Janet Karina Méndez Hernández

Expediente 262/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
262/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Janet Karina Méndez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por JANET KARINA MÉNDEZ HERNÁNDEZ; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para la devolución de las documentales deberán agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución de los documentos, por lo que deberá agendar nueva cita. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente 223/2020, de su índice, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de un tomo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa y personalmente al tercero interesado.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 262/2022-4, promovido por Janet Karina Méndez Hernández, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios ? de los artículos 10, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el uno de marzo de la presente anualidad, y turnado a este órgano jurisdiccional el dos de marzo siguiente, Janet Karina Méndez Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. 2. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. 3. Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila. ACTOS RECLAMADOS. "La ilegal notificación y emplazamiento al juicio especial hipotecario 223/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y su ejecución." SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo bajo el número 262/2022-4 y este juzgado federal admitió a trámite aquélla; solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Al respecto, en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, y al efecto se ordenó enviar exhorto 130/2022-4, al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores de este juzgado, se sirviera emplazar al citado tercero interesado. De igual forma, en proveído de seis de abril del presente año, se tuvo al tercero interesado Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, apersonándose al presente juicio de amparo, (fojas 48 y 49). CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, se precisa que la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. n ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: ? La ilegal notificación y emplazamiento al juicio especial hipotecario 223/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, autoridad señalada como responsable, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, no obstante que se le requirió mediante oficio 8134/2022 el cual recibió el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos. En efecto, la impetrante de amparo reclama de la responsable la ilegal notificación y emplazamiento al juicio especial hipotecario 223/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y su ejecución. Sin embargo, no ha lugar a tener por presuntivamente cierto los actos que se le reclaman, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba fehaciente que corroborara su existencia. Al respecto, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Por ende, se consideran inexistentes los actos reclamados por la parte quejosa al precitado juez señalado como responsable en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Sin que pase inadvertido para la suscrita quien resuelve que la quejosa en su escrito de demanda de amparo haya anexado las siguientes pruebas documentales: Original de la constancia de residencia expedida el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno a favor de la quejosa Janet Karina Méndez Hernández. b) Copia a color del recibo de consumo de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Antonino Méndez Hernández. c) Copia simple de la licencia para conducir a nombre de la quejosa Janet Karina Méndez Hernández. d) Copia simple del contrato de arrendamiento de doce de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, respecto a la probanza identificada en el inciso a), se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º; de la cual únicamente se evidencia que el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Centro hizo constar que la quejosa tiene establecido su domicilio en esta ciudad desde hace aproximadamente dos años, sin embargo; resulta inconducente para acreditar la existencia de algún juicio instaurado en su contra ante el juzgado responsable de referencia en el cual se haya realizado la notificación y emplazamiento del que se duele; además, de que de los informes justificados rendidos por las diversas autoridades responsables y de las constancias que remitieron se advierte la existencia de diverso juicio ante diverso juez instaurado en contra de la ahora quejosa, lo cual será objeto de análisis en párrafos subsecuentes. De igual forma, respecto a las probanzas identificadas en los incisos b), c) y d), al ser copias simples, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no hayan sido objetadas por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminicularan con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia de los referidos actos reclamados. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.C.J/37 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1759, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia de los actos reclamados. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, y Actuaria de su adscripción, al rendir sus respectivos informes justificados admiten la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa; lo cual se corrobora con las constancias relativas que anexó al mismo consistentes en copias certificadas de las constancias que integran el expediente 223/2020 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por la licenciada Roxana Patricia Castillo Peralta, apoderada legal del Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Janet Karina Méndez Hernández, las cuales obran por cuerda separada en virtud de su voluminosidad y tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, con relación a dicho tópico, se invoca la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Quinta Época, tomo VI, página 231, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia con número de registro 210784, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 87, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, agosto de 1994, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Para la suscrita Juzgadora Federal, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. Los referidos numerales de la ley reglamentaria, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Del primero de los preceptos citados, se colige que las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Constitución Federal o de la Ley de Amparo, dado que las veintidós primeras fracciones del citado artículo 61, establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en los diversos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Es ilustrativo al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil trescientos cuarenta y cuatro, del Libro 2, Enero de dos mil catorce, Tomo II, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2005313, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Por su parte, del segundo de los numerales reproducidos, se concluye que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. A ese respecto, conviene anotar algunas precisiones técnicas que se relacionan con la temática que envuelve el tópico que aquí se analiza. En primer lugar, cabe resaltar que la solicitante del amparo acude a esta vía constitucional mediante la procedencia del juicio prevista en la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo, esto es, bajo el carácter de tercero extraño; en ese sentido debe decirse que suelen expresarse de forma indistinta los términos "persona extraña" y "tercero extraño"; sin embargo, acorde con la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Luego, para efecto de lo preceptuado en el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte formal que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra a lo antes dicho la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y seis, del tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, no obstante en el caso la quejosa es parte formal en el juicio especial hipotecario 223/2020, de donde derivan las consecuencias que reclama, precisamente por figurar como demandada, lo cierto es que no lo es en el aspecto material, dado que -según aduce- no se le ha llamado legalmente a efecto de que pudiera estar en condiciones de enderezar una defensa adecuada dentro del mismo. Desde otro ángulo, conviene destacar también lo relativo a definir cuál es la naturaleza del acto jurídico procesal del que la parte aquí quejosa dice no se llevó a cabo, es decir, el denominado llamamiento a juicio o emplazamiento. En ese sentido, el emplazamiento es un acto procesal mediante el que un órgano jurisdiccional realiza un acto procesal a efecto de hacer saber a la parte interesada la existencia de una controversia en la que interesa comparezca con el ánimo de que se defienda eficazmente; esto es, el emplazamiento es una de las figuras del derecho procesal que tiene un grado de importancia supremo, porque lleva implícita la satisfacción y respeto al derecho fundamental de audiencia y defensa que cualquier gobernado debe tener frente al desarrollo de un procedimiento tendiente a afectarlo en su esfera jurídica, ya sea de carácter civil, administrativo, familiar, laboral, entre otros. De ahí que ante su falta o irregular satisfacción conforme a las reglas procesales de cada materia, tal situación es productora de transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, de resultar viciada, acarrea que todas las actuaciones que fueron realizadas en ausencia del no llamado o indebidamente emplazado, queden nulas. Así pues, el emplazamiento constituye una actuación procesal de trascendental importancia para el respeto del derecho fundamental previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, porque es una de las más importantes formalidades esenciales del procedimiento, ya que por medio de ella se hace del conocimiento a la parte demandada la existencia de un juicio en su contra, que bien puede concluir con la privación de sus derechos; luego, es necesario llamarlo para que tenga oportunidad de alegar lo que considere oportuno, oponer excepciones y defensas y ofrecer pruebas. De igual manera, el emplazamiento debe satisfacer todas las formalidades requeridas por la ley, pues de no hacerlo vulneraría de manera directa el derecho fundamental de audiencia previsto por el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página ciento treinta y tres, del tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora, del análisis integral de las constancias que integran la presente pieza judicial, se advierte que la quejosa Janet Karina Méndez Hernández, reclama el emplazamiento al juicio especial hipotecario 223/2020, porque aduce que este nunca se llevó a cabo. Así es, de las reproducciones fotostáticas allegadas por la Juez responsable, deducidas del juicio origen de reclamo, a las que se les reitera el valor probatorio otorgado previamente por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, se obtiene lo que enseguida se precisa: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la institución bancaria denominada Banco mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada legal Roxana Patricia Castillo Peralta, demandó en la vía especial hipotecaria en contra de Janet Karina Méndez Hernández, entre otras cosas, el vencimiento anticipado de las obligaciones contraídas respecto al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado formalizado mediante escritura pública número dieciocho mil setecientos ochenta y tres (18,783), volumen seiscientos cuarenta y siete (647), de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, pasada ante la fe de la licenciada Norma Ruth María del Carmen de la Cerda Elías, Notario Público número Uno, con adscripción en el municipio de Centro, Tabasco, de acuerdo con la cláusula decima séptima del citado contrato; el pago de la cantidad de $3,671,005.59 (tres millones seiscientos setenta y un mil cinco pesos 59/100 moneda nacional), por concepto de capital insoluto vigente (fojas 1 a 14 del cuaderno de pruebas). 2. En proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, a quien le correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda en la vía y forma propuesta, registrándola con el número de expediente 223/2020, por lo que ordenó emplazar a la demandada Janet Karina Méndez Hernández, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, produjera contestación de la demanda, opusiera excepciones si las tuviere y ofreciera pruebas (fojas 69 a 71 del cuaderno de pruebas). 3. El nueve de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento de la ahora quejosa Janet Karina Méndez Hernández, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del juzgado responsable, en virtud de que la parte demandada compareció voluntariamente y además se identificó plenamente con su credencial para votar expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, efectuándose la diligencia en los términos de la constancia que a continuación se reproducen: (fojas 80 y 81 de tomo de pruebas) 4. En proveído de once de enero de dos mil veintiuno, la juez responsable tuvo a la ahora quejosa por perdido el derecho para contestar la demanda en virtud de haber fenecido el término para hacerlo, por presuntivamente admitidos los hechos de la demanda y declarada la rebeldía en que incurrió (fojas 115 y 116 de tomo de pruebas). 5. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la juez responsable abrió el juicio a pruebas (fojas 105 a 107 de tomo de pruebas). 6. El siete de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual la juez responsable citó a las partes a oír sentencia (fojas 126 y 127 de tomo de pruebas). 7. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se condenó a la demandada Janet Karina Méndez Hernández, al pago de las prestaciones reclamadas en la demanda principal (fojas 128 a 132 del tomo de pruebas). 6. En auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, la juez del conocimiento declaró que la sentencia adquirió autoridad de cosa juzgada para todos los efectos legales (foja 147 del tomo de pruebas). 7. En auto de catorce de febrero dos mil veintidós, el juez responsable tuvo por presentada a la apoderada legal de la parte actora con su escrito de cuenta y en relación a su contenido determinó no ha lugar a concederle favorable su petición de tenerle designando perito de su parte, por lo que deberá estarse a lo establecido en el artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. (foja 151 del anexo). De la reseña plasmada, se pone de manifiesto que aun cuando la ahora quejosa acude en demanda del amparo ostentándose como persona extraña al juicio ejecutivo especial hipotecario 223/2020, pues reclama que no tenía conocimiento de su existencia; lo cierto es que, el nueve de diciembre de dos mil veinte compareció de manera voluntaria ante las instalaciones del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, manifestando haberse enterado de la existencia del citado juicio de manera extrajudicial, por lo que era su voluntad hacerse del conocimiento del mismo, identificándose plenamente ante la actuaria adscrita, Janet Karina Méndez Hernández, con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio 0952025899293 y Clave de Elector MNHRJN77062627M000; y en virtud de que también compareció la apoderada legal de la parte actora, la fedataria procedió a realizar la diligencia de notificación y emplazamiento de Janet Karina Méndez Hernández; por lo que contrario a lo señalado por la ahora quejosa, sí tuvo conocimiento del procedimiento del que deriva la materia de su reclamo, precisamente desde el momento en que acudió ante las instalaciones del juzgado responsable en forma voluntaria y hacerse del conocimiento del juicio instaurado en su contra, en el que se le notificaron los autos de cuatro y once de septiembre de dos mil veinte, se le corrió traslado con la demanda y documentos anexos y original de la cedula de notificación con trascripción de los citados proveídos, en la cual la demandada manifestó que se daba por enterada de la demanda instaurada en su contra, por legalmente notificada y emplazada a juicio y aceptaba el cargo de depositario judicial del inmueble y firmó de conformidad al margen de la citada diligencia. Bajo dichas consideraciones, es claro que al haber tenido conocimiento de la tramitación del juicio instaurado en su contra, no se le dejó en estado de indefensión, en virtud que la aludida impetrante tuvo oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios que la ley prevé, pues, se insiste, de las constancias se revela el conocimiento que tenía del juicio seguido en su contra, del cual derivan las actuaciones que ahora reclama. En ese sentido, es de concluirse que a la quejosa no les corresponde el carácter de persona extraña, lo que actualiza la causal de improcedencia que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que a su vez impide analizar los distintos actos reclamados bajo dicha calidad. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 39/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". También sirve de apoyo, en lo que fuera aplicable, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la procedencia del amparo indirecto únicamente en el caso de que la persona que se ostenta como tercero extraño, haya tenido conocimiento del juicio respectivo después de dictada la sentencia, pero antes de que se declare ejecutoriada, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN Jurisprudencia publicada en la página 93, del tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con registro: 1002711. PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal" Así también, apoya lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia número 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página mil seiscientos veintisiete, tomo 2, Libro V, febrero de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293, que dice: Jurisprudencia editada en la página 5, Libro VI, marzo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro: 2000348. TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación citada. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado. Robustece la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y siete, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Así, pues el sobreseimiento decretado deberá hacerse extensivo al acto de ejecución atribuido a la Actuaria adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Centro, Tabasco; al reclamarse por vía de consecuencia, y no por vicios propios. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se localiza en la página 50, tomo 24 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, con registro 239008, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se ???? combaten por vicios propios." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, y otras autoridades, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda relativa al presente juicio de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio ubicado en Avenida Francisco I. Madero, número 1606, Centro, 64000, Monterrey, Nuevo León, por lo cual se ordenó el envío del exhorto 130/2022-4, con orden 182/2022, remitido vía interconexión, al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, a efecto de emplazar al aludido tercero interesado, el cual a la fecha no ha sido devuelto. Asimismo, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por la Actuaria y Jueza del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma en auto de seis de abril de la presente anualidad, se tuvo a Roxana Patricia Castillo Peralta apoderada legal del tercero interesado BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, apersonándose al presente juicio de amparo; por lo que el término que tiene para imponerse del contenido de los informes justificados rendidos por las precitadas autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurre del ocho al veintidós de abril del presente año, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 590 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Notifíquese.

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