Janet Tovar Ramírez
Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- Janet Tovar Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VI Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual solicita se remita nuevamente el oficio 8273/2019, lo anterior a efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento a lo requerido en dicha misiva. En virtud de lo anterior, reexpídase el oficio de mérito a la autoridad oficiante, a efecto de que se imponga de su contenido. Notifíquese.
- Principal
MESA VI Vista la certificación precedente evidencia que la parte quejosa ** apoderado legal de**dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Con fundamento en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio con anexo de cuenta suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente laboral 1464/2017 de su índice. Con base en lo anterior y del análisis de las constancias remitidas por la autoridad, partiendo de la premisa que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1464/2017, se deduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación al 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer el presente juicio, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXI, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos transcritos tenemos que el juicio de amparo indirecto es improcedente en aquellos casos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Improcedencia que tiene como consecuencia el sobreseimiento en el juicio. Ahora bien, es oportuno precisar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal y fracción, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos trasgredidos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. Ciertamente, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, señalado como autoridad responsable, consistentes en copia certificada del laudo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente laboral 1464/2017 de su índice; las que merecen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo y conforme la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Documental con la que la autoridad acredita fehacientemente que ha dejado de existir la omisión que se le atribuyó, toda vez que el veintiséis de marzo del año en curso, emitió la resolución en forma de laudo en dicho juicio laboral. Entonces, con lo anterior claramente se puede ver que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1464/2017. Con lo que se revela objetivamente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud que cesó en sus efectos la omisión reclamada, situación que impide a este resolutor continuar con la tramitación del juicio de amparo, pues los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional con la emisión del laudo de veintiséis de marzo del año en curso y, por ello, ningún caso práctico tendría la continuación del juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer el presente juicio de amparo. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandatan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI SOLICITA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por **, quien se ostenta como apoderado legal de **, mediante el cual solicita se le autorice consultar el expediente en línea en el portal: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea. En virtud de lo anterior, se autoriza al ocursante la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario ** AUTORIDAD DEVUELVE EXHORTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual remite diligenciado el exhorto 21/2019 de su índice, formado con motivo del diverso 67/2019-VI, orden 67/2019-VI, de este Juzgado de Distrito, del cual se advierte que obran las constancias de notificación del proveído de veintiocho de febrero del año en curso, a la parte quejosa Juan Carlos Téllez Gaspar, quien se ostenta como apoderado legal de Janet Tovar Ramírez. En tales condiciones, se tiene por debidamente notificado a dicho impetrante Notifíquese.
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