James Paul Karabasz
Expediente 766/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- James Paul Karabasz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Se advierte que transcurrió el término legal sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo.- CAUSA ESTADO ACUERDO. Se declara que dicho proveído ha causado estado.- ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Se ordena el archivo de este expediente, como asunto concluido.- DESTRUCCIÓN. Se considera que es susceptible de destrucción.- FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, este acuerdo se firma de manera electrónica; por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva.- PREVENCIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR DOCUMENTAL. Se ordena prevenir a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger la documental que exhibió en el presente juicio, y en caso de no hacerlo, ésta será destruida.- Notifíquese y de manera personal a la parte quejosa.
- Principal
Se recibe escrito signado por ****, apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el juicio de amparo en que se actúa y designa autorizados. RECEPCIÓN ACTUARIAL. Se tiene por recibida la razón actuarial de cuenta, levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado federal, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de dos de los actuales, por los motivos que expone. A lo anterior se acuerda: NO HA LUGAR A DEVOLUCION DE DOCUMENTOS, Por lo que hace a la devolución de los documentos que solicita el apoderado legal de la parte quejosa, dígase que una vez que cause estado el juicio de amparo en que se actúa, se acordará lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia. .AUTORIZADOS. Respecto a la designación de los autorizados, dígase que se esté a lo acordado en auto de dos de diciembre del año en curso, a través del cual se le tuvo a las personas que menciona en su ocurso de cuenta como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA. Ante la imposibilidad que tuvo la Actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional de realizar la diligencia que le fue encomendada, con fundamento en el artículo 26, fracción llI inciso a), de la Ley de Amparo se ordena notificar a la parte quejosa el auto de dos de diciembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes hasta en tanto proporcione nuevo domicilio procesal en esta ciudad capital, para tal efecto.
- Principal
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.- Como está ordenado en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, por este medio se notifica a la PARTE LA PARTE QUEJOSA, la resolución dictada el DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en lo conducente dice: RECEPCIÓN DE ESCRITO. Visto el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento con el requerimiento que se le realizó en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y señala autorizados. SE AGREGA ESCRITO. Se ordena agregarlo para que surta los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene como autorizada de la parte quejosa a *****, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; y a *****, en términos restringidos, por no contar con cédula registrada en el sistema de referencia. Por cuanto hace a la autorización que realiza a sí mismo el promovente, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que figura en el presente juicio como quejoso directo y también como apoderado legal de *****. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. El Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA CALIDAD DE DEPOSITARIO. Quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Del citado precepto deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar tal aspecto el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido, en el caso en particular, el aquí quejoso, funge como depositario del bien inmueble embargado en el juicio de origen. Ahora bien, debe señalarse que el depositario judicial por sí mismo es un auxiliar de la justicia, y adquiere, en virtud de ese carácter, una posesión sujeta a los decretos judiciales de la autoridad respectiva; por lo tanto, el depositario puede pedir amparo, sólo cuando se trata del ejercicio de sus derechos personales o de sus funciones propias, que son las de guardián o de administrador de los bienes, pero fuera de estos casos, es decir, cuando los actos afecten a la propiedad y posesión de los bienes sujetos a la depositaría, solamente el propietario o el acreedor, en sus respectivos casos, son los que pueden hacer valer las acciones y defensas consiguientes. Conforme los criterios emitido por nuestro más Alto Tribunal de la Nación, Por tanto, el peticionario del amparo acude a esta instancia constitucional en su calidad de depositario, por lo que el inconforme carece de interés jurídico, toda vez que ese carácter no le faculta para impugnar actos que no inciden en la administración del inmueble embargado. Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que aquí se analiza, en cuanto a la calidad de depositario con la que se ostenta el promovente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, no declara la imposibilidad para cumplirlo ni ordena el archivo definitivo del asunto. De tal suerte que, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no le son aplicables las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, puesto que de hacerlo, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo, dejando de lado que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio constitucional. Luego, el acto reclamado consiste en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio sumario hipotecario *****, a través de la cual confirmó el auto de siete de octubre de dos mil veinte, en el que ordenó poner del inmueble garante, en posesión a la parte demandada en el juicio de origen; además que de los antecedentes que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad se advierte que se encuentra en ejecución de sentencia, por lo cual, no participa de ninguno de los supuestos de excepción para considerar procedente el juicio de amparo. En virtud de lo anterior, el acto reclamado no constituye, la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, pues no es el que determina el cumplimiento total o su imposibilidad para dar cumplimiento a lo sentenciado, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. En este orden de ideas, la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y el hecho de que en esa ocasión puedan reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia, que por la naturaleza propia del procedimiento como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una sentencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, vinculada con la diversa IV, del numeral 107, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RECEPCIÓN DE ESCRITO. Visto el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento con el requerimiento que se le realizó en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y señala autorizados. SE AGREGA ESCRITO. Se ordena agregarlo para que surta los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene como autorizada de la parte quejosa a *****, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; y a *****, en términos restringidos, por no contar con cédula registrada en el sistema de referencia. Por cuanto hace a la autorización que realiza a sí mismo el promovente, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que figura en el presente juicio como quejoso directo y también como apoderado legal de *****. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. El Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA CALIDAD DE DEPOSITARIO. Quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Del citado precepto deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar tal aspecto el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido, en el caso en particular, el aquí quejoso, funge como depositario del bien inmueble embargado en el juicio de origen. Ahora bien, debe señalarse que el depositario judicial por sí mismo es un auxiliar de la justicia, y adquiere, en virtud de ese carácter, una posesión sujeta a los decretos judiciales de la autoridad respectiva; por lo tanto, el depositario puede pedir amparo, sólo cuando se trata del ejercicio de sus derechos personales o de sus funciones propias, que son las de guardián o de administrador de los bienes, pero fuera de estos casos, es decir, cuando los actos afecten a la propiedad y posesión de los bienes sujetos a la depositaría, solamente el propietario o el acreedor, en sus respectivos casos, son los que pueden hacer valer las acciones y defensas consiguientes. Conforme los criterios emitido por nuestro más Alto Tribunal de la Nación, Por tanto, el peticionario del amparo acude a esta instancia constitucional en su calidad de depositario, por lo que el inconforme carece de interés jurídico, toda vez que ese carácter no le faculta para impugnar actos que no inciden en la administración del inmueble embargado. Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que aquí se analiza, en cuanto a la calidad de depositario con la que se ostenta el promovente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, no declara la imposibilidad para cumplirlo ni ordena el archivo definitivo del asunto. De tal suerte que, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no le son aplicables las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, puesto que de hacerlo, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo, dejando de lado que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio constitucional. Luego, el acto reclamado consiste en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio sumario hipotecario *****, a través de la cual confirmó el auto de siete de octubre de dos mil veinte, en el que ordenó poner del inmueble garante, en posesión a la parte demandada en el juicio de origen; además que de los antecedentes que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad se advierte que se encuentra en ejecución de sentencia, por lo cual, no participa de ninguno de los supuestos de excepción para considerar procedente el juicio de amparo. En virtud de lo anterior, el acto reclamado no constituye, la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, pues no es el que determina el cumplimiento total o su imposibilidad para dar cumplimiento a lo sentenciado, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. En este orden de ideas, la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y el hecho de que en esa ocasión puedan reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia, que por la naturaleza propia del procedimiento como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una sentencia. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, vinculada con la diversa IV, del numeral 107, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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