Janet Pérez Ramirez y Otros.

Expediente 152/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
152/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2017

Partes del expediente

  • Janet Pérez Ramirez y Otros.
  • Janet Pérez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de treinta de enero de la presente anualidad (fojas 10 a 12), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Janet Pérez Ramírez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el exhorto 15/2017, con número de orden 16/2017 recibido vía electrónica, remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y anexo que acompaña, por el que devuelve diligenciado el exhorto electrónico número 29/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le remitió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara a la quejosa ********************, el proveído de treinta de enero del año en curso; en consecuencia, dése de baja el referido exhorto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil diecisiete. Con la copia del oficio signado por la Secretaria Auxiliar de Acuerdos adscrita a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, al que acompaña la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 152/2017. Acúsese recibo. Precisado lo anterior, se procede a analizar el libelo constitucional del que se conoce que en la especie la parte quejosa señala como autoridad responsable al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México; de quien reclama la determinación en la que se le pretende aplicar en forma retroactiva la modificación al contrato colectivo de trabajo, referente a que podrá jubilarse hasta que cumpla 60 años de edad y 30 años de servicio o 35 años de servicio sin límite de edad. Ahora, como antecedentes de los actos reclamados, en lo que interesa, la quejosa precisa: a) que se desempeña como trabajadora de Comisión Federal de Electricidad desde el año de mil novecientos noventa y nueve; b) que cuando inició a prestar sus servicios se le precisó que su contrato de trabajo era por 25 años sin límite alguno de edad, y que una vez cumplido este tiempo de labores podría jubilarse; c) que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se determinó que para poder jubilarse, deberá, antes cumplir 60 años de edad y 30 años de servicio, o 35 años sin límite de edad Sentado lo anterior, este Juzgado estima que lo que reclama la quejosa es la determinación en la que se le pretende aplicar en forma retroactiva la modificación al contrato colectivo de trabajo, referente a que podrá jubilarse hasta que cumpla 60 años de edad y 30 años de servicio o 35 años de servicio sin límite de edad. Ahora, contra el citado acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el mismo no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, estima que el acto reclamado por la quejosa consistente en la determinación en la que se le pretende aplicar en forma retroactiva la modificación al contrato colectivo de trabajo, referente a que podrá jubilarse hasta que cumpla 60 años de edad y 30 años de servicio o 35 años de servicio sin límite de edad, tiene naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre la peticionaria del amparo como empleada y la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México como patrón equiparado, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. De ahí que, se pone de manifiesto que el acto reclamado al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que la promovente sostiene con la responsable en su carácter de patrón equiparado (Comisión Federal de Electricidad); por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Por lo anterior, no basta que la quejosa alegue una violación constitucional o a un derecho humano para hacer procedente el juicio de ampro, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que viole sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Ahora bien, toda vez que el quejoso Martín Madrigal Cazarez, señaló domicilio para recibir notificaciones en Carretera 190, Kilometro 77 (Panamericana-Internacional), número 1585, en la Ciudad de Cintalapa, Chiapas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, le notifique este proveído, y le haga entrega copia del mismo, el cual se solicita al juez exhortado instruya deducirla de la comunicación oficial; sin que se estime necesario que se acuse recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, devuelva por la vía electrónica esta comunicación. Se autoriza al Secretario adscrito para que gire electrónicamente el exhorto de que se trata. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano