Janeth Carolina Ortiz Hernández
Expediente 1160/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Janeth Carolina Ortiz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, mediante la cual se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que ninguna de las partes lo hayan realizado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el asunto como concluido. Este expediente es depurable. Toda vez que es innecesario que sigan permaneciendo en este juzgado federal las constancias remitidas por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y por el Juez Quinto Penal en esta ciudad, se ordena devolverlas a su lugar de origen. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/510/2016, de dos de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción del referido Consejo determinó en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, readscribir al Juez Ulises Fuentes Rodríguez a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en sustitución de la ahora Magistrada María Jesús Salcedo, a partir del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis; lo anterior, para los efectos legales a que hubiere lugar.
- Principal
Notifición por lista al tercero interesado ROSA ESTELA MORADO PÉREZ.- De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, mediante la cual se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que ninguna de las partes lo hayan realizado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el asunto como concluido. Este expediente es depurable. Toda vez que es innecesario que sigan permaneciendo en este juzgado federal las constancias remitidas por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y por el Juez Quinto Penal en esta ciudad, se ordena devolverlas a su lugar de origen. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/510/2016, de dos de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción del referido Consejo determinó en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, readscribir al Juez Ulises Fuentes Rodríguez a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en sustitución de la ahora Magistrada María Jesús Salcedo, a partir del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis; lo anterior, para los efectos legales a que hubiere lugar.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción firmada por la quejosa, y como lo solicita, se ordena expedirle a su costa copias simples de las constancias que precisa, mismas que podrán ser entregadas previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para constancia.
- Principal
RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el primero de octubre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en esta ciudad, del cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Janeth Carolina Ortiz Hernández, como albacea de la sucesión a bienes de Pablo Ortiz Anaya, solicitó el amparo contra los actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, que hizo consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la AUTORIDAD RESPONSABLE la sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2015, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el Toca marcado con el numero (sic) 144/2015. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto del nueve de octubre siguiente, este juzgado de distrito, admitió para su trámite la demanda de garantías; formó el expediente respectivo y lo registró con el número 1160/2015-IV; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; ordenó emplazar al tercero interesado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Órgano de Control Constitucional es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 36 de la Ley de Amparo y 48, en relación con el 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad de amparo debe fijar con claridad y precisión los actos que se reclaman. En relación con el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; agregó que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión; y finalmente, precisó que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sustenta lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia número 169, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En este orden de ideas, el acto reclamado en esta instancia es la resolución de ocho de septiembre de dos mil quince, dictado en el toca de apelación 144/2015, por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, a través de la que se revocó el auto de formal prisión dictado el siete de julio de dos mil quince, por el Juez Quinto Penal de esta ciudad, dentro del proceso penal 246/2015, y se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de Rosa Estela Morado Pérez. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, pues así lo confesó en su informe de ley. Además, su certeza se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación 144/2015, que adjuntó a su informe; documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone en el artículo 2° de ésta. CUARTO. Innecesaria trascripción de los conceptos de violación. La falta de trascripción de los conceptos de violación, no conculca las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, por no existir precepto alguno que así lo ordene, máxime que con ello no se priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar en su caso, si se estima que en ella se cometió ilegalidad, ni se exime a esta autoridad de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que todo fallo debe acatar. Así lo autoriza la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Se niega el amparo. