Jairzinho Rodríguez Soto y Otros.

Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
653/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Jairzinho Rodríguez Soto
  • Jairzinho Rodríguez Soto y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ y NO AMPARA NI PROTEGE en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En tal virtud, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, hágase la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, procédase a su depuración, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario licenciado Salvador Vázquez Galeana, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Ello, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por el similar 01/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

  2. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado jurídico procesal que guardan los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, en específico el proveído de esta fecha, en el que causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio principal 653/2020; a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, y dado que en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), segundo párrafo, del referido Acuerdo General; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses a partir de esta data, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Notifíquese. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario licenciado Salvador Vázquez Galeana, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Ello, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por el similar 01/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 653/2020, promovido por Jairzinho Rodríguez Soto y Elizabeth García Martínez; contra actos de quien señalo como responsable Jueces de Control con Competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Los Bravo, residente en esta ciudad, y otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado el diecinueve siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, Jairzinho Rodríguez Soto y Elizabeth García Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: El agente del Ministerio Público del Fuero Común en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo. residente en esta ciudad. Jueces de Control con Competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Los Bravo, residente en esta ciudad. Ejecutoras: Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado. residente en esta ciudad. Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado. Coordinación General de la Policía Ministerial, adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo. ACTO RECLAMADO: "A) A la primera autoridad señalada como responsable le reclamamos la ilegal e inconstitucional orden de presentación que pudiera haber librado en nuestra contra. B) A la segunda autoridad responsable le reclamamos la ilegal e inconstitucional orden de aprehensión que pudiera haber librado en nuestra contra. C) A las cuartas autoridades señaladas como responsables les reclamo cualquier acto habido y por haber tendientes a ejecutar la orden de presentación o aprehensión librada en nuestra contra por las primeras de ellas, con el fin de privarnos de nuestra libertad." Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos humanos establecidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se tuvo recibida la demanda de amparo y se ordenó registrar en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo 653/2020, se admitió a trámite, consecuentemente se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el directo quejoso reclama de las autoridades la orden de traslado del Centro de Reinserción con residencia en esta ciudad capital, en que actualmente está interno a otro diverso. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que el quejoso se duele de: Respecto del Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad. (denominación correcta) La orden de presentación girada en su contra; y Respecto a la ordenadora señalada como Jueces de Control con Competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Los Bravo, residente en esta ciudad. La orden de aprehensión girada en su contra; y De las señaladas como ejecutoras, reclaman; La ejecución a dichas ordenes. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura, se tiene que las responsables Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de los Bravo, y por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Coordinación Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, y en representación del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto que les atribuyó la parte quejosa (orden de presentación). En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, Página 763, Materia Común, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. "La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los actos atribuidos a las responsables. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las responsables, en relación con la existencia del acto que de ellas reclaman, es dable concluir que dicho acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo XLIII, primera parte, página 181, siguiente: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, respecto de la orden de aprehensión atribuida a la autoridad responsable ordenadora señalada como Jueces de Control con Competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Los Bravo, residente en esta ciudad, y dada la omisión de rendir el informe justificado solicitado, no obstante de estar debidamente notificado para ello, lo procedente es presumir cierto el acto atribuido por los impetrantes del amparo, ello, con fundamento en lo que dispone el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." [Énfasis añadido] Presunción de certeza que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables señaladas con el carácter de ejecutoras Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Coordinación Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, y en representación del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, residentes en esta ciudad, ya que, con independencia de que hayan negado la existencia del acto atribuido (orden de aprehensión) al rendir sus respectivos informes con justificación, dada la naturaleza del acto al reclamado al Juez de Control, es natural que en cualquier momento puedan recibir la orden de ejecución correspondiente. SEXTO. Análisis de causas de Improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De ese modo, este órgano de control constitucional no advierte la actualización de algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, ni la alegación por las partes en ese sentido, por tanto, se procede al estudio del acto reclamado como sigue. