Janet Alicia Caballero Flores

Expediente 1014/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1014/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Janet Alicia Caballero Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda la constancia de correo electrónico que tiene adjunta la boleta de turno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, de la que se advierte que la legal incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional en los autos del juicio de amparo 1014/2023 en que se actúa, fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; de lo que quien suscribe se da por enterado y se encuentra en espera de recibir el acuse de recibo correspondiente del órgano de control constitucional en comento, así como la resolución que emita respecto de la competencia declinada. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por Janet Alicia Caballero Flores, con un anexo y siete copias del mismo, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. INCOMPETENCIA: Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo y del ocurso aclaratorio se advierte que la promovente reclama lo siguiente: ".La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria de la suscrita, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en la cuenta bancaria número 1229392909, con número de CLABE interbancaria 072730012293929093, aperturada en la citada institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE." Asimismo, señaló como diverso acto reclamado: ".La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra de la suscrita, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de cuenta bancaria número 1229392909, con número de CLABE interbancaria 072730012293929093, aperturada en la citada institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE." Asimismo, del escrito aclaratorio que ahora se provee, el promovente refiere que la cuenta bancaria número 1229392909, con número de CLABE interbancaria 072730012293929093, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, fue aperturada en la sucursal número 9211, ubicada en Boulevard Emiliano Zapata número 2151, El Vallado, código postal 80405, Culiacán Rosales, Sinaloa. Lo que así se advierte de la documental relativa al estado de cuenta que anexó al escrito aclaratorio de demanda. Ahora, quien esto suscribe considera necesario tener presente lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del texto transcrito se advierte que la competencia de los jueces de distrito se surte en razón de la ejecución del acto reclamado, de manera que será competente el juez con jurisdicción: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (primer párrafo); b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda (segundo párrafo); y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda (tercer párrafo). Al respecto, conviene mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, determinó, al analizar el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. La Segunda Sala en cuestión estimó que el aseguramiento de cuentas bancarias tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandamiento relativo, es decir, el lugar en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta; lo anterior, pues la orden de aseguramiento no produce por sí misma un cambio material en el mundo fáctico. Al respecto, invocó la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de ese Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, página 293, registro digital 207553, de contenido siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZÓ EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material". Por tanto, la citada Sala destacó que no debía atenderse al lugar en donde se emitió la orden de aseguramiento que constituya el primer acto de aplicación del precepto legal que le sirve de fundamento, toda vez que éste no puede considerarse como un acto de ejecución del mandamiento, pues para ello debía atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional. En ese sentido, concluyó que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra normas que autorizan el aseguramiento de bienes, con motivo de su aplicación consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 369, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." En atención a lo antes narrado y de conformidad con lo resuelto por la Superioridad, a juicio de este resolutor, la competencia para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, se surte a favor del juez del lugar en donde debe materializarse la orden reclamada, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico que, en el caso, es el Juzgado de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, en turno, por pertenecer al territorio donde ejerce jurisdicción y donde se llevó a cabo la apertura de la cuenta bancaria cuya orden de aseguramiento, inmovilización o bloqueo es la que se reclama en el juicio. Lo anterior se advierte, del capítulo del acto reclamado, ocurso aclaratorio y de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la promovente del amparo, como se asentó anteriormente, que la parte quejosa contrató la cuenta bancaria número 1229392909, con número de CLABE interbancaria 072730012293929093, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, misma que fue aperturada en la sucursal número 9211, ubicada en Boulevard Emiliano Zapata número 2151, El Vallado, código postal 80405, Culiacán Rosales, Sinaloa. Consecuentemente, la competencia por razón de territorio se surte en favor de quien tiene jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, tal como se sostuvo en la ejecutoria que dio origen a la contradicción de tesis 74/2011, previamente citada. De igual forma, en el caso no se está en el supuesto del referido segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito es "competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda"; ya que ese enunciado normativo no debe entenderse de forma aislada en el sentido de que la demanda puede presentarse ante cualquiera de los jueces de distrito del país, incluso ante aquellos cuyas demarcaciones no hayan tenido ni pueda tener ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, porque el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" De lo anterior se aprecia que la demanda de amparo indirecto se promoverá "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Por tanto, estimar que la ejecución de la orden de inmovilización y/o congelamiento de una cuenta bancaria irradia sus efectos a lo largo del territorio nacional, en cualquier sitio en el que la institución tenga presencia a través de establecimientos, sucursales y/o cajeros automáticos, o bien, a través del portal en línea, o incluso en cualquier sucursal en donde el quejoso acude a retirar dinero, o a solicitar información o dice desempeñar una actividad; dejaría al arbitrio de la parte quejosa decidir la competencia del juzgador que habrá de conocer del asunto, pues bastaría que acudiera a cualquiera de tales sitios o afirmara que en determinado sitio tiene actividades (aunque no sean las principales), para fincar la competencia por razón de territorio, lo que no sería acorde con las reglas competenciales previstas en la Ley de Amparo, pues, como se vio, debe atenderse "al Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Razonar en términos contrarios, implicaría inobservar la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es evidente que si en el caso existe prueba del domicilio de la sucursal en donde la quejosa realizó el contrato de apertura respectivo y existe evidencia documental que pone de relieve que su domicilio es en Culiacán, el juez legalmente competente es quien tiene jurisdicción en ese sitio, ya que la afectación directa que puede sufrir la promovente por la materialización del aseguramiento de su cuenta bancaria, será en ese lugar. Consecuentemente, si la apertura de la cuenta bancaria de la parte quejosa se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, se considera que la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno. Por tanto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, el expediente en que se actúa; solicitando comedidamente comunique si admite la competencia que le es declinada y acuse recibo vía interconexión. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. Notifíquese....

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 18-10-2023, POR NO ATENDER AL AVISO DE 30-10-2023: ... Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por la licenciada ********************, autorizada con facultades amplias de la parte quejosa, agréguese a los autos y en atención a su contenido, dígasele que no es procedente el cumplimiento de la prevención que intenta, ya que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que la expresión bajo protesta de decir verdad de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado debe realizarse por quien promueve la demanda; por tanto, es evidente que el escrito de cumplimiento de prevención debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación. En ese orden, la manifestación bajo protesta de decir verdad de un antecedente omitido en la presentación de la demanda constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, y no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante"; de ahí, lo improcedente del referido cumplimiento de prevención. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007285, que rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Por tanto, se advierte que se presentó el escrito de cuenta en el segundo día del plazo otorgado mediante auto de cuatro de octubre del año en curso, en consecuencia, a fin de no violar derechos fundamentales, sigue transcurriendo el término indicado, el cual se reanudará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que de no hacerlo así se hará efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de prevención. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182896, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito signado por ********************, ********************. Atento a su contenido, como lo solicitan, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que mencionan según aparezcan en autos, previa razón que de su recibo otorgue en autos para debida constancia, la persona que autorizó para recibirlas; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, se hace del conocimiento de los promoventes que el expediente en que se actúa se encuentra a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional para que realice la consulta correspondiente de dichas constancias. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto suscribe que los promoventes realizan diversas manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; sin embargo, resulta evidente que únicamente solicitan copias certificadas de diversas constancias. Notifíquese....

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