Janet López Puente

Expediente 923/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
923/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Janet López Puente

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de amparo hubiese recurrido el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado de Distrito, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del que se advierte que no obra en autos la notificación personal efectuada a la parte quejosa respecto auto de treinta y uno de julio del presente año, por el que se le requirió a efecto de que ratifique el escrito de demanda. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados Con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Por otro lado, se le tiene proporcionando tres números telefónicos y un correo electrónico únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Pruebas También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas documentales que anexa. Uso de medios electrónicos Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza al Tribunal en cita, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, materia(s): común, página: 1830, registro: 2008986, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra sub júdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Es también aplicable la tesis aislada I.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, materia(s): común, página: 1831, registro: 2008987, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente". De igual manera, la autoridad responsable informa que de las constancias que obran en el expediente ********************, no se advierte que se haya reconocido la personalidad de apoderado legal a ******************** Por tanto para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa con fundamente en artículo 114 fracción I, y de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de la Materia, se requiere a la parte quejosa ******************** para que dentro del término de tres días comparezca ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), debidamente identificada, en día y hora hábil, a ratificar el escrito de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como apoderada legal de ********************, contra los actos que reclama del Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 923/2023-I-ML, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como apoderado legal de ******************** respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- Del Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo siguiente: - La omisión de acordar los escritos presentados el veintisiete de abril del presente año, en el juicio laboral ********************. Sin que sea el caso, tener como acto reclamado destacado la notificación del acuerdo que recaiga a los escritos presentados el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, toda vez que constituye un presupuesto procesal que primeramente, el Tribunal responsable debe pronunciarse sobre el ocurso de referencia, de ahí que se tenga como acto reclamado el que se precisó con antelación. Por otro lado, no pasa desapercibido para este juzgador, que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Actuario adscrito Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, sin embargo, se considera innecesario su llamamiento al presente juicio, debido a que corresponde al propio Tribunal la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la peticionaria de amparo. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la personalidad de la promovente. Tomando en consideración que el promovente exhibió el acuse del escrito presentado ante la responsable el treinta de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en el dispositivo ********************en relación con el diverso ********************ambos de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a ********************quien se ostenta como apoderado legal de ********************, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, ya que la afectación que le pudiera causar está supeditada a que la responsable acuerde favorable la petición que realiza la parte actora en el juicio de origen, por lo que en este momento, no se puede considerar válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la parte quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues aún no se encuentra legitimado para defenderse en el juicio de amparo al no haber una actuación que vulnere sus derechos, dado que al no haber un pronunciamiento por la responsable no le acarrea un perjuicio. Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con soporte en lo previsto en el dispositivo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Autorizados. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Sin embargo, respecto de tener con facultades amplias a las personas que menciona; este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente hasta en tanto sea reconocida la personalidad de la promovente. Domicilio. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." De los medios electrónicos. Por cuanto a la solicitud de autorización de la toma de registros fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico de las constancias que obran en el presente expediente; de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a las autoridades oficiantes, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.

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