Janet Arellano Chávez
Expediente 685/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 17/11/2020
Partes del expediente
- Janet Arellano Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
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Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra en autos la pieza postal correspondiente al oficio 56485/2018, dirigido al Secretario de Educación Pública de la Ciudad de México, por el que se le notificó el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se declaró que causo estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia; se ordena reexpedir en envió de mayores dilaciones, para los efectos legales procedentes.
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DECLARACIÓN DE ESTADO. V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho con fundamento en el artículo 2º. de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a su lugar copias certificadas de la Ley de Bienestar Animal que el Congreso del Estado de Puebla, remitió como apoyo de su informe justificado, las cuales obra por separado en un cuaderno auxiliar anexo del presente expediente. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Guárdense por separado el original y duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que en primera instancia se desechó la demanda en el presente juicio de garantías y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación, exceso o defecto a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JANET ARELLANO CHÁVEZ, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DISPONE: Agréguese a los autos el oficio con anexos de cuenta. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del: 1. Oficio I-1769/2018 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, y, 2. copia del testimonio de la ejecutoria, pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 168/2018, la cual se recibió en este órgano jurisdiccional el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Comuníquese a las partes la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Es fundada la queja. SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, se provee: Respecto a la demanda promovida por Janet Arellano Chávez, por propio derecho, contra actos del Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla y otras autoridades. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 67 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla y por ende, la imposición de la multa aumentada y la comunicación a la Dirección General de Profesiones para la cancelación del título profesional, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XII del numeral 61, en relación con el diverso artículo 5 fracción I, todos de la Ley de Amparo que respectivamente disponen: "".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia...". El numeral transcrito establece, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, es decir, contra aquellas de naturaleza heteroaplicativa que se pretendan controvertir sin que en contra del gobernado se haya emitido un acto de aplicación, sino por su sola vigencia." Aquí es conveniente precisar que el Tribunal Colegiado no inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 32/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LASENTENCIA DEFINITIVA"1. Sin embargo, en ella condiciona que no se actualice un motivo manifiesto e indudable "si" (conjunción condicional) el juez realiza consideraciones interpretativas propias de la sentencia definitiva; lo que significa a contrario sensu, que sí puede determinarse si se actualiza o no ese motivo manifiesto e indudable "si" no se hacen consideraciones interpretativas de esa índole, para advertir claramente, sin argumentaciones profundas, la naturaleza de la norma reclamada. En el caso, de la simple lectura del texto de la disposición que se analizará es posible dilucidar si posee carácter autoaplicativo o heteroaplicativo; de ahí que es dable ponderar la efectiva actualización o no del supuesto legal de improcedencia, al ser innecesario acudir a una argumentación profunda, propia de la sentencia definitiva, por lo que en la especie no resulta aplicable dicha jurisprudencia. Ahora bien, en primer lugar se destaca que en la jurisprudencia P./J. 55/97,2 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: (i) Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada. (ii) Éste es consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. (iii) El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. (iv) La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. (v) Cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. (vi) Cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En ese orden de ideas, el artículo 67 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, que se reclama, dispone: "Artículo 67.- La violación de las disposiciones de esta ley y demás aplicables que de ellas emanen, por parte de quien ejerza la profesión de Médico Veterinario, Biólogo, o que de conformidad con la presente ley requiera de una certificación, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurra, ameritará aumento de la multa hasta en un cincuenta por ciento.--- Asimismo, se hará del conocimiento de la Dirección General de Profesiones de conformidad con el artículo 67 de la ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional.--- Las mismas sanciones se aplicarán a las Asociaciones Civiles legalmente constituidas cuyo objeto social esté relacionado con el bienestar animal o la protección de los animales, cuando incurran en actos u omisiones que deriven en maltrato a los animales". Del precepto transcrito se desprende que la violación de las disposiciones de la ley y demás aplicables que de ella emanen, por parte de quien ejerza la profesión de médico veterinario, biólogo, o que de conformidad con la propia ley requiera de una certificación, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurra, ameritará aumento de la multa hasta en un cincuenta por ciento y se hará del conocimiento de la Dirección General de Profesiones de conformidad con el artículo 67 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, y que las mismas sanciones se aplicarán a las asociaciones civiles legalmente constituidas cuyo objeto social esté relacionado con el bienestar animal o la protección de los animales, cuando incurran en actos u omisiones que deriven en maltrato a los animales. De tal forma, el artículo 67 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla no vincula al cumplimiento de un deber de la quejosa desde el inicio de su vigencia, pues su naturaleza es heteroaplicativa, ya que es necesario que incurra en un acto u omisión que vulnere alguna de las disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla y demás aplicables que de ella emanen, que amerite la imposición de una multa, para que la norma reclamada genere un impacto en su esfera jurídica, pues la sola entrada en vigor de la misma no le causa afectación alguna. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por mayoría de votos, en contra del voto particular del Magistrado Luis Manuel Villa Gutiérrez, el recurso de queja Q-93/2018, en sesión de seis de junio de dos mil dieciocho. Así, al haberse reclamado en el juicio de amparo el artículo 67 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, cuya naturaleza es heteroaplicativa, con motivo de su entrada en vigor y no de un acto de aplicación concreto, se actualiza, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII"". En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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