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, son inoperantes, sin que la obligación de suplir la deficiencia en su expresión, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, nos lleve a consideración distinta. En ellos, la parte peticionaria aduce sustancialmente: Que a pesar de que en autos quedó demostrado que el finado Pablo Ortiz Anaya era propietario de los vehículos de motor de la marca Toyota Corolla y Toyota Tacoma, como se probó ante la autoridad administrativa, como se advierte del informe rendido por la Oficina Recaudadora de esta ciudad; la responsable le otorga valor a las facturas a nombre de Elizabeth Rosalba Diller; sin tomar tampoco en consideración las declaraciones de los testigos que mencionan que aquellos los utilizaba el de cujus de manera cotidiana. Quedó también demostrada la existencia de $96,400.00 (noventa y seis mil cuatrocientos pesos) que se encontraban en la cuenta de Pablo Ortiz Anaya, y que la misma se transfirió con posteridad a la muerte de este, a la cuenta de Jesús Ortiz Anaya. Que quedó también demostrado que Rosa Estela Morado Pérez fue quien, como empleada del finado, y quien sabía sus contraseñas, hizo la transferencia bancaria mencionada, así como quien, junto con otras personas, hicieron el traslado de los vehículos a una pensión. Que además, no es razón suficiente para no decretar la existencia de un robo, que aquella fuera empleada de confianza del de cujus, pues no estaba facultada para sustraer los vehículos de motor ni el dinero, pues inclusive, la relación sentimental que pudieran entablar ambos, no convalidó la sustracción de los bienes propiedad de aquel. Que lo único que debe tomarse en cuenta es que realizó la sustracción de los bienes, con posterioridad a la muerte del de cujus, con independencia de la relación sentimental que sostuviera con el finado, pues esta, al ser extramarital, es contraria a las disposiciones de la ley civil. Que siendo así, la transferencia del numerario a otra cuenta, y la sustracción de los vehículos, los hizo sin consentimiento de la sucesión, y por ello, se acredita el delito de robo, con independencia de las razones que dio para haberlo hecho. Sin embargo, con esas consideraciones no combate los argumentos esenciales de la resolución reclamada. Estos se sustentan en la circunstancia de que no puede acreditarse el delito de robo por parte de Rosa Estela Morado pues, existen datos suficientes en la causa, para determinar que entre ésta y el finado Pablo Ortiz existía una relación sentimental, y que esta tenía el cargo de trabajadora de su confianza; y por ello, la detentación sobre los bienes objeto del delito, no era precaria; y que el ánimo de la activo no era el apoderamiento de los mismos, puesto que respecto de los vehículos, ella los entregó con la finalidad de resguardarlos a su legítima propietaria, debido a los problemas que surgirían con motivo del fallecimiento de aquél; y el dinero fue utilizado para hacer el pago de los gastos funerarios, y del pago de diversas deudas. Lo que esta resolutora estima correcto, por así demostrarse con la existencia de diversas probanzas. Expuestos así entonces, los conceptos de violación, resultan inoperantes. En principio, porque la parte accionante parte de una premisa fáctica incorrecta, consistente en que la indiciada era solamente una empleada del de cujus; pues de la resolución reclamada, se advierte que la responsable señaló que estaba demostrado con las pruebas existentes, que ella tenía una relación sentimental con el fallecido, e inclusive ambos tenían una hija de doce años, y que ella tenía llaves del negocio y de las cuentas bancarias de aquel. Lo que dijo, no puede solo considerarse que existió una posesión precaria de los bienes, para establecer el quebrantamiento de una relación de confianza con el de cujus; más no con la sucesión, como afirma la parte solicitante solicitante del amparo. Y siendo así, si los argumentos de los que parte la demandante, se fundan solo en la existencia de los bienes a nombre del de cujus, y que son propiedad de la sucesión, no son suficientes para atacar los argumentos del magistrado responsable, y siendo así, esta parte de la resolución quedó intocada. Por otra parte, respecto de la relación sentimental que señala la impetrante no debe reconocerse, por haber sido extramarital, debe decirse que no esta no fue la única razón por la que la responsable señaló que la relación de la indiciada con el de cujus era de confianza; pues así lo determinó con base en esa relación, así como en que ella era trabajadora de confianza y tenía a su cargo la administración, las cuentas y las llaves de la negociación. Siendo así, y ya que como se dijo, debido a que la quejosa parte de una premisa incorrecta, el resto de la resolución debe quedar intocada, ya que los argumentos restantes subsisten. En efecto, un genuino concepto de violación, sería aquel que, mediante razones, cuestionara, combatiera o pusiera en entredicho lo argumentado por la responsable; lo que como queda evidenciado con lo expuesto en párrafos anteriores, no aconteció en el caso. Es aplicable a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXII, Agosto de 2000Página: 1051Tesis: I.6o.C. J/21JurisprudenciaMateria(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo. Por tanto, no evidenciada la contravención a los derechos humanos de la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. . Por lo expuesto, se RESUELVE : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Janeth Carolina Ortiz Hernández, como albacea de la sucesión a bienes de Pablo Ortiz Anaya, contra los actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato consistente en la resolución de ocho de septiembre de dos mil quince, dictado en el toca de apelación 144/2015, por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, a través de la que se revocó el auto de formal prisión dictado el seis de julio de dos mil quince, por el Juez Quinto Penal de esta ciudad, dentro del proceso penal 246/2015, y se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de Rosa Estela Morado Pérez, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma la licenciada María Jesús Salcedo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria licenciada Bertha Patricia Orozco Hernández, que autoriza, hasta el día de hoy veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado federal.
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