Janet Olivares Gonzaga

Expediente 1524/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1524/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Janet Olivares Gonzaga

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de Leticia Zavala Salgado, por su propio derecho, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, manifiesta que se encuentra conforme con la cantidad propuesta por la autoridad responsable, con motivo de la concesión del amparo; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales a que haya lugar, téngase por hechas las manifestaciones de la parte quejosa y por desahogada la vista de mérito. En ese sentido, en atención al escrito que se provee, se tiene por consentida la cantidad propuesta por la autoridad responsable, a favor de la quejosa Leticia Zavala Salgado, la cual asciende a $122,811.03 (ciento veintidós mil ochocientos once pesos 03/100 moneda nacional). En esa tesitura, con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase a Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: Asimismo, con fundamento en el primer párrafo. del artículo 193, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 2013/2022- VI, y su legajo de pruebas, asimismo, remite el testimonio de la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión número R.A. 349/2023. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de su contenido. Se acusa recibo de estilo correspondiente. Glósese al expediente principal el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".Por tal motivo, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, deje insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente, de su índice, mediante el cual se impuso a la aquí quejosa una multa por la cantidad de cincuenta veces la unidad de medida y actualización." De lo anterior se advierte que en la citada ejecutoria únicamente se obligó a la sala responsable a dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente, de su índice, mediante el cual se impuso a la aquí quejosa una multa por la cantidad de cincuenta veces la unidad de medida y actualización; lo que hace patente que no se le constriñó a emitir un diverso acuerdo; máxime que en la sentencia de amparo se determinó que la ilegalidad de la multa impuesta a la quejosa derivó de que la sala no tomó en consideración las constancias con las cuales ésta acreditó el cumplimiento de la sentencia de nulidad, y que, incluso, con posterioridad la sala responsable tuvo por cumplido su fallo anulatorio. Entonces, la restitución en el goce del derecho violado por ese acto, se logra con la anulación lisa y llana del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente TJ/III-136307/2018, y la de sus consecuencias, sin que sea necesario obligar a la autoridad responsable a emitir otro acuerdo en el que valore la procedencia de la citada medida de apremio. Por lo tanto, al haber adquirido la sentencia dictada en este juicio, la calidad de ejecutoria, es inconcuso que por la sola declaratoria de la inconstitucionalidad del aludido acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente y su ejecución; dicho acto y sus consecuencias, quedaron insubsistentes, por lo que no existe acción alguna por realizar por parte de la autoridad responsable; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se declara CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Derivado de lo anterior, se ordena devolver el legajo de pruebas consistente en el expediente del juicio de nulidad TJ/III-136307/2018, a la sala responsable, por lo cual, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuse el recibo correspondiente. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. Notifíquese y de manera personal a la quejosa y a la tercero interesada

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 957/2022-I, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por, por propio derecho, proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. Por otro lado, el secretario da cuenta con el estado procesal de autos y con el escrito registrado con número de correspondencia 24331 y CERTIFICA: que su contenido coincide íntegramente con la versión visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Por otro lado, ténganse por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual solicita se emplace a juicio a Armando Gerardo Vázquez Delgado, que es a quien corresponden las siglas AGVD, y a decir del quejoso responsable de la empresa AGVD, sociedad anónima de capital variable y permisionario ante la Subsecretaria de Transporte, Dirección General de Autotransporte Federal, Permisionarios y Roles de Grúas de Arrastre, Salvamento y Deposito de Vehículos de la República Mexicana; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado a la empresa AGVD, sociedad anónima de capital variable, así como las constancias que obran en autos, el suscrito considera innecesario continuar con la investigación del domicilio en que pueda ser emplazada, al no tener la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tal como se expondrá en la sentencia que culmine con la presente diligencia. En ese tenor, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado por el quejoso a través de su escrito de cuenta, y los diversos registrados con los números de promoción 13070 y 20712, por los que solicitó emplazar por edictos a la moral referida, así como a Alberto Gerardo Vázquez Delgado, a fin de que informe su relación con los actos materia de Litis, además de requerir sus datos al Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente en en torno a la ampliación de demanda registrada con número de correspondencia 15807, recibida en este Juzgado el diecinueve de junio anterior; en consecuencia, se procede a acordar lo conducente. En ese tenor, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. De acuerdo con lo dispuesto por la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma particular todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé su artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, a contrario sensu, de lo previsto en la fracción II, del artículo 111, de la citada legislación, esto es, en contra de actos que no guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En el caso concreto, lo que el quejoso reclama medularmente en su escrito inicial de demanda, es la retención de su vehículo llevada a cabo el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, y su permanecía en el Deposito Vehicular ubicado en Carretera Federal México- Toluca KM 29+500, La Pila, Cuajimalpa de Morelos, código postal cero cinco mil setecientos cincuenta, Ciudad de México, así como la negativa de su devolución; por su parte, en su escrito de ampliación reclama "el Decreto por el que se expide el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés". Ante esas premisas, es óbice que no procede la ampliación de demanda intentada, pues lo que el peticionario pretende controvertir con dicha ampliación, es la constitucionalidad del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés, cuya vigencia inició al día siguiente de su publicación, de acuerdo a su artículo Primero Transitorio, esto es, un año después de la retención su vehículo (veinticuatro de mayo de dos mil veintidós). Consecuentemente, resulta innegable que el Reglamento que ahora pretende impugnar el quejoso, no tuvo aplicación alguna en los actos reclamados en su demanda inicial pues aun no existía en la vida jurídica, máxime que el artículo TERCERO TRANSITORIO del decreto que pretende reclamar en vía de ampliación se advierte lo siguiente: TRANSITORIO TERCERO. Los servicios de arrastre, de arrastre y salvamento y depósito iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto, se cobrarán conforme a las tarifas vigentes en ese momento. Igualmente, las infracciones y quejas que se encuentren substanciando al momento de la entrada en vigor del presente decreto, se continuarán desahogando y se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometieron." Por lo que, si una cuestión no guarda estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, no puede ser materia de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo. De tal suerte que los actos controvertidos en la demanda inicial y en su ampliación, no guardan la relación necesaria para considerar procedente ésta última, pues el acto que se pretende reclamar, no existía al momento en que se materializaron los reclamados en su escrito inicial de demanda, por lo que no rige su existencia ni efectos, pues de trata de un ordenamiento nuevo que introduce condiciones diferentes a las reclamadas inicialmente. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." (Registro digital: 182486, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/240, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1339, Tipo: Jurisprudencia). Por las razones expuestas, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II, del 111, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por Juan Pablo Palacios Palacios, por propio derecho. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las recabadas de oficio por este juzgado. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y recabadas por este juzgado. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos: abierto éste, el Secretario da cuenta con los alegatos formulados por la parte quejosa y hace constar que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la quejosa a manera de alegatos, sin perjuicio de ser tomados en consideración al momento de resolver. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta firmando los que en ella intervinieron, para debida constancia.

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