Janey Prieto Cabrera

Expediente 1054/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1054/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/08/2019

Partes del expediente

  • Janey Prieto Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la comunicación de la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por medio de la cual informa tuvo por recibido el expediente 1946/2019 del índice de este juzgado, y que aceptó el returno planteado y se avocó al conocimiento de este asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio firmado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, que contiene el acuerdo de veinticinco de julio de esta anualidad, en el que el titular de ese órgano de control constitucional determinó remitir el juicio de amparo indirecto *****, por las razones ahí expuestas, al que adjunta el original del citado sumario, que contiene la demanda de amparo promovida por ***** en representación de ***** contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 2. Titular de la Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. 3. Director de la Estación Migratoria en Tapachula, estado de Chiapas del Instituto Nacional de Migración y/o Director de la Estación Migratoria siglo XXI en Tapachula, estado de Chiapas del Instituto Nacional de Migración. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1054/2019-V. INCOMPETENCIA. Ahora, del acuerdo de veinticinco de julio del año en curso, emitido por el juez homologo se tiene que resolvió returnar el juicio de amparo de que se trata, por existir un antecedente que hace procedente su vinculación, con el diverso 998/2019-VI de este juzgado. Sin embargo, una vez analizado el libelo del amparo, y con apoyo en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, éste órgano jurisdiccional, respetuosamente no acepta la competencia planteada por la homólogo federal declinante, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de la materia, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éste órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. Entonces, atendiendo a lo anterior es necesario considerar lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, la quejosa, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo, la ilegal detención, la orden permanecer indefinidamente y por más de treinta y seis horas en la estación migratoria, la deportación, la restricción a la quejosa de transitar libremente por el país y la negación de acceso a la justicia para regularizar su legal estancia; asimismo, se advierte que la quejosa *****, actualmente se encuentra detenida en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Estado de Chiapas del Instituto Nacional de Migración; lo cual dichos actos materialicen lo antes expuesto; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Aunado a que se destaca también que la totalidad de las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, aún a las que se atribuye la ejecución de los actos reclamados, esto es, el Director de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Estado de Chiapas del Instituto Nacional de Migración, tienen su domicilio en Tapachula de Córdova y Ordoñez, y no en esta ciudad, además como ya se dijo dicha quejosa esta internada en el referido centro migratorio. No obstante, que el veintidós de julio del presente año, se recibió la demanda de amparo promovida por la misma quejosa *****la cual fue registrada con el 998/2019 del índice este órgano jurisdiccional; sin embargo en auto de cinco de agosto del presente año, se tuvo por presentada. Concatenando lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, del Estado de Chiapas, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional atento que la quejosa no señaló autoridad ejecutora alguna residente en esta ciudad y que los actos que reclama tiene ejecución en el lugar de su residencia, esto es, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En ese orden, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordoñez, que es el lugar en que las autoridades responsables tienen su residencia, igual que la aquí quejosa y será en donde se ejecute o deba ejecutarse el acto reclamado. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, la competencia para conocer de este asunto, corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordoñez, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena devolver de inmediato este expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a quien se estima competente, pues se reitera, el lugar en donde se van a ejecutar los actos que se reclaman (Tapachula de Córdova y Ordoñez) pertenece a su jurisdicción territorial; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Ilustra lo anterior, la tesis aislada, sustentada por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en el volumen 217-228, Séptima Parte, página 88, Séptima Época, registro 245025, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en el volumen 199-204, cuarta parte pagina 12 Séptima Época, registro 240065, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Sin que en el caso se ordene notificar de manera personal a la parte quejosa, en virtud de que este juzgado no acepta la competencia planteada y será la Juez declinante quien hará de su conocimiento el acuerdo que recaiga al emitido por este órgano de control constitucional. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. COMPENSACIÓN Y ESTADÍSTICA Finalmente, para efectos de compensación y estadística, y se equilibre la carga de trabajo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el ingreso de esta demanda. Notifíquese.

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