Janice Yamileth Muñoz Hernández

Expediente 737/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
737/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Janice Yamileth Muñoz Hernández
  • Janice Yamileth Muñoz Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágas|e constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintiuno. I. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por ******, por medio del cual da cumple al requerimiento formulado en auto de quince de julio del actual; Por lo que se provee: Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente precisar que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que una vez analizada la demanda de amparo y escrito aclaratorio de que se trata, se desprende que la parte quejosa, reclama: La audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral 516/2020 (3), del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante la cual se ordena suspensión del juicio en lo principal, con motivo de la tramitación del incidente de nulidad de notificación promovido por la parte demandada, el cual se ordenó tramitar vía incidental. Esto es así, ya que el escrito aclaratorio la parte quejosa precisa como su acto reclamado "el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno que se reclama, consistió en LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN". Sin que se inadvierta que en su demanda de amparo se refiera que el actuar de la responsable se traduce en una omisión y denegación de justicia, empero de la lectura de la demanda de amparo se advierte que dicha dilación y omisión la hace depender de la inadmisión de un incidente que la parte quejosa considera es improcedente y con la admisión del mismo se retrasa el juicio, empero se estima no reclama la omisión de la junta de dictar medidas eficaces para lograr la continuación del juicio ante una total omisión de proveer en el juicio, sino como la consecuencia de la admisión de un incidente que insístase la parte quejosa considera resulta improcedente. Una vez precisado lo anterior, se estima que se surte la causa de improcedencia relativa a que las determinaciones combatidas en esta vía constitucional únicamente afectan derechos procesales, no así sustantivos; violaciones que se consideran no son de imposible reparación. Tal improcedencia se encuentra prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos legales de la Ley de Amparo, dispositivos legales que a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis LXXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 373, Tomo IX, junio de 1999, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Por otra parte, el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Las reflexiones precedentes se sustentan en la jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Esto es, en la legislación vigente el órgano legislativo no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, cuándo se produce una afectación irreparable, sino que fue específico al señalar qué debe entenderse por esa cuestión jurídica, precisamente en los términos que fueron destacados con antelación. Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material, debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Una vez establecido lo anterior, resulta importante iterar que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a inconformarse de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral 516/2020 (3), del índice de la responsable, mediante la cual se ordena suspensión del juicio en lo principal, con motivo del incidente de nulidad de notificación promovido por la parte demandada, y se ordena tramitar vía incidental. Ahora bien, para explicar porque surte efectos la causa de improcedencia referida es pertinente precisar algunos de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, los cuales fueron expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte promovente. Así, se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio laboral instaurado el once de marzo de dos mil veinte, radicado bajo el número 516/2020 (3), de índice de la Junta responsable, en dicho juicio se señaló el nueve de julio de este año, para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, la cual fue suspendida en el desarrollo de la misma, pues la parte demandada promovió incidente de nulidad de notificaciones, presentados en la oficialía de partes; sin embargo, la quejosa refiere comparecieron todas las partes en la audiencia por conducto de sus apoderados; por lo que, la parte demandada se encuentra emplazada en el juicio natural. Además, aduce que la junta responsable debió darle vista con los escritos mediante los cuales se promueve el incidente de nulidad de notificaciones, lo cual no hizo, pues en su lugar se ordenó la suspensión de la audiencia, sin resolver el incidente planteado en audiencia. Lo anterior, se considera constituye un acto que no afecta de manera cierta, directa e inmediata algún derecho fundamental tutelado por la Constitución, y por ende, no son de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se estima el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso al juicio de amparo indirecto, precisamente porque no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento natural, sin que implique por sí la privación de un derecho, pues en la audiencia que aquí se reclama si bien se ordenó la suspensión del juicio en lo principal, es para dar lugar al trámite vía incidental de nulidad de notificación promovido por la parte demandada. Por lo que, la misma se trata de una actuación dictada dentro del juicio, en el que aún no se ha dictado laudo, por lo que dicha determinación, no implica la privación de un derecho, ya que las consecuencias finales solamente serán apreciables hasta que se conozca el sentido de la resolución que decida en el referido juicio. Lo anterior es así, pues el acto reclamado podrá impugnar esa irregularidad en el juicio de amparo directo que promueva en contra del laudo que se emita, alegando