Jairo Omar Romero Andrade
Expediente 854/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jairo Omar Romero Andrade
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Por recibido el oficio de cuenta, visto su contenido y atendiendo al proveído de ocho pasado donde se ordenó notificar al promovente ******************** por la lista que publica este Tribunal Colegiado Civil el auto de veintiocho de noviembre dictado en el amparo indirecto 1743/2017-I por la secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, encargada del despacho, y se dijo además que sin necesidad de nuevo acuerdo se remitieran las constancias respectivas vía electrónica, actuación realizada para la actuaria adscrita el once pasado, tal como se desprende de la constancia generada de manera electrónica, agréguense únicamente para que obren como corresponda el citado oficio de cuenta. Atendiendo al estado de autos, devuélvase al archivo el presente asunto, tal como está ordenado en auto de cinco de diciembre pasado.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, recibido en este órgano colegiado en el módulo de promociones electrónicas; como lo solicita el juzgado de Distrito oficiante, notifíquese al promovente ************** por la lista que publica este Tribunal Colegiado Civil el proveído de veintiocho de noviembre dictado en el amparo indirecto 1743/2017-I-por la secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, encargada del despacho, debiendo además, requerirlo para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, las de carácter personal se practicarán por las lista que publica dicho juzgado de Distrito. Hecho lo cual sin necesidad de nuevo acuerdo, remítanse las constancias respectivas vía electrónica sin que en el caso sea necesario solicitar el acuse el recibo correspondiente, ya que se genera de manera automática. Atendiendo al estado de autos, devuélvase al archivo el presente asunto, tal como está ordenado en auto de cinco de diciembre pasado.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROVEÍDO DE OCHO DE ENERO PASADO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A JAIRO OMAR ROMERO ANDRADE, EL PROVEÍDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1743/2017 POR EL JUEZ DÉCIMOCUARTO DE DISTRO EN EL ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. COMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo directo ************* de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por *************por propio de derecho, al que adjunta el a) toca de apelación ************* del índice de la Primera Sala Regional Colegiada Civil de Tlalnepantla, México; el b) juicio ordinario civil ************* del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; c) primer testimonio de la escritura pública número *************de treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cinco (1975); d) seis tomos de copias certificadas relativas al expediente número ************* del índice del Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México; e) dos tomos de copias certificadas relativas al juicio ordinario civil ************* del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; f) un tomo de copias certificadas relativas a la causa penal ************* y su acumulada *************del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México; g) un tomo de copias certificadas relativas al juicio ordinario civil ************* del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México; h) un tomo de copias certificadas del juicio ordinario civil ************* del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México; i) copia simple del escrito signado por ************* dirigido al Juez Trigésimo Quinto Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en los autos de la causa penal ************* constante de dos fojas; j) copia simple del escrito signado por ************* dirigido al Juez Sexto de lo Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los autos del juicio ordinario civil ************* constante de una foja; k) copia simple del escrito dirigido al Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, en los autos del expediente número ************* constante de una foja; l) copia certificada de la escritura número ************* oficio número treinta y uno (31), de ocho de enero de dos mil catorce; m) constancia del Instituto de la Función Registral del Estado de México, de anotación preventiva de demanda en dos fojas; n) contrato de compraventa celebrado por una parte ************* y por la otra ************* de once de diciembre de dos mil catorce, constante de dos fojas; y ñ) convenio de rescisión de contrato de compraventa celebrado por una parte ************* y por la otra *************de diecinueve de febrero de dos mil quince; del que se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Presidente del Órgano Colegiado, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda. ANOTACIONES Atento a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto; por lo que, remítase el acuse de recibo correspondiente a través del sistema de interconexión, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de juicio de amparo 1743/2017-I-A, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En vista del volumen de las referidas constancias, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, fórmense cuadernos de pruebas en once tomos por separado. DESECHAMIENTO Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63, de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis integral de la demanda, el acto reclamado en la presente instancia se hace consistir en: La resolución de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Presidente de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, México, en los autos del toca *************de su índice, a través de la cual determinó revocar la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida en el juicio ordinario civil ************* de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para el efecto de que deje insubsistente la fase de alegatos y citación para sentencia, dejándose validas todas las demás actuaciones por los que ya litigaron (foja 56, del tomo de pruebas II). En la especie, se advierte que el presente juicio es improcedente por actualizarse la causa que se deriva de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el señalado en segundo término aplicado a contrario sensu, mismos que establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) "170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.--- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.--- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.--- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." De los artículos en cita se advierte que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el juicio de amparo directo siempre y cuando tales violaciones afecten derechos sustantivos de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Del contenido del artículo 107, fracción V, en concordancia con el diverso 170, ambos de la Ley de Amparo, evidencian que la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional debe ser analizada, en principio, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad en las materias en donde sea exigible esta disposición o, inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto cuando afecten derechos sustantivos del quejoso, pues en esos casos, existen criterios que consideran a tales actos como de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, por excepción, el juicio de amparo indirecto era procedente si los efectos de los actos procesales reclamados fueran de imposible reparación, considerando como tales a aquellos actos en que sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. De no actualizarse dicho supuesto, el juicio de amparo biinstancial será improcedente y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida, a través del juicio de amparo directo, según lo disponen los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Ello aun cuando pudiera considerarse que los actos reclamados causen una afectación en grado predominante o superior pues no dejan de ser violaciones procesales que pueden ser reparadas obteniendo una sentencia favorable, además de que son impugnables a través del amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, en caso de que sea desfavorable a los intereses del quejoso. Se cita como apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". El artículo 107, fracción III inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley de Amparo, en el artículo 107 fracción V, define los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, entre otros, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos o el arresto. Ese criterio fue sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En el caso concreto, el quejoso ************* reclama la resolución de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Presidente de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, México, en los autos del toca *************de su índice, a través de la cual determinó revocar la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida en el juicio ordinario civil ************* de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para el efecto de que deje insubsistente la fase de alegatos y citación para sentencia, dejándose validas todas las demás actuaciones por los que ya litigaron (foja 56, del tomo de pruebas II) Tampoco se trata de una violación que se haya consumado irreparablemente, pues una vez que la el juzgado del conocimiento, realice lo ordenado por la Sala responsable, lo cual no se relaciona con derechos sustantivos sino procesales, todavía existe la posibilidad de que la parte aquí quejosa pueda obtener una resolución favorable a sus intereses al final del juicio de origen; en consecuencia, al no tratarse de una violación que no pueda ser remediada con el dictado de una sentencia favorable, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues cualquier violación que pudiese acaecer con la reposición del procedimiento puede hacerla valer como violación al procedimiento al impugnarse la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo. Por tanto, se estima que la reposición del procedimiento decretada por la Sala responsable no se trata de un acto de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos de la quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No pasa inadvertido para este Juzgado Federal el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de la Nación, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 2005, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 199, cuyo rubro y texto dicen: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Sin embargo, para que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento sea impugnable en amparo indirecto, debe verificarse si en el caso particular se satisface la característica de ser un acto de imposible reparación; dicho de otra forma, debe corroborarse que las consecuencias de la determinación que ordene reponer el procedimiento tengan una afectación de imposible reparación como sería la anulación de actuaciones procesales ya practicadas o el desahogo de pruebas que pudieran ser imposible de recabar (por ejemplo, el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio, la destrucción de documentos o, la admisión y desahogo de una prueba pericial en materia de genética), casos en los que la resolución en cuestión sí implicaría una afectación de imposible reparación. Por lo que, en el caso en concreto no sucede, toda vez que en la resolución que se tilda de inconstitucional, en el presente juicio de amparo determinó lo que aquí interesa: ". SEGUNDO. Se ordena al juez del conocimiento, adopte todas las medidas necesarias para que efectúe el emplazamiento en la persona de *************, como litisconsorte pasivo necesario dando oportunidad al mismo de defenderse interviniendo en todas y cada una de las etapas procesales; dejando subsistente todo lo actuado por quienes ya litigaron. ." Aunado a lo anterior, la suscrita estima que se está ante una excepción