Jalil Arlene Ix Benítez
Expediente 37/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jalil Arlene Ix Benítez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió el juicio amparo 37/2017 promovido por ****, e informa que el Juzgado de su adscripción confirmó la competencia planteada a su favor. En ese contexto, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como lo dispuesto en los artículos Segundo, fracciones XVI y XX, Décimo Primero, párrafo segundo y Vigésimo, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se ordena el archivo definitivo de este cuaderno de antecedentes, que por tener carácter de expediente auxiliar, carece de valor jurídico e histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el nueve de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de tres de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la quejosa Jalil Arlene Ix Benítez reconoció haber firmado el escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el dos de febrero de dos mil diecisiete y ratificó su contenido en consecuencia, al respecto se provee lo siguiente: Se tiene a la parte quejosa precisando cuál es acto reclamado en esa instancia constitucional; señalando como autoridades responsables a la Secretaría de Gobernación y Director del Periódico Oficial de la Federación y, exhibiendo las copias necesarias para correr traslado a las partes; esto es dando cumplimiento al requerimiento de que fue objeto y por ello se provee lo siguiente: Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la promovente del juicio señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Actos Reclamados: De lo anterior, así como del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, esencialmente consiste: en la aprobación del articulo décimo segundo transitorio de Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete; numeral que establece la forma en la que se determinarán los precios al público respecto de la gasolina y el diésel; circunstancias que se encuentran contenidas en el acuerdo número A/059/2016, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, como el acto reclamado deriva de una disposición emitida por un órgano encargado de regular la materia energética en el País, conviene realizar algunas precisiones en torno a las reformas en materia energética. El dos de diciembre de dos mil doce, se firmó por el Presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del país, el denominado "Pacto por México, el cual se compone de cinco acuerdos, de los que destacan para el tema que nos ocupa, el de "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". En dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se planteó la creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, con el fin de dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. En dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo, para lo cual se señaló que se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. De igual forma, el once de junio de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre otros el artículo 28 Constitucional de cuya iniciativa destaca lo siguiente: "Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: (...) Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38). Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general (...) Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible.' El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. ... Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas.". De dicha reforma constitucional es posible determinar la creación de la rama del derecho económico regulatorio y dentro de este el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. El veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, de lo que destaca la adición al artículo 28 de la Constitución, a través del cual se crea la Comisión Reguladora de Energía. Expuesto lo anterior, resulta importante mencionar que de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los asuntos en materia administrativa que ahí se prevé. Dicho precepto señala: En relación con la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, conviene conocer el contenido de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 5/2014 pronunciada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, donde el referido Pleno de Circuito determinó los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la competencia de esos juzgados especializados. Ahora bien, como se ha dicho en los párrafos precedentes, respecto de los actos aquí reclamados corresponde conocer a los juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, a través del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de dicho acuerdo, emitido por la Comisión Reguladora de Energía y publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero dos mil dieciséis, pues esta´ vinculado con un tema de competencia económica, ya que involucra el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para al efecto de garantizar y lograr a la postre la competencia efectiva en el mercado, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de este, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; de ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de esa resolución con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los citados órganos judiciales especializados. Sin que sea óbice a lo anterior, que los actos reclamados se atribuyan a diversas autoridades administrativas, ya que si bien se trata de autoridades administrativas, también lo es que se trata de actos reclamados con el tema de competencia económica, lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados. Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido; por eso se determina, que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el treinta de enero de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinticinco de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito aparentemente signado por la quejosa Jalil Arlene Ix Benítez, mediante el cual pretente desahogar la prevención formulada en auto de dieciséis de enero del año en curso (fojas 20 a 23). Atento a ello, y previo a dictar acuerdo conforme derecho proceda y toda vez que el escrito que nos ocupa, presentado aparentemente por la quejosa Jalil Arlene Ix Benítez, existe notoria discrepancia tanto en gestos gráficos como en estructura, entre la firma que lo calza, con la que aparece plasmada a foja diecisiete del escrito inicial de la demanda, a efecto de dar certeza y seguridad jurídica a las partes en este proceso, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, para que, al que le corresponda, se constituya en el domicilio que señaló la quejosa para oír y recibir notificaciones y la requiera que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, previa identificación, a ratificar el escrito de mérito, advirtiéndole que quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial incurren en los delitos previstos en el capítulo III del Título Quinto de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta y se acordará lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 202 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 165, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.".
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