Janet Mercado Castillo
Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Janet Mercado Castillo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. 1. Se acepta competencia. Visto lo de cuenta, téngase al Juzgado Quinto de Distrito del en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, informando que aceptó el conocimiento del juicio del que deriva este cuaderno de antecedentes. 2. Orden de archivo. Por tanto, se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso i), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma física y electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por Janet Mercado Castillo por propio derecho y en representación de los menores de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M. -carácter que se le reconoce de conformidad al artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que anexa se advierte que dicho carácter le fue reconocido ante la autoridad responsable-, de acuerdo con el análisis integral de la demanda, se advierte que reclama lo siguiente: La orden de restitución de los menores de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., orden de cateo o localización de los mismos, y su ejecución. De los antecedentes que señala bajo protesta de decir verdad, se advierte que el treinta y uno de agosto del año en curso, se pretendió dar cumplimiento a la orden de restitución de menores en el domicilio que ahora habitan, ubicado en la comunidad indígena de Pomacuarán, municipio de Paracho, Michoacán, por quien dijo ser titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Uruapan. 1.2. Se declara incompetencia por razón de territorio. Así, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el presente caso, la quejosa solicita el amparo para que no se ejecute la restitución de los menores de iniciales U.A.V.M. y D.M.V.M., misma que trata de ejecutarse en Pomacuarán. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, porque el acto reclamado trata de ejecutar en Pomacuarán, municipio de Paracho, Michoacán, donde habitan actualmente los menores. De modo que debe ser un Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con jurisdicción en Pomacuarán, municipio de Paracho, el que conozca del presente juicio. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la presunta autoridad ordenadora tiene domicilio en Morelia, Michoacán, sin embargo, la materialización de ese acto recae en el domicilio ubicado en Pomacuarán, de ahí que la ejecución del acto se trata de materializar en Paracho, Michoacán. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...]XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro.. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 9/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado". En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. De ahí que, como ya se mencionó la competencia por razón de territorio no corresponda a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, sino un juzgado que ejerza su jurisdicción en la localidad en la cual se trata de ejecutar el acto reclamado. Remítanse los presentes autos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copias simples de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. 1.3. Suspensión del acto reclamado. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario, tampoco en la hipótesis del artículo 126, ambos de la ley de la materia. 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a Francisco Montaño Mora y Margarito Rosales Garibay, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que Reyna González Talavera y María Guadalupe Cruz Villanueva, no gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 1.5. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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