Janeth Milagros Vilchez Escobar

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Janeth Milagros Vilchez Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II.."Ciudad del Carmen Campeche, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio *** del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve el exhorto *** (número de orden ***), de nuestro índice, derivado de este juicio de amparo, del que se advierte que obra razón actuarial de imposibilidad de notificación en la cual el actuario del órgano exhortado manifiesta las razones por las que no pudo llevar a cabo la notificación de la quejosa ****, así como la entrega del oficio ***, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional del Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Terminal 1. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. Agréguese a los autos el oficio *** signado por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa ****, la cual radicó bajo el juicio de amparo ***. Toda vez que el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por tanto, con copia que se deje en autos del presente cuaderno de antecedentes, mediante oficio que al efecto se gire, remítase la promoción con número de registro ***, al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Briones Acosta en representación de ***, de nacionalidad Peruana, contra actos del Subrepresentante Federal de la Terminal 1 del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras autoridades, radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. En primer lugar, debe precisarse que este órgano jurisdiccional parte del criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio de la quejosa, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional consistentes en las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que por extensión, tampoco pueden aplicarse en perjuicio de ningún extranjero. En otro sentido, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar, cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejosa daños de idéntica magnitud. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. En concordancia con lo anterior, el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros actos, contra la deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición del territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. En el caso de estudio, debe considerarse que, atentos los hechos narrados en la demanda de amparo, se desprende que la quejosa es *****. Con base en lo anterior, es factible arribar a que el hecho generador que motivó la acción constitucional, es la situación irregular de la persona extranjera en territorio nacional, que trajo como consecuencia que se le privara de su libertad como medida de aseguramiento con motivo del procedimiento migratorio y que derivado de ello, eventualmente, se le pudiera deportar a su país de origen; actos que evidentemente se encuentran vinculados, por lo que debe observarse la continencia de la causa. Sumado lo anterior, conforme al principio pro persona, que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos de una protección especial. En consecuencia, este órgano jurisdiccional determina que cuando una persona en calidad de migrante, solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, el Juez de Distrito debe resolver tales actos de modo conjunto, al resolver sobre la suspensión de plano. En otro orden de ideas, en este punto corresponde discernir si es facultad del Juez de Distrito fijar los requisitos para que surta sus efectos la suspensión o ello está reservado a la autoridad migratoria. Para determinar lo anterior es pertinente citar los artículos 99 a 102 y 144 de la Ley de Migración: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. "La presentación de extranjeros adultos es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. Artículo 101. Una vez emitido acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el instituto sin serio: IV. Cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública: Proporcione información falsa exhiba ante el instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el instituto. En todos estos casos, el instituto determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía pública, la deportación será definitiva. De la lectura de los numerales de la Ley de Migración se puede extraer que la presentación de extranjeros es la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es decir, el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. El acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración. También se dispone que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, éste podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de encontrarse disponible para su apersonamiento a la estación migratoria correspondiente, cuando así le sea requerido, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Igualmente está previsto que en tanto se dicte resolución definitiva, el extranjero podrá otorgar las garantías monetarias y fiduciarias establecidas en términos de dicha ley. Ahora bien, en este punto se debe invocar los artículos 138, 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo. "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguientes: I. Concederá o negara la suspensión provisional: en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en motivado acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenara que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. "Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la interpretación correlacionada del articulado transcrito de ambos ordenamientos puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y solo estará justificada por motivos extraordinarios, con fundamento jurídico y claro y establecido en la ley. Así se toma en cuenta que de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de la quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, inicialmente debería ser que el extranjero quede a disposición de la autoridad judicial en el lugar en donde estuviera internado, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional. Empero, conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. Debe aunarse a lo expuesto, que el artículo 138 de la Ley de Amparo, establece que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional concederá o negará la suspensión provisional y en el caso de que la otorgue, fijará los requisitos y efectos de la medida. De ese modo, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal, respecto del cual proceda la suspensión provisional, corresponde al Juez de amparo decretar esa medida y ordenar la libertad de los quejosos; asimismo establecer los requisitos para que surta sus efectos, proveyéndose en cada caso las medidas idóneas para que el quejosa pueda continuar con su trámite migratorio y no quede sin materia el juicio de amparo conforme lo establece el numeral 139 de la ley de la materia. Consecuentemente, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame el alojamiento excesivo y solicite la libertad, debe ser el juzgador de amparo quien la conceda en términos de los artículos 138, fracción I, y 164 de la Ley de Amparo, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiera a la suspensión provisional; lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad de la quejosa, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad del diverso consistente en la deportación de los quejosos, por lo que deberá fijar las garantías tomando como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. En específico, se considera que se deben imponer las medidas previstas en los incisos b) al d) de dicho numeral, consistentes en: "b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana." La exclusión de la medida prevista en el inciso a), del artículo en comento, consistente en la exhibición de una garantía, obedece a la finalidad de armonizar la Ley migratoria con la Ley de Amparo, pues en esta última, la caución sólo se prevé para procedimientos penales, en términos