a la hipótesis prevista en la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Agosto de 2016, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1180, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Lo anterior es así, ya que este juzgador estima que en el caso en concreto no es aplicable dicho criterio, esto debido a que la Primera Sala Regional Colegiada Civil de Tlalnepantla, México, al rendir su informe justificado, anexó el toca de apelación ************* de su índice y el juicio ordinario civil ************* del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en virtud de que la demanda de que se trata fue presentada inicialmente en la vía directa, y ante le incompetencia del Primer Tribunal Colegiado Civil del Segundo Circuito, éste remitió los referidos anexos a este órgano jurisdiccional, lo que trae como consecuencia que la suscrita pueda conocer si la resolución reclamada tiene o no efectos meramente procesales que le permitan determinar su desechamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada VI.3o.C.1 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Agosto de 2017, página 2827, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A LA VISTA LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO, DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ACOMPAÑARON A SUS INFORMES JUSTIFICADOS, ESTÁ EN APTITUD DE DETERMINAR SU DESECHAMIENTO [EXCEPCIÓN A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia citada, de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", sostuvo que para la procedencia de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado sea una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen sobre los efectos concretos que produce, tanto en las personas como en las cosas, sin que esto pueda efectuarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento no se cuenta con las constancias necesarias para poder llegar a tal determinación. Sin embargo, existe un caso de excepción que se actualiza cuando el Juez de Distrito tiene a la vista las constancias que obran en el juicio generador del acto reclamado, de primera y segunda instancias que las autoridades responsables hubieran acompañado a sus informes justificados, en virtud de haberse presentado inicialmente la demanda de amparo en la vía directa y ante la incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitiera con sus anexos al Juzgado de Distrito en turno; lo que trae como consecuencia que dicho juzgador pueda conocer si la resolución reclamada que ordena reponer el procedimiento, tiene o no efectos meramente procesales que le permitan determinar su desechamiento. De ahí que la reposición ordenada por la Sala responsable sea para que el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, revoque la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida en el juicio ordinario civil ************* de su estadística, y deje insubsistente la fase de alegatos y citación para sentencia, dejándose validas todas las demás actuaciones por los que ya litigaron, acto que no es de imposible reparación al no afectar derechos fundamentales de la quejosa; además, la reposición de un procedimiento no implica necesariamente la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que debe atenderse a la situación jurídica concreta y los efectos que produce la reposición del procedimiento, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la que fue revocada. Luego, tomando en consideración que el acto reclamado en el juicio consistió en una resolución de segunda instancia que determinó revocar la de primera para los efectos precisados y reponer el procedimiento, sin que tales efectos constituyan actos de ejecución irreparable o de imposible reparación al no afectar directamente los derechos fundamentales de la parte quejosa que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales como acontece, pues la afectación que pudiera actualizarse quedaría destruida con el hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones. El criterio anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 29, abril de 2016, tomo III, página 1902 que a la letra dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En tales condiciones, atento al contenido de la resolución reclamada se aprecia que las consecuencias no implicarán una afectación de imposible reparación; de ahí que se estime que en el caso concreto sea inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro anteriormente indicado. Sirve de apoyo por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 1180, que a la letra dice: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva.". Consecuentemente, al advertirse en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el señalado en segundo término aplicado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Y AUTORIZADOS En consecuencia, gírese oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, para que notifique a la parte quejosa, el presente proveído a través de lista que se publica en los estrados de dicho órgano colegiado, y hecho lo anterior remita las constancias que así lo acrediten. Asimismo, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Asimismo, se tiene por autorizada con las facultades que señala el artículo 12, de la ley de la materia, a *************, toda vez que, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, se tiene por autorizados para oír y recibir toda clase de citas, y notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a *************toda vez que no acreditan que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese como esta ordenado a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Miriam Moreno García, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, encargada del Despacho en términos del artículo 43 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica del titular, otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete; ante el Secretario que autoriza y da fe, Salvador Leyva Nava, a quien faculta para firmar el oficio correspondiente.
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