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación enderezado, se tiene por reproducido en este considerando, sin que resulte necesaria su transcripción, atendiendo a lo establecido en los artículos 74, fracción II y 76 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación expuestos por los quejosos. En efecto, tal como quedó precisado en el considerando segundo de este fallo, el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora denominada Jueces de Control con Competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Los Bravo, residente en esta ciudad, se hizo consistir en la orden de aprehensión, girada en su contra. Resulta pertinente destacar que en el presente asunto operó la presunción de certeza de tales actos reclamados respecto de la citada autoridad, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Es así, de conformidad con dicho precepto legal, la falta de informe justificado de las autoridades responsables establece la presunción de ser ciertos los actos reclamados, empero, se reitera, queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dichos actos no sean violatorios de derechos humanos en sí mismos. En el caso concreto, los impetrantes del amparo no ofrecieron prueba alguna tendente a demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión, y su ejecución, carga procesal que le correspondió en términos del numeral señalado con antelación, dado que, a juicio de quien esto resuelve, tales actos de autoridad no son de aquéllos que se puedan considerar violatorios de derechos fundamentales o inconstitucionales en sí mismos, pues se trata de una conducta positiva atribuida por cuanto hace a su emisión, a una autoridad jurisdiccional, por lo que, para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad es necesario atender a los motivos, datos o medios de pruebas en que se haya fundado su emisión. Por tanto, definitivamente era obligación de la parte quejosa justificar la inconstitucionalidad de dicha orden, ya que la circunstancia de que se hubiera presumido su certeza, en términos de la norma jurídica invocada, le imponía tal carga probatoria, por así estar estatuido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Tomo IX, de Febrero de 1992, Página 69, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme." De igual forma, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Sexta Parte, Materia(s): Penal, página 172, Séptima Época, con registro 253141, de la literalidad siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. PRUEBAS EN EL AMPARO NECESARIAS PARA DETERMINAR SU LEGALIDAD. Para que el Juez de Distrito esté en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una orden de aprehensión emanada de una autoridad judicial, es necesario que tenga a la vista todas las constancias que sirvieron de motivación y fundamentación a ese acto, por lo que cuando la autoridad responsable omite remitir esas probanzas y el quejoso tampoco las aporta en su totalidad, sino sólo exhibe algunas de ellas, el Juez Federal se encuentra impedido para examinar el fondo del problema planteado, dado que la referida orden no es inconstitucional en sí misma, por provenir de una autoridad que, conforme al artículo 16 constitucional, es la facultada para girarla y, por lo mismo, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Amparo, el agraviado tuvo a su cargo demostrar que ese mandamiento violaba en su perjuicio sus garantías individuales, aportando al juicio constitucional todos los elementos en que se basó el Juez del sumario para expedirlo." [Énfasis añadida] Así también, por su contenido, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo LXXIVA, Página 200, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EFECTOS DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO, TRATÁNDOSE DE LA. Si bien el artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que la falta de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, ese precepto previene también, que queda a cargo del quejoso, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no es violatorio de garantías, en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Ahora bien, la orden de aprehensión dictada por autoridad judicial, no es un acto inconstitucional, en sí mismo, y por tanto, si la autoridad no rinde informe, el quejoso debe probar su inconstitucionalidad, y si lo hace, debe negarse la protección federal." [Lo subrayado es propio] Sin que en el caso, en aplicación del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, hubiere existido la obligación por parte de este Juzgado de recabar de oficio las pruebas necesarias para resolver en el presente juicio, pues dicha norma no resulta aplicable ante la falta de informe justificado de la autoridad responsable, puesto que la propia Ley de Amparo, prevé la forma en que debe procederse para los efectos de la resolución del asunto, en los términos que se precisaron con anterioridad. Es aplicable a lo expuesto, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo V, de Febrero de 1997, Página 108, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." (Lo subrayado es propio). No obsta que en los criterios antes citados, se refieran a los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo abrogada con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, en razón a que los artículos antes citados son similares, en lo conducente, a los numerales 75 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, por tanto, resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la legislación en vigor. Entonces, al haber resultado infundados los conceptos de violación que se hicieron valer, sin que este órgano de control constitucional advierta que existió alguna violación manifiesta de la ley contra los impetrantes del amparo, que amerite, por ende, suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución General de la República, vinculado con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades designadas con tal carácter, toda vez que no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación a lo anterior en lo conducente la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." OCTAVO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veinte de octubre de dos mil veinte, mismo que fue notificado mediante lista publicada el veintiuno siguiente, como se constata de la foja catorce vuelta de actuaciones. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XI, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción X, 62 y 63, fracción V, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Jairzinho Rodríguez Soto y Elizabeth García Martínez, por propio derecho contra el acto que reclamó de las autoridades especificadas en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos establecidos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ....... contra el acto reclamado a la autoridad ordenadora señalada como Jueces de Control con Competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Los Bravo, residente en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión, y su ejecución atribuida a las diversas autoridades ejecutoras, por las razones y fundamentos vertidos en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a la parte quejosa Jairzinho Rodríguez Soto y Elizabeth García Martínez, la suspensión definitiva que solicita en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 653/2020-II, contra el acto reclamado de las responsables señaladas en el resultando primero, en términos del considerando único de esta resolución interlocutoria.

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