Janet Viviana Almeida Contreras
Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Janet Viviana Almeida Contreras
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara: El auto por el cual se desechó la demanda de amparo (siete de abril de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Fórmese expediente con el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por **********, contra actos del Fiscal Tercero de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Boca del Río, Veracruz. Regístrese con el número 311/2022-I en el libro de gobierno correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se advierte los reclamos son: a) La falta de citación. b) La negativa de otorgar acceso. Lo anterior en la carpeta de investigación *********** del índice del Fiscal Tercero de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Boca del Río, Veracruz. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narra: - Hace quince días se enteró que la habían denunciado (por el propio denunciante) ante el Fiscal Tercero de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Boca del Río, Veracruz. Por el delito de fraude, derivado de hechos acontecidos en relación con la venta de un vehículo. - Acudió ante el Fiscal en mención para obtener más información. No se le proporcionó dato. Le comentaron las investigaciones son "secretas". Que no podían mencionar algo sobre el asunto hasta que la carpeta de "judicializara". - Posteriormente, el cuatro de marzo pasado, se enteró por la red social Facebook que había sido denunciada y que se radicó la carpeta de investigación *********** del orden cronológico del ente ministerial en cita. - Acudió el cinco de marzo siguiente junto con su abogado. Nuevamente el fiscal responsable le negó el acceso a la carpeta de investigación. Incluso, le comentó no la citarían a comparecer por no ser necesario. Además, que la investigación se encuentra en etapa inicial. Que es hasta la investigación complementaria, una vez formulada la imputación, cuando podría tener acceso a los datos de la carpeta en cuestión. Ahora, respecto al acto reclamado marcado con el inciso a), se provee: Se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 21 constitucional; 61, fracción XXIII, y el precepto 107, fracción VII (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al tenor de los argumentos siguientes: El precepto 21 aludido, estipula: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción VII, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: "...VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso, integrar su correspondiente investigación. Asimismo, el inicio de la carpeta correspondiente, o incluso el desahogo de las diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio por ser de orden público, según lo establece la Carta Magna. Siempre y cuando en ellas no se ordene que se prive a la parte quejosa de sus posesiones, derechos o defensas. El precepto 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, los cuales son: a) Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; b) Resoluciones de reserva y no ejercicio de la acción penal; c) Desistimiento de la acción penal; o, d) Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo anterior, se sigue que contra actos del Ministerio Público distintos de los antes señalados, no procede el juicio de amparo indirecto. Como se dijo, el artículo 21 constitucional lo faculta llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos e integrar la correspondiente carpeta de investigación. En consecuencia, es claro que el juicio de amparo que ahora se intenta contra la omisión de citar a la ahora quejosa en su carácter de imputada dentro de una carpeta de investigación del índice de la autoridad ministerial, es una cuestión que no se encuentran dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la ley de la materia (previamente enumerados)... En las relatadas consideraciones, se concluye que lo reclamado en esta vía (omisión de citar a la aquí quejosa en su carácter de imputada dentro de una carpeta de investigación del índice del ente ministerial señalado como responsable), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VII del diverso 107 (interpretada a contrario sensu). Así como la hipótesis de sobreseimiento directo regulada por el artículo 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con el reclamo marcado con el inciso b), se acuerda: Se estima actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente... En ese orden, el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga al imputado o a su defensor, la posibilidad de acudir ante autoridad judicial en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. A pesar de tener derecho a ello de conformidad con los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya interpretación sistemática permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso dichos registros cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el numeral 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa. Dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden acceder a los registros. Ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a la investigación y datos que obran en la carpeta respectiva, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada... En consecuencia, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe acudir primeramente ante el Juez del proceso, a efecto de que resuelva lo conducente en relación con la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Máxime, que atento al diseño de la ley adjetiva penal, las partes y en el caso especial el imputado tiene expedito su derecho para acudir ante la potestad del juez de control y procedimiento. Por tanto toda petición relacionada con el proceso penal debe realizarse ante el mismo, quien tiene el deber legal de actuar. Sin que este órgano federal pueda sustituirse al juzgador del orden común. De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo... Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y, personalmente, a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...".
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