la existencia de una violación a las leyes del procedimiento, sin prejuzgar, acorde con el artículo 172, fracciones III, IV y XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el acto que reclama es un acto intraprocesal o intermedio, pues el mismo fue dictado dentro del juicio, por lo que se estima que dicha audiencia no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa. De ahí que, se estime el acto reclamado en el presente juicio de amparo no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; razón por la que tal acto no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, no originan afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a sentido contrario; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Janice Yamileth Muñoz Hernández y Cruz del Carmen Hernández Hernández, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez. Lo anterior, toda vez que incluso de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en la página 921, Julio de 2006, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Así como, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) , visible en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" X. CUESTIONES PREVISTAS EN AUTO INCIAL. Por otra parte, se precisa que en relación al domicilio para oír y recibir notificaciones, exhorto para la promoción del juicio en línea, la habilitación de días y horas inhábiles, la ley de transparencia y la gratuidad del servicio, se proveyó lo relativo en el citado auto de quince de julio del corriente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintiuno. I. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por ******, por medio del cual da cumple al requerimiento formulado en auto de quince de julio del actual; Por lo que se provee: Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente precisar que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que una vez analizada la demanda de amparo y escrito aclaratorio de que se trata, se desprende que la parte quejosa, reclama: La audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral 516/2020 (3), del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante la cual se ordena suspensión del juicio en lo principal, con motivo de la tramitación del incidente de nulidad de notificación promovido por la parte demandada, el cual se ordenó tramitar vía incidental. Esto es así, ya que el escrito aclaratorio la parte quejosa precisa como su acto reclamado "el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno que se reclama, consistió en LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN". Sin que se inadvierta que en su demanda de amparo se refiera que el actuar de la responsable se traduce en una omisión y denegación de justicia, empero de la lectura de la demanda de amparo se advierte que dicha dilación y omisión la hace depender de la inadmisión de un incidente que la parte quejosa considera es improcedente y con la admisión del mismo se retrasa el juicio, empero se estima no reclama la omisión de la junta de dictar medidas eficaces para lograr la continuación del juicio ante una total omisión de proveer en el juicio, sino como la consecuencia de la admisión de un incidente que insístase la parte quejosa considera resulta improcedente. Una vez precisado lo anterior, se estima que se surte la causa de improcedencia relativa a que las determinaciones combatidas en esta vía constitucional únicamente afectan derechos procesales, no así sustantivos; violaciones que se consideran no son de imposible reparación. Tal improcedencia se encuentra prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos legales de la Ley de Amparo, dispositivos legales que a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis LXXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 373, Tomo IX, junio de 1999, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Por otra parte, el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Las reflexiones precedentes se sustentan en la jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Esto es, en la legislación vigente el órgano legislativo no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, cuándo se produce una afectación irreparable, sino que fue específico al señalar qué debe entenderse por esa cuestión jurídica, precisamente en los términos que fueron destacados con antelación. Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material, debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Una vez establecido lo anterior, resulta importante iterar que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a inconformarse de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral 516/2020 (3), del índice de la responsable, mediante la cual se ordena suspensión del juicio en lo principal, con motivo del incidente de nulidad de notificación promovido por la parte demandada, y se ordena tramitar vía incidental. Ahora bien, para explicar porque surte efectos la causa de improcedencia referida es pertinente precisar algunos de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, los cuales fueron expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte promovente. Así, se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio laboral instaurado el once de marzo de dos mil veinte, radicado bajo el número 516/2020 (3), de índice de la Junta responsable, en dicho juicio se señaló el nueve de julio de este año, para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, la cual fue suspendida en el desarrollo de la misma, pues la parte demandada promovió incidente de nulidad de notificaciones, presentados en la oficialía de partes; sin embargo, la quejosa refiere comparecieron todas las partes en la audiencia por conducto de sus apoderados; por lo que, la parte demandada se encuentra emplazada en el juicio natural. Además, aduce que la junta responsable debió darle vista con los escritos mediante los cuales se promueve el incidente de nulidad de notificaciones, lo cual no hizo, pues en su lugar se ordenó