de su numeral 168. Por tanto, dicha determinación es la que resulta procedente al encontrar sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, en el que se dispone que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en la cual quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecerse condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional continúe surtiendo efecto. Cabe aclarar que la medida cautelar no debe surtir efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la promovente, como podría ser la comisión de un delito o provenir de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo; o bien que se trate del resultado de un procedimiento en el que ya se haya definido la situación migratoria de la directo agraviada. Obviamente, tal medida cautelar únicamente surtirá efecto de no haberse ejecutado la deportación, pues no podría tener efectos restitutorios retroactivos; y asimismo, al ser de orden público, la suspensión de oficio y de plano concedida no podrá paralizar o suspender el procedimiento administrativo o migratorio que al efecto se instruya a la directo agraviada. Además, la medida suspensional también deberá tener el efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de realizar cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. De ser el caso y que la quejosa hubiese cometido algún delito, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, entonces procede requerir a la autoridad responsable para que sin demora la ponga a disposición del Agente de Ministerio Público que corresponda, y para que dentro del término de cuarenta y ocho horas contado a partir de la detención, o un plazo de noventa y seis horas a partir de la detención, tratándose de delincuencia organizada, la quejosa sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. En consecuencia, procede conceder la suspensión de plano y de oficio para que cesen de inmediato los actos de los que resulta objeto la directa quejosa y sea puesta en libertad. Para ello, deberán cumplir con las medidas señaladas en los incisos b) al d), del artículo 102 de la Ley Nacional de Migración, consistentes en establecer ante la autoridad responsable que sigue el procedimiento administrativo correspondiente, el domicilio o lugar en el que permanecerá; no ausentarse del mismo sin su previa autorización y presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana lo que implica que deberá encontrarse disponible para su apersonamiento a la estación migratoria correspondiente, cuando así sea requerido, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo para el caso de no cumplir con lo anterior, la medida cautelar otorgada quedará sin efecto. En cuanto a la primera de las medidas, cabe precisar que la quejosa contará con un plazo de diez días, contado a partir de que recobre su libertad, para que señale el lugar en el que permanecerá, el cual deberá ubicarse dentro de la jurisdicción de la autoridad responsable. Por lo que una vez satisfecho o insatisfecho lo anterior, la autoridad responsable en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que culmine el referido plazo de diez días naturales, habrá de informarlo a este órgano jurisdiccional. Además, la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o provenir de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo o que se trate del resultado de un procedimiento en el que se haya definido la situación migratoria de la directa agraviada; en la inteligencia de que la medida cautelar únicamente surtirá efecto de no haberse ejecutado la deportación. Asimismo, al ser de orden público, la suspensión de oficio y de plano concedida no podrá paralizar o suspender el procedimiento administrativo o migratorio que al efecto se instruya a la directa agraviada. Además, la medida suspensional también deberá tener el efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de realizar cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal; y para el caso de que la directa agraviada hubiera cometido algún delito, entonces procederá requerir a la autoridad responsable para que sin demora, los pongan a disposición del Agente de Ministerio Público que corresponda, y para que dentro del término de cuarenta y ocho horas contado a partir de la detención, o un plazo de noventa y seis horas a partir de la detención, tratándose de delincuencia organizada, la quejosa sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades responsables por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables a que cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. INCOMPETENCIA. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establece tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que se señalan como actos reclamados la orden de detención, deportación, expulsión, incomunicación y traslado. Asimismo, la quejosa se encuentra detenida en el ****, de tal manera, se surte el supuesto de competencia, por razón de territorio, prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo es el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, cuya jurisdicción se encuentra detenida la quejosa, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numerales tercero y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo, y la declina a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, en turno. En consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común solicitándole atentamente al juez declinado, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DIRECTA Toda vez que la quejosa se encuentra recluida en la *****, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, gírese exhorto al Juez de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario judicial de su adscripción se constituya en dicho lugar y notifique el presente auto a la parte quejosa, entregándole copia autorizada del mismo, asimismo realice lo siguiente: 1. Faculte al fedatario judicial a fin de que de fe del lugar y de las condiciones físicas visibles en la que esté la quejosa y de todas aquellas circunstancias transcendentes en relación a la privación de la libertad, incomunicación, penas inusitadas y trascendentales y deportación o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se generen durante el desarrollo de la diligencia encomendada, es decir, si dicha persona estuviera o está incomunicada. 2. El fedatario encomendado a la presente diligencia deberá requerir al encargado o responsable de dichas oficinas a efecto de que le brinde todas las facilidades para que verifique si se encuentra en ese lugar la quejosa. 3. Se faculte al actuario judicial para que en el supuesto de que al acudir a notificar a la quejosa el presente proveído, esta hubiera sido puesta a disposición de una autoridad distinta de las señaladas en el presente acuerdo, se constituya en el lugar en que se encuentre la mismo para hacerle saber la suspensión de plano concedida en su favor. 4. El Actuario Judicial deberá entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable. En el entendido que el Actuario Judicial comisionado deberá recabar de la autoridad, la constancia respectiva, la cual deberá contener lo siguiente: sello, fecha, nombre de quien recibe, cargo y firma, que permitan identificar que fue entregado a su destinatario. Asimismo, en caso de negarse la autoridad responsable a recibir dicho oficio, deberá apercibirla, que se tendrá por hecha la notificación que el mismo contiene, de conformidad a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LAS PROMOVENTES. Como lo solicitan los quejosos, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 55, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "lic666". DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener las direcciones de correo electrónico que proporcionan el promovente, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, respectivamente. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por exhorto a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe

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