos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que es necesario, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado transgreda un derecho sustantivo consagrado en la Constitución General a favor de la parte quejosa, lo cual refleja que el interés jurídico para ocurrir al amparo sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o el acto que estimen violatorios de sus derechos, pues el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo. Lo anterior implica que para que surja el derecho de un justiciable para solicitar el amparo en contra de un acto de autoridad, es necesario que se individualice el efecto de la misma, en aquel que lo promueve. En el caso, para exponer el significado y diferencia del interés jurídico e interés legítimo para la procedencia del Juicio de Amparo en materia Civil, conviene citar la Tesis I.13o.C.12 C (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Civil, página 2040, que dispone: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. Se tiene pues que, interés legítimo, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5°, preceptúa que el primero (jurídico) consiste en un derecho subjetivo y el segundo (legítimo) se refiere a una situación frente al orden jurídico. Expuesta la diferencia entre los conceptos de interés jurídico y legítimo para la procedencia del juicio de amparo, se procederá a demostrar porque se actualiza la causa de improcedencia en análisis. En el caso, debe precisarse que la demandante constitucional NO acredita tener interés jurídico ni legítimo para la promoción del juicio de amparo indirecto, incluso, de manera evidente e indudable se obtiene que tampoco podría acreditarlo en el supuesto de admitir y dar trámite a la demanda de amparo, atento a las consideraciones siguientes: Como se asentó en la cuenta, la demanda de amparo que nos ocupa se presentó en línea, y una vez que se accedió al archivo digital, se evidenciaron los datos respectivos que arroja el Sistema de Computo SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), específicamente en el Apartado Oficialía de Partes, sub-inciso Demanda Electrónica, obteniéndose que la referida demanda, fue firmada mediante FIREL por ***. Enseguida, analizada la demanda de amparo se obtiene que la misma se encuentra a nombre ***. Se obtiene además de la lectura de la demanda que se señaló como autoridades responsables entre otras, al director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a quienes reclama la omisión de emitir y notificar el título de concesión derivado de la resolución con número de oficio BOO.E.52.1.1/000478 de fecha veintiuno de enero de dos mil once, derivada de la solicitud con expediente GUA-L-2125-16-12-10-S, así como la omisión de registrar el título de concesión. Precisión que se considera indispensable anotar para poner en evidencia que la demanda de amparo que nos ocupa si bien se promueve en beneficio de ***, sin embargo como ya se anotó, fue firmada mediante FIREL por ***, a quien se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, por lo que carece de representación de dicha quejosa para instaurar la acción constitucional en su favor. Fijado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que ***, quien con su firma FIREL promovió la demanda de amparo que nos ocupa, carece de interés alguno para solicitar el amparo y protección de la justicia federal en favor de ***. Al respecto, es de indicarse que precisamente con motivo de la obtención y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se publicaron las políticas respectivas aprobadas el diez de julio de dos mil catorce, documento en el que en su punto 6, denominado Procedimientos del ciclo de vida del certificado digital de la FIREL para usuarios finales, apartado 6.1 relativo a las Personas que pueden solicitar un certificado digital de la FIREL, expresamente se dispuso: Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos del PJF, en la inteligencia de que sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas. Entonces, si expresamente el documento que determinó las políticas de obtención y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación mencionado, permite a toda persona física obtener la FIREL, con independencia de que sea representante de una persona física, no existe por tanto limitante en el caso para que ***, obtenga su Firma Electrónica Certificada. Por todo lo hasta ahora evidenciado, resulta indudable que ***, quien con su FIREL promovió la demanda de amparo que nos ocupa, al momento de la presentación de la misma, que lo fue el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, carece de interés alguno para instaurar la acción constitucional en favor de ***. Por su puntual aplicación al motivo de desechamiento de la demanda de a amparo, se cita la tesis III.4o.T.14 K (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Materia Común, página 2361 del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica FIREL; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital FIREL, por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***. En la inteligencia de que la tesis invocada es aplicable conforme al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Toda vez que la promovente indica una dirección de correo electrónico y la misma se ha verificado por esta secretaría que se encuentra dada de alta en el Sistema de Computo SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para tal efecto se anexa copia simple del reporte de autorizados para consultar Expediente Electrónico. Por tanto, a efecto de evitar una dualidad o duplicidad de la notificación, únicamente se tiene la dirección de correo como aquella en la que se efectúan las notificaciones aún las de carácter personal. Asimismo, se tiene como autorizados de la promovente ***, a la licenciada ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en caso de que así fuera necesario, atento a la modalidad en que se promovió la demanda de amparo.
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