la suspensión de la audiencia, sin resolver el incidente planteado en audiencia. Lo anterior, se considera constituye un acto que no afecta de manera cierta, directa e inmediata algún derecho fundamental tutelado por la Constitución, y por ende, no son de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se estima el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso al juicio de amparo indirecto, precisamente porque no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento natural, sin que implique por sí la privación de un derecho, pues en la audiencia que aquí se reclama si bien se ordenó la suspensión del juicio en lo principal, es para dar lugar al trámite vía incidental de nulidad de notificación promovido por la parte demandada. Por lo que, la misma se trata de una actuación dictada dentro del juicio, en el que aún no se ha dictado laudo, por lo que dicha determinación, no implica la privación de un derecho, ya que las consecuencias finales solamente serán apreciables hasta que se conozca el sentido de la resolución que decida en el referido juicio. Lo anterior es así, pues el acto reclamado podrá impugnar esa irregularidad en el juicio de amparo directo que promueva en contra del laudo que se emita, alegando la existencia de una violación a las leyes del procedimiento, sin prejuzgar, acorde con el artículo 172, fracciones III, IV y XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el acto que reclama es un acto intraprocesal o intermedio, pues el mismo fue dictado dentro del juicio, por lo que se estima que dicha audiencia no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa. De ahí que, se estime el acto reclamado en el presente juicio de amparo no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; razón por la que tal acto no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, no originan afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a sentido contrario; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Janice Yamileth Muñoz Hernández y Cruz del Carmen Hernández Hernández, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez. Lo anterior, toda vez que incluso de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en la página 921, Julio de 2006, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Así como, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) , visible en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" X. CUESTIONES PREVISTAS EN AUTO INCIAL. Por otra parte, se precisa que en relación al domicilio para oír y recibir notificaciones, exhorto para la promoción del juicio en línea, la habilitación de días y horas inhábiles, la ley de transparencia y la gratuidad del servicio, se proveyó lo relativo en el citado auto de quince de julio del corriente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueven *******, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 737/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Representante común de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a la primera de los nombrados, sin perjuicio de que posteriormente, puedan realizar una diversa designación. Prevención. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación". "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado". En tales condiciones, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda que se intenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracciones IV y V y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare el acto reclamado que señaló como "el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, por la omisión de suspender la audiencia de ley y dictar resolución". Esto es, especifique en que consistió de forma concreta el acuerdo reclamado, sin introducir argumentos de lo que a su consideración debió realizar la autoridad responsable o estimaciones de las violaciones en que incurrió, pues ello debe patentizarlo en el capítulo de conceptos de violación; lo anterior, a efecto de tener certeza de la naturaleza y objeto de lo reclamado. 2. Amplié el capítulo de antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, en el que indique si la suspensión decretada en la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, prueba y resolución a que hace referencia, es el mismo acto al que destaca como auto de nueve de julio de este año, o es diverso. En caso, de ser diverso indiqué si dicha audiencia la señala como acto reclamado. Esto es así, pues gran parte de sus argumentos se encuentran encaminados a demostrar la violación en que incurrió la responsable al iniciar dicha audiencia y después suspenderla; sin embargo, al señalar el acto que en concreto reclama indica un acuerdo de la misma fecha (nueve de julio del actual), lo que genera incertidumbre si se trata del mismo acto o uno diverso. De ser posible, sin que esto implique una obligación, transcriba la parte considerativa del acuerdo reclamado. 3. Indique si contra los actos reclamados ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, expresar qué órgano jurisdiccional conoce de dicho controvertido constitucional y el número de expediente. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Exhorto para la promoción de juicio en línea. Tomando en consideración que el presente asunto, fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que indica en la demanda de amparo Ahora, respecto de la solicitud de que se autoricen como medios para recibir notificaciones, el correo electrónico y número telefónico que para tal efecto indica en la demanda de amparo que nos ocupa; al efecto se provee: Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el correo electrónico joseeeblasss@hotmail.com, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no prevé la práctica de notificaciones por dicho medio de comunicación. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporar. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Ley de transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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