Janet Rodríguez Escudero y Otros.
Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Flora Yanet Ávila Bernal
- Janet Rodríguez Escudero
- Janet Rodríguez Escudero y Otros.
- Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública
- Flora Yanet Ávila Bernal y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, a través del cual informa que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, contra del proveído de trece de junio del año en curso, mismo que fue registrado con el número 31/2023, de su estadística; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por el licenciado ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita se le informe el seguimiento dado a la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto contra el acuerdo de trece de julio del año en curso y se integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), el oficio mediante el cual se remitió el juicio de amparo en que se actúa al Tribunal de Alzada. En atención a su contenido, indíquese al promovente que de conformidad con la certificación secretarial de cuenta, el seguimiento del recurso de inconformidad de mérito, deberá de realizarlo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, mismo que fue registrado en la estadística del citado Tribunal de Alzada, con el número 31/2023, de su estadística. Por otra parte, en relación a la solicitud de que se integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), el oficio a través del cual se remitió el presente juicio de amparo al citado tribunal colegiado, indíquesele que una vez que se cuente con el acuse de recibo de la citada misiva, el mismo será debidamente integrado al expediente electrónico.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra agregada a los presentes autos la notificación personal (foja 471), que derivó del acuerdo de seis de julio del año en curso (foja 468); por tanto, como se ordenó en el citado proveído remítase el juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, a efecto de que esté en condiciones de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, en contra del acuerdo de trece de junio del año en curso (fojas 454 a 457). Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado Enrique Juayerk Herrera, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita se remita el recurso de inconformidad al Tribunal de Alzada, para la subsanación del recurso de inconformidad interpuesto en el presente asunto; atento a su contenido, indíquese al promovente que deberá de estarse a lo acordado en el párrafo que antecede.
- Principal
Se notifica por medio de lista el siguiente acuerdo: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la responsable Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad y el propio consejo, así como la Secretaría de General de Acuerdos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, informó el acatamiento al fallo protector, ello, mediante oficio presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, misiva a la que adjuntó copia de la constancia con la que justifica el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. En mérito de lo anterior, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgador ordenó dar vista a la parte quejoso con el referido oficio y anexo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado federal acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó a la parte quejosa el nueve de mayo de dos mil veintitrés; por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de amparo, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo los siguientes: "1. Dejen sin efecto el oficio CHJ/O63/2020, de veintinueve de enero de dos mil veinte y acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve. 2. Atendiendo a lo señalado en los párrafos precedentes, emitan nuevos acuerdos, en los que cumplan con la debida fundamentación y motivación preciada en el considerando que antecede. 3. Se notifiquen los nuevos acuerdos, cumpliendo con lo previsto en el artículo 31, del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 215, en el domicilio señalado por las quejosas." En cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto el oficio CHJ/O63/2020, de veintinueve de enero de dos mil veinte y acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve; asimismo, atendiendo a lo señalado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento de manera cronológica a las aquí quejosas, la información remitida a esa dependencia por determinadas autoridades, en las cuales refirió que en el momento de la petición las ocursantes ya no eran parte de dicha dependencia. Asimismo, se aprecia que la autoridad responsable no precisa porqué la determinación emitida por una autoridad diversa, era suficiente para que se les considere fuera de la institución, de acuerdo a lo previsto en el numeral 12 del Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, si es precisamente dicho Consejo el único para tramitar y resolver los procedimientos internos disciplinarios, derivado de la investigación e integración de los expedientes determinados por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; sí les hizo del conocimiento a las quejosas que esa autoridad se encuentra impedida para generar alguna medida que atienda a restituirles sus salarios, lo que es propio de la autoridad que determinó en su momento la remoción de su cargo. De la misma manera, les hizo saber que no era procedente el inicio del procedimiento disciplinario que solicitan, en virtud de que de conformidad con el artículo 226 del Acuerdo 004/2010, por el que se Expide el Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, el inicio del procedimiento disciplinario ante esa comisión, debe realizarse a petición de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, lo que no ocurrió en relación a las impetrantes. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. No se desatiende que la responsable informó que no fue posible notificar a las quejosas el acuerdo que emitió, cumpliendo con lo previsto en el artículo 31, del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 215, en el domicilio señalado por las quejosas, si bien de actuaciones se desprende que la autoridad responsable, no pudo notificar a la parte quejosa; no obstante lo anterior la parte quejosa tuvo conocimiento de la respuesta dada a sus peticiones en razón de que en acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, se dio vista con esas constancias y el proveído de referencia se ordenó notificarlo de manera personal a ésta. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 36/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, Materia administrativa, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDO el fallo amparador. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. No se inadvierte el ocurso presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hizo manifestaciones de inconformidad por el cumplimiento informado por la autoridad responsable, en el sentido de que la responsable no estableció los motivos legales por los cuales otorga validez a la sentencia de remoción de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y manifiesta que no se emitió un razonamiento lógico jurídico, por el cual no da inicio al procedimiento disciplinario contra las quejosas, ni de la negativa de restituirles sus salarios. Sin embargo, como quedó precisado en párrafos que anteceden si bien es cierto que la autoridad responsable no precisó porqué la determinación emitida por una autoridad diversa, era suficiente para que se les considerara fuera de la institución -no fue motivo de concesión-, sí les hizo del conocimiento a las quejosas que esa autoridad se encuentra impedida para generar alguna medida que atienda a restituirles sus salarios, lo que es propio de la autoridad que determinó en su momento la remoción del cargo. Y en relación al por qué no da inicio al procedimiento disciplinario contra las quejosas, les contestó al indicarles que de conformidad con el artículo 226 del Acuerdo 004/2010, por el que se Expide el Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, el inicio del procedimiento disciplinario ante esa comisión, debe realizarse a petición de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, lo que no ocurrió en relación a las impetrantes. Es decir, la autoridad responsable, señaló que al no haber solicitado la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos el inicio del procedimiento disciplinario a las ahora quejosas ante esa comisión, en términos del artículo 226 del Acuerdo 004/2010, por el que se Expide el Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, se encuentra impedida a tramitar el mismo; y, tomando en consideración que no dio validez a la determinación emitida por una autoridad diversa, que fuera suficiente para que se les considerara fuera de la institución -del que no fue motivo de concesión-, les hizo del conocimiento a las quejosas que esa autoridad se encuentra impedida para generar alguna medida que atienda a restituirles sus salarios, lo que es propio de la autoridad que determinó en su momento la remoción del cargo, es decir, dejó expedito su derecho para que sea esa autoridad quien determine lo conducente.
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