Janete Alejandra Barcenas Mota
Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Janete Alejandra Barcenas Mota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que en acuerdo de esta fecha, emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se ordenó su archivo definitivo del mismo; en consecuencia, la incidencia ha dejado de tener vida jurídica en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo. Por tanto, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción III del Acuerdo General antes citado, toda vez que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de esta incidencia es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Por último, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en las carátulas de los cuadernos. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción II del Acuerdo General antes citado, toda vez que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Hágase la devolución de las copias auténticas de la causa penal ******************** a la Juez del Juzgado Penal de Control del Distrito Judicial del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, sin que sea necesario que remita acusa de recibo, toda vez que en la constancia de notificación se asentará la entrega de los anexos referidos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dos de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se procede SOBRESEER en presente juicio, porque en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, se acota que el acto reclamado consiste: ". LA RESOLUCIÓN CONSISTENTE EN EL AUTO DE NO VINCULACION A PROCESO EN FAVOR DE ********************DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, DENTRO DE LA CAUSA PENAL NUM. 132/2023". Es decir, que lo reclama la quejosa ********************, es la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 132/2023, por el Juez de Control Circuito Judicial de Estado de Hidalgo, en la que dictó auto de no vinculación a proceso a ********************. Precisándose que la aquí quejosa ********************, es la parte de víctima en la causa penal de origen. Al respecto, el suscrito juzgador determina que contra el indicado acto reclamado resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". De la interpretación del precepto transcrito se advierte que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que regula el acto reclamado con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo, previo a ejercer la acción constitucional; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente contra las resoluciones judiciales susceptibles de ser recurridas y que no se haya agotado el recurso procedente. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de garantías el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación del derecho fundamental al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales el acto reclamado pudiere haber sido reparado por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o el tribunal de segunda instancia. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia. Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. En ese sentido, con la finalidad de verificar si la referida determinación de no vinculación a proceso reclamada es recurrible a través del recurso de apelación, se debe traer a contexto los artículos 459, fracción I y 467, fracción VII, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor literal siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma. .". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: . VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso." Como se ve, el artículo transcrito en primer término contempla la oportunidad de la víctima, aun cuando no se haya constituido como coadyuvante, para impugnar por sí o a través de la Representación Social, las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por aquella; y, por su parte, la porción normativa invocada en segundo término establece la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control que resuelve sobre la vinculación del imputado a proceso. Por tanto, la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 132/2023, por el Juez de Control Circuito Judicial de Estado de Hidalgo, en la que dictó auto de no vinculación a proceso a ********************, resulta apelable, conforme a los numerales transcritos, de ahí la procedencia del recurso ordinario previo al ejercicio de la acción constitucional. Acorde con ello, la promovente tiene la carga de agotar previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al primero, a través del cual pueda declararse la invalidez del acto que en esta vía reclama, lo que omitió realizar la aquí promovente. Máxime, que no se encuentra en ninguna de las excepciones previstas en la causa en análisis, de conformidad con el propio artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que son las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer ese recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, si bien es cierto que esa regla general consiste en que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno; también lo es que ésta no es absoluta, de manera que si el acto que se reclama materialmente encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, el juicio constitucional sería procedente aún en caso de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario. Así, el acto reclamado que se analiza no importa privación de la vida, ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que se advierte de su simple lectura. Igualmente, no se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos, ni se trata de una sentencia definitiva. Además, no puede considerarse que la parte promovente tenga el carácter de tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que en aquél quien tiene el carácter de parte víctima como lo expresó en su demanda. Tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso, sino de un auto que decretó la no vinculación a proceso, esto es, la resolución contraria al auto que se prevé como supuesto de excepción en la norma legal. En efecto, si bien en el caso de excepción que se analiza se hace mención sobre el auto de vinculación a proceso, de la concatenación de ese inciso d), con los diversos a) y b), se colige que la previsión respectiva se refiere al inculpado, cuando en su contra es determinada la vinculación a proceso, ya que ello puede derivar en la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, que es la que justifica la excepción al principio de definitividad. En otras palabras, de la concatenación de los supuestos de excepción al principio de definitividad se sigue que el legislador previó que aquellos actos restrictivos de la libertad no se encuentren sujetos a dicho principio y, aun cuando pueda existir algún medio ordinario de defensa en su contra, igualmente pueden ser sujetos de inmediato a escrutinio constitucional. Sin embargo, la determinación aquí reclamada no contiene ese elemento excepcional, ya que lo controvertido, por parte de la víctima aquí quejosa, es lo relativo a la no vinculación a proceso a favor del imputado en ese procedimiento de origen, que de facto genera la imposibilidad de acceder a la reparación del daño; de ahí que, no se actualiza ese supuesto de excepción al principio de definitividad. Por último, no se requiere una interpretación adicional porque el Alto Tribunal del país como máximo intérprete de la ley al resolver la contradicción de tesis 355/2019, concluyó que la víctima u ofendido están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Asimismo, señaló que si el artículo 459, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima u ofendido para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público, eso legitima a aquéllos para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño, y con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos, dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo. Finalmente, puntualizó que en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esta Primera Sala es que se concluye que la víctima u ofendido del delito, tienen legitimación para interponer, de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10ª), del siguiente rubro "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Ante tal panorama, si la aquí quejosa se encontraba en aptitud de hacer valer el recurso de apelación en contra de la determinación de no vinculación a proceso reclamada, ello actualiza la referida causa de improcedencia, vinculada con el principio de definitividad, ya que se reitera, contra el referido acto reclamado es procedente un medio ordinario de defensa (recurso de apelación), que puede tener por efecto su revocación, modificación o nulificación; por lo que, no era optativo para la promovente acudir al juicio de amparo, sino que debía agotar el recurso de apelación que prevé el código adjetivo para entonces sí estar en posibilidad de promover el amparo, de acuerdo al principio de definitividad. En tales condiciones, la quejosa no acreditó que previo a la presentación de la demanda de amparo haya interpuesto el recurso de apelación contra el acto que en esta vía reclama. Al caso se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia I.4o. C.J/25 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Segunda Parte-1 (julio a diciembre de mil novecientos noventa), Octava Época, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN". Asimismo, cobra aplicación la diversa tesis sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 35 del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1 (enero a junio de mil novecientos noventa), Octava Época, de rubro: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Así, para el supuesto de que pudiera ser considerado el acto reclamado como de imposible reparación, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, pues el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Luego, en el supuesto de que el acto reclamado sea de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Al caso se invoca, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro LV, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, deviene inconcuso que debe SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dado el sentido del presente proveído. Notifíquese personalmente
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por el Juez de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciséis de mayo del año en curso, remite la versión escrita del acto reclamado en el presente juicio de derechos. Notifíquese
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