Jamber Palomares Rivera

Expediente 1387/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1387/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Jamber Palomares Rivera
  • Jamber Issoire Palomares Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el citado Tribunal Colegiado, en la queja administrativa 5/2022 de su índice; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber al quejoso JAMBER ISSOIRE PALOMARES BETANCOURT, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales J. P. R. y N. J. P. R., que el Tribunal de referencia declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto recurrido de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el citado Tribunal Colegiado, en la queja administrativa 5/2022 de su índice; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber al quejoso JAMBER ISSOIRE PALOMARES BETANCOURT, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales J. P. R. y N. J. P. R., que el Tribunal de referencia declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto recurrido de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del en que se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se remitió el oficio 4328-VII dirigido al Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal con residencia en Zapopan, Jalisco, a fin de que informara si autorizó el pago de honorarios EDUARDO CORONA LÓPEZ perito oficial, sin que hasta la fecha haya dado contestación a lo solicitado por este Juzgado. En consecuencia, gírese nuevamente atento oficio recordatorio al Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal con residencia en Zapopan, Jalisco, a efecto de que informe si autoriza el pago de los honorarios de EDUARDO CORONA LÓPEZ, en su carácter de perito oficial designado por este Juzgado de Distrito en el presente sumario, lo cual se le peticionó mediante oficio SEA/CAR/AR-TEP/1980/2021 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por conducto del Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit. Luego, para dar margen a lo anterior e integrar debidamente el presente expediente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la misma. NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos los escritos de cuenta signados por la Presidenta Municipal, Síndico y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 1314/2019; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese una copia a este expediente y una vez notificadas las partes del presente proveído, remítanse copia certificada de las constancias necesarias del presente juicio, y por separado los escritos originales de expresión de agravios y copia de los mismos, así como el informe correspondiente para que la Superioridad tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Luego, tomando en consideración que del estado que guardan los presentes autos no se advierte que la ejecutoria de amparo dictada en autos haya sido cumplida; por ende, la conducta contumaz de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento contravienen lo establecido en el artículo 192 de la Ley de amparo, el cual dispone: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. De la disposición normativa transcrita se advierte que su espíritu es el de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, las cuales deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. En ese tenor, corresponde a los Juzgadores de Distrito dictar las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el numeral de mérito, esto es, que los fallos protectores dictados en los órganos jurisdiccionales a su cargo sean debidamente cumplimentados sin demora. En ese sentido, es evidente la necesidad que existe para que éste juzgador se haga valer de nuevos métodos, que se traduzcan en herramientas efectivas a efecto de hacer cumplir el citado fallo protector. En razón a lo anterior, resulta oportuno traer a contexto lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en específico, su artículo 202, el cual a la letra señala: "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado." El numeral en cita, establece como regla general que en la administración municipal, ningún gasto público podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice, es decir, como regla general únicamente se podrá destinar el gasto público del Ayuntamiento, siempre y cuando ese gasto se encuentre autorizado en alguna partida del Presupuesto de Egresos Municipal. No obstante lo anterior, la regla antes citada tiene una excepción y esta se encuentra contenida en la segunda parte del primer párrafo del artículo transcrito, en la cual se establece que cuando el Ayuntamiento tenga que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, se puede hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen se dictó un laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional a reinstalar a la parte quejosa CATALINA MEJÍA ESQUEDA en el puesto que venía desempeñando, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita, sin que hasta el momento haya cumplido con la misma. En ese sentido, a efecto de cumplir con la obligación de mérito dicho Ayuntamiento puede destinar parte de su presupuesto a fin de cubrir los gastos que origine la reinstalación de la aquí quejosa y con ello, cumplir con la ejecutoria de amparo dicta en autos, sin que exista la obligación de que dicho gasto se encuentre destinado en alguna partida presupuestal, pues se trata de una obligación que surge con motivo de una resolución de naturaleza jurisdiccional. En razón a lo anterior, y en atención a la ejecutoria dictada en autos, se ordena al Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, requiera al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, por conducto de las autoridades que lo integran -Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y Regidores- a efecto de que realicen lo siguiente: - Para que en la sesión de cabildo relativa a la aprobación del presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2022, incluyan o aprueben indefectiblemente una partida presupuestal para el cumplimiento de obligaciones generadas por resoluciones de carácter jurisdiccional, la cual deberá ser basta y suficiente a efecto de que con el monto que sea aprobado en dicha partida, se cumpla con todas las obligaciones económica surgidas con la emisión del laudo dictado en el expediente laboral 132/2015. - Lo anterior implica, que el monto aprobado deberá cubrir de forma total, los gastos que se generen con la reinstalación de la parte actora. Luego, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se requiere a las autoridades que conforman al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit - Presidente Municipal, Síndico y Tesorero- para que una vez que sean notificadas de la determinación que emita el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit -relativa a la sesión de cabildo para el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 132/2015- cumplan con dicho requerimiento, asimismo, deberán informar las gestiones que se encuentren realizado a efecto de cumplir con el requerimiento de mérito, debiendo acreditar dichas gestiones con constancias debidamente certificadas. Se apercibe al Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje y a las autoridades municipales de referencia que de no cumplir con el requerimiento de mérito sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por último, cabe precisar que el requerimiento de mérito no implica que la autoridad laboral tenga que actualizar -a la fecha en que se dicta el presente proveído- las cantidades a las que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el juicio laboral de origen, sino que únicamente se deberá tomar en consideración la cantidad o cantidades que se encontraban determinadas, liquidadas o actualizadas al momento de emitirse el fallo protector dictado en autos, es decir, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, toda vez que los efectos de la ejecutoria de amparo dictada en autos se constriñen en función del acto reclamado, al momento de emitirse la sentencia respectiva, sin tener el alcance de atender cuestiones futuras, que no prevalecían al momento de la emisión de dicha ejecutoria de amparo, pues actuar de forma distinta implicaría incorporar elementos novedosos para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones que no fueron motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2771, del Libro III, Tomo 4, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de dos mil once, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". De igual forma, es aplicable por las razones que la informan la tesis 2a. XCVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 646, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS, DEBEN CONSIDERARSE ACATADOS LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO AUNQUE NO SE HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SI EL DICTADO DE ÉSTA NO FUE UNO DE SUS EFECTOS. Cuando los efectos de la concesión del amparo no vinculan a la autoridad responsable a dictar una resolución que ponga fin al procedimiento, sino que se limitan a la reparación de la violación cometida en la etapa específica en la que se cometió, es innecesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia concesoria del amparo. En este tenor, si la sentencia de amparo es clara en determinar que el alcance de la protección federal se limita a la etapa específica donde se cometió la violación procesal, las nuevas violaciones que llegaran a producirse, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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