Janeth Matlalcoat Paredes

Expediente 1068/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1068/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Janeth Matlalcoat Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Se ordena archivo y destrucción. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Paul Matlalcoatl Paredes, en representación de Janeth Matlalcoatl Paredes; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Ratifica demanda Vista la diligencia de cuenta realizada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado ordenada en auto de diecisiete de septiembre del año en curso, por medio de la cual hace constar que se constituyó en el domicilio ubicado en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en donde dio fe de la integridad física de la quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, y le requirió para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su nombre, a lo que expresó que sí la ratifica. Informe sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno de la Unidad de Investigación con Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano Asimismo, téngasele remitiendo copia auténtica de la carpeta de investigación C.I. UITLAXD-3/444/2022, de la que se advierte el oficio 11544/2022, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito, mediante el cual decreta la libertad de la aquí directa quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes. Acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal. 2) incomunicación, traducido en el hecho de que se encuentran recluida sin que el ministerio público en turno permita entrevista con abogado particular o entrevista con familiares. 3) Negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida. 4) La detención, retención y privación ilegal de la libertad. 5) El maltrato psicológico y emocional que vulnera el principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto trato procesal y estándar de la prueba. 6) Detención ilegal, por servidores públicos que no tienen facultades de primer interviniente con facultades de seguridad pública, (policías sin facultades de seguridad pública) y su omisión de aplicar el protocolo y las leyes que rigen el sistema de seguridad pública, en la detención arbitraria de sus personas. 7) el tratamiento diferenciado, producido por un acto arbitrario de autoridad, que vulnera de forma simultanea otros derechos humanos como la libertad, trabajo, alimentación, recreación, salud física y mental; y 8) La detención ilegal de la quejosa vulnerando el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal y estándar de prueba en términos del artículo 149,140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo contenido se desprende que si la detención de la quejosa es de forma ilegal y no está justificada deben disponer de su inmediata libertad. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, respecto de los actos reclamados consistentes: en: 1) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal. 2) incomunicación, traducido en el hecho de que se encuentran recluida sin que el ministerio público en turno permita entrevista con abogado particular o entrevista con familiares. 3) Negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida. 4) La detención, retención y privación ilegal de la libertad. 5) El maltrato psicológico y emocional que vulnera el principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto trato procesal y estándar de la prueba. 6) Detención ilegal, por servidores públicos que no tienen facultades de primer interviniente con facultades de seguridad pública, (policías sin facultades de seguridad pública) y su omisión de aplicar el protocolo y las leyes que rigen el sistema de seguridad pública, en la detención arbitraria de sus personas. 7) el tratamiento diferenciado, producido por un acto arbitrario de autoridad, que vulnera de forma simultanea otros derechos humanos como la libertad, trabajo, alimentación, recreación, salud física y mental; y 8) La detención ilegal de la quejosa vulnerando el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal y estándar de prueba en términos del artículo 149,140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo contenido se desprende que si la detención de la quejosa es de forma ilegal y no está justificada deben disponer de su inmediata libertad. Se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de que produjera sus efectos, o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Así, ha determinado que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al no estar ya surtiendo sus efectos ni los surtirá, por no dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese mismo sentido, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos de los actos reclamados a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior, como se ve de la tesis con número de clave I.3o.C.92 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 1491, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así, de las constancias que remite la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno de la Unidad de Investigación con Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se advierte el oficio 11544/2022, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito, mediante el cual decreta la libertad de la aquí directa quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, lo que aconteció a las doce horas con quince minutos del dieciocho de septiembre del año en curso; por tanto, se advierte que la citada quejosa, obtuvo su inmediata libertad. Sin que sea obstáculo para este Juzgador, que la parte quejosa también señaló como acto reclamado la negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida, no obstante; de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se aprecia que en diligencia de diecisiete de septiembre del año que transcurre, le fue designado como defensor público a Israel Antonio Montiel López, quien aceptó el cargo en la misma data - diecisiete de septiembre del año que transcurre-, por lo tanto dicho acto también ha cesado. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Domicilio y autorizados. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que ratificó para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Karen Aguas Pérez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Ratifica demanda Vista la diligencia de cuenta realizada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado ordenada en auto de diecisiete de septiembre del año en curso, por medio de la cual hace constar que se constituyó en el domicilio ubicado en las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en donde dio fe de la integridad física de la quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, y le requirió para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su nombre, a lo que expresó que sí la ratifica. Informe sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno de la Unidad de Investigación con Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano Asimismo, téngasele remitiendo copia auténtica de la carpeta de investigación C.I. UITLAXD-3/444/2022, de la que se advierte el oficio 11544/2022, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito, mediante el cual decreta la libertad de la aquí directa quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes. Acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal. 2) incomunicación, traducido en el hecho de que se encuentran recluida sin que el ministerio público en turno permita entrevista con abogado particular o entrevista con familiares. 3) Negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida. 4) La detención, retención y privación ilegal de la libertad. 5) El maltrato psicológico y emocional que vulnera el principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto trato procesal y estándar de la prueba. 6) Detención ilegal, por servidores públicos que no tienen facultades de primer interviniente con facultades de seguridad pública, (policías sin facultades de seguridad pública) y su omisión de aplicar el protocolo y las leyes que rigen el sistema de seguridad pública, en la detención arbitraria de sus personas. 7) el tratamiento diferenciado, producido por un acto arbitrario de autoridad, que vulnera de forma simultanea otros derechos humanos como la libertad, trabajo, alimentación, recreación, salud física y mental; y 8) La detención ilegal de la quejosa vulnerando el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal y estándar de prueba en términos del artículo 149,140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo contenido se desprende que si la detención de la quejosa es de forma ilegal y no está justificada deben disponer de su inmediata libertad. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, respecto de los actos reclamados consistentes: en: 1) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal. 2) incomunicación, traducido en el hecho de que se encuentran recluida sin que el ministerio público en turno permita entrevista con abogado particular o entrevista con familiares. 3) Negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida. 4) La detención, retención y privación ilegal de la libertad. 5) El maltrato psicológico y emocional que vulnera el principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto trato procesal y estándar de la prueba. 6) Detención ilegal, por servidores públicos que no tienen facultades de primer interviniente con facultades de seguridad pública, (policías sin facultades de seguridad pública) y su omisión de aplicar el protocolo y las leyes que rigen el sistema de seguridad pública, en la detención arbitraria de sus personas. 7) el tratamiento diferenciado, producido por un acto arbitrario de autoridad, que vulnera de forma simultanea otros derechos humanos como la libertad, trabajo, alimentación, recreación, salud física y mental; y 8) La detención ilegal de la quejosa vulnerando el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal y estándar de prueba en términos del artículo 149,140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo contenido se desprende que si la detención de la quejosa es de forma ilegal y no está justificada deben disponer de su inmediata libertad. Se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de que produjera sus efectos, o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Así, ha determinado que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al no estar ya surtiendo sus efectos ni los surtirá, por no dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese mismo sentido, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos de los actos reclamados a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior, como se ve de la tesis con número de clave I.3o.C.92 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 1491, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así, de las constancias que remite la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno de la Unidad de Investigación con Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se advierte el oficio 11544/2022, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito, mediante el cual decreta la libertad de la aquí directa quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, lo que aconteció a las doce horas con quince minutos del dieciocho de septiembre del año en curso; por tanto, se advierte que la citada quejosa, obtuvo su inmediata libertad. Sin que sea obstáculo para este Juzgador, que la parte quejosa también señaló como acto reclamado la negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida, no obstante; de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se aprecia que en diligencia de diecisiete de septiembre del año que transcurre, le fue designado como defensor público a Israel Antonio Montiel López, quien aceptó el cargo en la misma data - diecisiete de septiembre del año que transcurre-, por lo tanto dicho acto también ha cesado. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Domicilio y autorizados. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que ratificó para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. Presentación de la demanda y radicación Vista la demanda de amparo que promueve José Paul Matlalcoatl Paredes, en representación de Janeth Matlalcoatl Paredes, contra actos del Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación desconocida donde se ordena la detención, retención, e incomunicación de la persona Janeth Matlalcoatl Paredes, titular o responsable de turno de la mesa de detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la detención, retención e incomunicación. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1068/2022. Acto reclamado Ahora bien, el promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de la quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes en: 1) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal. 2) incomunicación, traducido en el hecho de que se encuentran recluida sin que el ministerio público en turno permita entrevista con abogado particular o entrevista con familiares. 3) Negativa al acceso a la defensa técnica adecuada (abogado de su elección) de la persona detenida. 4) La detención, retención y privación ilegal de la libertad. 5) El maltrato psicológico y emocional que vulnera el principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto trato procesal y estándar de la prueba. 6) Detención ilegal, por servidores públicos que no tienen facultades de primer interviniente con facultades de seguridad pública, (policías sin facultades de seguridad pública) y su omisión de aplicar el protocolo y las leyes que rigen el sistema de seguridad pública, en la detención arbitraria de sus personas. 7) el tratamiento diferenciado, producido por un acto arbitrario de autoridad, que vulnera de forma simultanea otros derechos humanos como la libertad, trabajo, alimentación, recreación, salud física y mental; y 8) La detención ilegal de la quejosa vulnerando el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal y estándar de prueba en términos del artículo 149,140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo contenido se desprende que si la detención de la quejosa es de forma ilegal y no está justificada deben disponer de su inmediata libertad. Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano Como se indicó en párrafos que anteceden, el promovente del amparo señaló diversos actos reclamados; asimismo, solicita la suspensión de plano de todos los actos; no obstante, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente se proveerá la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en 1) la ilegal detención, 2)La incomunicación; y 3) Los maltratos psicológicos y emocionales de que es objeto la directa quejosa; que son hipótesis que encuadran en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo. Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se concede suspensión de plano por detención. Establecido lo anterior, por lo que hace al acto consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención), con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa directa Janeth Matlalcoatl Paredes la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que la autoridad responsable efectúe lo siguiente: a) Si la detención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la detención, poniendo a los quejosos en libertad o a disposición del Ministerio Público. b) Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, los quejosos deberán ser puesto en inmediata libertad. En el caso de que la quejosa ya haya sido puesta a disposición del Ministerio Público, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, es decir, para el único efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que la autoridad responsable tiene la obligación de poner a los quejosos a disposición de la autoridad judicial que estime competente dentro del término que establece la ley, o bien, dejarlos en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna, toda vez que no se tiene conocimiento ante qué autoridad se encuentra a disposición el quejoso directo, tal como se advierte de la demanda de derechos. Obligación de la autoridad responsable. Por cuanto a la privación de la libertad de los quejosos, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se encuentra obligada a velar por la integridad física, psicológica y personal de los impetrantes, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud de los mismos; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato a los quejosos a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarlos en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. GENERAL DE POBLACIÓN". Se concede suspensión de plano respecto incomunicación y maltrato psicológico. Por otra parte, de la demanda de derechos humanos se desprende que se señalan actos que se contemplan en el artículo 22 Constitucional, tales como incomunicación, maltrato psicológico y emocional. Por tanto, se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuando se reclama la incomunicación de la directa quejosa, por lo que, en ese sentido, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la incomunicación, maltrato psicológico y emocional , para el efecto de que aquella cese y se le permita la comunicación con su defensa, así como para que cese cualquier acto de los previstos en el artículo 22 constitucional, que importen peligro a la integridad del quejoso; en la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el precepto ya citado, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a la directamente quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, para el único efecto de que cese cualquier atentado hacia su persona, esto es, incomunicación, maltrato psicológico y emocional, mismos que, de acuerdo a lo manifestado por el promovente, son objeto, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, en caso de que se estén ejecutando; ello, a fin de salvaguardar sus derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y dado que resulta contrario a la condición de una vida digna en prisión, atento al contenido del artículo 18 de dicho ordenamiento legal. Plazo en el que la autoridad debe rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que la responsable deberá informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibida que de no hacerlo, podrá ser puesta a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se le apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negara la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítasele copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." Se ordena la ratificación de la demanda Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario judicial adscrito a este juzgado, para que se constituya en las instalaciones que ocupan los separos del Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación desconocida donde se ordena la detención, retención, e incomunicación de la persona Janeth Matlalcoatl Paredes, titular o responsable de turno de la mesa de detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, lugar en el que el promovente refiere que se encuentra detenido la quejosa directa Janeth Matlalcoatl Paredes, y la localice; además, en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Le notifique el presente auto. La requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, así como las personas autorizadas y el domicilio procesal proporcionado. Lo aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté recluido el agraviado la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Asimismo, requiera al quejoso ratifique el domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Domicilio y autorizados Por otro lado, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y teniendo como autorizados a Rodolfo Omar Hernández Escobar y Pedro Alonso Sánchez Reina, en términos amplios. Se de fe si el quejoso se encuentra incomunicado y de las condiciones físicas en que esté. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, el fedatario judicial deberá proceder a dar fe si la quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, está incomunicado y de las condiciones físicas en que se encuentra, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice al directamente quejoso; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso al actuario judicial a las celdas u oficinas de las corproaciones policiacas que se señalan como responsables, y en cualquier otro lugar en donde pudiera estar la quejosa directa Janeth Matlalcoatl Paredes, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar a la quejosa en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentra recluido y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Se permita acceso con su defensor De la misma manera, infórmese a la responsable que deberá de vigilar, respetar y cumplir con los derechos y las garantías que le asisten a la quejosa en su calidad de detenido, tales como que se le permita tener acceso con su defensor. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Reserva. Finalmente, este Juzgado se reserva proveer respectos de los diversos actos reclamados hasta en tanto se ratifique la demanda de cuenta o transcurra el término concedido para tal efecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Janeth Matlalcoatl Paredes, en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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