Janeth Idalia Moreno Amavizca
Expediente 118/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/01/2023
Partes del expediente
- Janeth Idalia Moreno Amavizca y Otros.
- Janeth Idalia Moreno Amavizca
- Rosa Azucena Perez Bautista
- Beatriz del Carmen Loyola Tototzintle
- Norma Olivia Bernal Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el cual comunica el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el amparo en revisión 19/2023 de su estadística, del cual se advierte que dicho tribunal colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual devuelve el oficio de agravios relativo y los autos del juicio de amparo 667/2014 del índice de este juzgado federal, de lo anterior se toma conocimiento, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que el referido tribunal colegiado determinó lo siguiente: "(.) INCOMPETENCIA. Ahora, del análisis que se realiza a las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 667/2014, del índice del Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que la parte recurrente impugna la sentencia dictada en la audiencia constitucional de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada en cumplimiento a la ejecutoria relativa al amparo en revisión 486/2017, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de dos de agosto de dos mil veintidós. (.) En efecto el ACUERDO General 5/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del doce de abril de dos mil veintidós, que reforma el similar 4/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite de las resoluciones emitidas por los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, respecto de los juicios de amparo promovidos a partir del uno de enero de dos mil quince en los que se reclame la inconstitucionalidad de diversas disposiciones fiscales, relativas a la denominada contabilidad electrónica y por el que se abroga el diverso 5/2015, establece: (.) c) Los recursos interpuestos contra cualquier determinación diversa a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, emitida durante la sustanciación de los juicios de amparo y sus respectivos incidentes de suspensión de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, materia del presente Acuerdo, serán del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con independencia en la fecha y lugar en que se hubiesen promovido. (.) Luego, si en el caso el presente asunto deriva del recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo 667/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, es inconcuso que este Tribunal Colegiado es incompetente para conocer del mismo, pues resulta evidente que no se ubica dentro de los supuestos establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 5/2022. (.)". En consecuencia, atento a lo determinado por el tribunal de alzada en el citado proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, con fundamento además en lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, original y copia del recurso de revisión interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, por conducto de la oficialía de partes correspondiente, para la substanciación del recurso citado. Asimismo, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase a la oficial judicial A, para efecto de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal fin. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, por los actos y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********, por los actos y motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia. Notifíquese y por lista a las quejosas en cumplimiento al acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós.
- Principal
Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la última sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que este juzgado concedió el amparo y protección y del análisis del décimo considerando de esta, se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título siguiente: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y en razón de que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten: a) Es decir, deberá de informar si a las quejosas ********************, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince: Lo anterior, en razón de que el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosas y éstas no hubieren ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince; y, c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable el registro federal de contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este apartado. QUEJOSAS RFC ********************, sociedad anónima de capital variable. ******************** Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital: 2007914, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)".. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese, y por lista a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual comunica el proveído de veintidós de noviembre del año en curso y al efecto acusa recibo del recurso de revisión interpuesto, así como de los autos del juicio de amparo 3516/2014 del índice de este juzgado, e informa que lo registró con el número de amparo en revisión 1583/2022 y lo admitió a trámite. Ahora bien, atento a su solicitud, comuníquesele que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo el expediente electrónico está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mismo que se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto Notifíquese.
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