Janet Rodriguez Lara
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Janet Rodriguez Lara
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años, lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, en su carácter de apoderado legal de ***, beneficiaria del extinto trabajador ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 590/2022-F. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.).". De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Ahora, para esclarecer lo que debe entenderse por "última resolución", conviene acudir a la definición proporcionada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 32/2001, con rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En términos del criterio jurisprudencial citado, por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual, entre otras cosas, se acordó lo relativo a la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y a los integrantes del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para que se les inicie la carpeta de investigación por el delito previsto en el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal, que establece que "Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos: VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia", en el sentido de que hasta en tanto el Congreso del Estado de Tlaxcala, dé cumplimiento a lo solicitado, se proveerá respecto de dicha cuestión. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó el impetrante en su demanda de amparo, así como del documento que anexó al ocurso de cuenta, se advierte que el citado controvertido laboral se encuentra en etapa de ejecución del laudo de diez de diciembre de dos mil quince, y que el acto reclamado se originó con motivo de la petición de la parte actora para el cumplimiento del mismo. De ahí la improcedencia del presente juicio, dado que se trata de un acto de ejecución de sentencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el juicio de origen, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte promovente; sin que ello ocurra en el presente asunto, pues el auto reclamado no se trata de aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento; por tanto, se reitera, es evidente que en el caso, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, por unanimidad de votos estableció que se puede aplicar, excepcionalmente, por analogía la fracción IV del artículo 114 (ahora arábigo 107, fracción V) de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sin embargo, también estableció que tal interpretación por analogía no se extiende al grado tal que permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así, las partes tienen la posibilidad de impugnar actos en la etapa de ejecución de sentencia exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución del laudo condenatorio, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del procedimiento de ejecución. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que la interpretación por analogía -que fue la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para arribar a la conclusión que contiene el criterio jurisprudencial transcrito- procede únicamente cuando no existe precepto expreso en la norma y cuando los hechos en esencia sean iguales; siendo que, en el supuesto que nos encontramos, el legislador contempló de manera categórica la regla de procedencia tratándose de actos en ejecución de sentencia. En efecto, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se obtiene la regla relativa a que el amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia únicamente procede en contra de la última resolución; sin embargo, tratándose de los restantes actos verificados en ejecución de sentencia, que no tengan relación directa con la ejecución; es decir, aquellos actos que no tengan la intención o pretendan ejecutar la sentencia, debe de atenderse de manera genérica a la regla planteada por el legislador para los actos dentro de juicio prevista en la fracción V del mismo preceptos, a saber, la irreparabilidad del acto. De lo contrario, se estaría aplicando como regla general la prevista en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, y no al revés, lo que trastocaría la intención del legislador al establecer reglas específicas para la procedencia del acto reclamado en este tipo de actos. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la "última resolución", porque de acreditarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendría que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En este contexto, como se dijo en párrafos que anteceden, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexo respectivo, se advierte que, en el particular, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 122/2010-B del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual, entre otras cosas, se acordó lo relativo a la solicitud del quejoso de dar vista al Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y a los integrantes del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para que se les inicie la carpeta de investigación por el delito previsto en el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal, que establece que "Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos: VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia", en el sentido de que hasta en tanto el Congreso del Estado de Tlaxcala, dé cumplimiento a lo solicitado, se proveerá respecto de dicha cuestión. En consecuencia, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al ser el acto reclamado parte del procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo que intenta la parte quejosa resulta improcedente. En tales condiciones, resulta evidente que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la misma ley, lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, lo anterior, en virtud de que no existe duda en el suscrito juzgador para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo1, se instruye al oficial judicial "A" (SISE) adscrito a este órgano jurisdiccional, que realice la autorización para que el usuario ***, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente de mérito y recibir las notificaciones, en el presente sumario constitucional vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, se tiene como dato de contacto el correo electrónico que refiere, por lo que se tiene por señalado tal medio de a efecto de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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