Jampier Alejandro León Valdés

Expediente 983/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
983/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Jampier Alejandro León Valdés

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, tres de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, a veinte de octubre de dos mil veintiuno Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por SALVADOR CASTAÑEDA IBARGÜEN en su carácter de defensor particular de JAMPIER ALEJANDRO LEÓN VALDÉS, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 983/2021. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." DESECHAMIENTO. Ahora hora bien, en el caso el quejoso reclama al JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno dictada en expediente 103/2021/CJP/CHOLULA del índice de la responsable, por medio de la cual resolvió confirmar el proveído de veinticinco de agosto dos mil veintiuno, a través del cual se negó la solicitud de audiencia de nulidad de datos de prueba en la carpeta de investigación FGEP/CDT/FECC/CORRUPCION.ESt-1/000274/2021 del índice del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación, Cuautlancingo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Asimismo, es necesario destacar que la naturaleza del acto recurrido inicialmente -auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno- no permite concluir que mediante su emisión se hubiera afectado materialmente algún derecho sustantivo tutelado constitucional o convencionalmente en favor de la parte quejosa; esto, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución del medio de impugnación promovido en su contra, ya que si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio -auto que desechó la audiencia de nulidad de datos de prueba-, igual consideración debe hacerse respecto a la resolución del recurso por medio del cual lo controvirtió -recuso de revocación-. De tal manera que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Como se destacó, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno dictada en expediente 103/2021/CJP/CHOLULA del índice de la responsable, por medio de la cual resolvió confirmar el proveído de veinticinco de agosto dos mil veintiuno, a través del cual se negó la solicitud de audiencia de nulidad de datos de prueba en la carpeta de investigación FGEP/CDT/FECC/CORRUPCION.ESt-1/000274/2021 del índice del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación, Cuautlancingo de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por lo que atento a la naturaleza del acto recurrido inicialmente -auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno-, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto al que se hace referencia -proveído que desechó la nulidad de datos de prueba-, no transgrede derechos fundamentales. En efecto, la circunstancia de que la autoridad responsable hubiera desechado la nulidad de datos de prueba solicitada; no le genera a la parte quejosa una afectación material en sus derechos humanos como son, entre otros, sus propiedades, libertad personal, posesiones, papeles, patrimonio y domicilio que amerite su análisis inmediato en esta vía. Por tanto, el promovente de amparo no está en aptitud jurídica de concurrir a la presente instancia constitucional, pues conforme a lo precisado, el acto reclamado no conlleva algún efecto material que trascienda a sus derechos sustantivos, de manera que no constituye un acto dentro de juicio que pueda reputarse de imposible reparación; esto, en virtud de que la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se resolvió confirmar el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, no le impide un correcto ejercicio del derecho de defensa. Pues en el caso, la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que aquellos que son de imposible reparación, se conciben como los que afectan materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, como en el caso acontece. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, el acto reclamado por la parte quejosa no afecta materialmente derechos sustantivos, pues en todo caso la afectación de la que alude es objeto, puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tales efectos señala y, como autorizado en los términos que indica al profesionista que cita. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del Secretario del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SE NOTIFICA POR LISTA EL DIVERSO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por SALVADOR CASTAÑEDA IBARGÜEN en su carácter de defensor particular de JAMPIER ALEJANDRO LEÓN VALDÉS, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 983/2021. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." DESECHAMIENTO. Ahora hora bien, en el caso el quejoso reclama al JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno dictada en expediente 103/2021/CJP/CHOLULA del índice de la responsable, por medio de la cual resolvió confirmar el proveído de veinticinco de agosto dos mil veintiuno, a través del cual se negó la solicitud de audiencia de nulidad de datos de prueba en la carpeta de investigación FGEP/CDT/FECC/CORRUPCION.ESt-1/000274/2021 del índice del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación, Cuautlancingo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Asimismo, es necesario destacar que la naturaleza del acto recurrido inicialmente -auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno- no permite concluir que mediante su emisión se hubiera afectado materialmente algún derecho sustantivo tutelado constitucional o convencionalmente en favor de la parte quejosa; esto, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución del medio de impugnación promovido en su contra, ya que si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio -auto que desechó la audiencia de nulidad de datos de prueba-, igual consideración debe hacerse respecto a la resolución del recurso por medio del cual lo controvirtió -recuso de revocación-. De tal manera que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Como se destacó, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno dictada en expediente 103/2021/CJP/CHOLULA del índice de la responsable, por medio de la cual resolvió confirmar el proveído de veinticinco de agosto dos mil veintiuno, a través del cual se negó la solicitud de audiencia de nulidad de datos de prueba en la carpeta de investigación FGEP/CDT/FECC/CORRUPCION.ESt-1/000274/2021 del índice del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación, Cuautlancingo de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por lo que atento a la naturaleza del acto recurrido inicialmente -auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno-, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto al que se hace referencia -proveído que desechó la nulidad de datos de prueba-, no transgrede derechos fundamentales. En efecto, la circunstancia de que la autoridad responsable hubiera desechado la nulidad de datos de prueba solicitada; no le genera a la parte quejosa una afectación material en sus derechos humanos como son, entre otros, sus propiedades, libertad personal, posesiones, papeles, patrimonio y domicilio que amerite su análisis inmediato en esta vía. Por tanto, el promovente de amparo no está en aptitud jurídica de concurrir a la presente instancia constitucional, pues conforme a lo precisado, el acto reclamado no conlleva algún efecto material que trascienda a sus derechos sustantivos, de manera que no constituye un acto dentro de juicio que pueda reputarse de imposible reparación; esto, en virtud de que la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se resolvió confirmar el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, no le impide un correcto ejercicio del derecho de defensa. Pues en el caso, la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que aquellos que son de imposible reparación, se conciben como los que afectan materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, como en el caso acontece. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, el acto reclamado por la parte quejosa no afecta materialmente derechos sustantivos, pues en todo caso la afectación de la que alude es objeto, puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tales efectos señala y, como autorizado en los términos que indica al profesionista que cita. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del Secretario del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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