Jairo Manuel Martínez Gabriel

Expediente 430/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
430/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Jairo Manuel Martínez Gabriel

Actuaciones

  1. Principal

    pral.430/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ***interpusiera recurso de queja contra la resolución de once de abril de dos mil veintidós, por la cual se desechó su demanda de amparo, no obstante su notificación el veintidós siguiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de once de abril de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL.430/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el ocho de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en la misma fecha en este órgano jurisdiccional, promovida por ***, por propio derecho, contra actos del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 430/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El precepto normativo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no se cumpla con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual establece que previo a acudir a la instancia constitucional el gobernado (quejoso) debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto reclamado establezca para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Es decir, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defesa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Asimismo, dispone que las únicas excepciones a esa causa de improcedencia específica, son: 1) que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) si el quejoso es una persona extraña al procedimiento; 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y 5) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, entonces el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: a) Alma Patricia Acevedo Díaz demandó en la vía de controversias del orden familiar a Jairo Manuel Martínez Gabriel, la guarda y custodia provisional y definitiva de sus menores hijos de iniciales C.M. y S., de apellidos Martínez Acevedo, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. b) Demanda que correspondió conocer al juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el que el quince de julio de dos mil veintiuno fijó como pensión alimenticia provisional el sesenta por cierto de su sueldo y demás prestaciones. c) El veintiocho de febrero de dos mil veintidós Jairo Manuel Martínez Gabriel promovió ante el referido juez el "incidente de reducción y modificación de la medida provisional de pensión alimenticia". d) El diecisiete de marzo de este año el juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con base a lo solicitado por el quejoso, determinó: ".NO ES DABLE DAR TRÁMITE AL INCIDENTE QUE PLANTEA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE LO HACE, TODA VEZ QUE AÚN NO EXISTE SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONGA FIN AL JUICIO, pues en caso contrario, se distorsionaría la naturaleza del mismo, prejuzgando incluso sobre la valoración de las pruebas incorporadas al proceso, acto procesal éste que de manera estricta debe darse al pronunciar la sentencia respectiva, por lo que una vez que el presente juicio se encuentre en estado de dictar sentencia esta autoridad estará en condiciones de valorar el material probatorio aportado por las partes y pronunciarse respecto a la modificación de la pensión alimenticia provisional, aumentando, disminuyendo o en su caso manteniendo la pensión alimenticia decretada de acuerdo a la valoración de las pruebas aportadas por los litigantes. Además que la pensión alimenticia vigente es meramente provisional, pues su vigencia está sujeta ahora al dictado de una sentencia, por lo que no constituye una determinación firme ya que es susceptible de modificarse al momento en que este juzgador, atendiendo a las pruebas admitidas a los litigantes y que serán valoradas oportunamente, se pronuncie sobre el fondo del asunto, resolución en la que se determinará de manera concreta sobe la capacidad económica del deudor alimentista de acuerdo a lo evidenciado en autos y la necesidad de los acreedores alimentarios como lo estatuye el artículo 158 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca; por ende, se reitera, dicha pensión alimenticia provisional para sus descendientes debe subsistir hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal.". (Resolución que constituye el acto reclamado) Los artículos 666, 670, 673, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia. Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo". Los artículos transcritos contemplan el recurso de apelación, que tiene por objeto que el Tribunal de Alzada confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; en caso de revocar la resolución impugnada, se debe ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y transcienda al resultado del fallo; en el entendido que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos y que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Por su parte, el numeral 973 del código adjetivo en consulta señala que en materia de alimentos el recurso de apelación procede en el efecto devolutivo; asimismo, que las resoluciones sobre alimentos que fueren apelables, se ejecutarán sin fianza, sin embargo, tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Bajo ese contexto, del análisis de dichos preceptos legales y del acto reclamado, se concluye que el acto reclamado por el quejoso puede impugnarse mediante el recurso de apelación, de conformidad con los normativos transcritos, ya que el auto que reclama se funda en el hecho de que el juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en esencia, determinó improcedente el trámite del incidente de reducción y modificación de pensión alimenticia provisional, al señalar que aún no existe sentencia definitiva que ponga fin al juicio. De ahí que el proveído de diecisiete de marzo de este año, dictado en el expediente familiar 278/2021, tiene fuerza de definitivo, al abordar un aspecto que no será materia de estudio al dictar sentencia definitiva, pues ésta si bien se ceñirá a la fijación de pensión alimenticia, lo cierto es que será respecto de la definitiva, lo que puede generar al quejoso un perjuicio de difícil reparación, dado que mientras dure el procedimiento seguirá pagando el sesenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones, como pensión alimenticia provisional. En consecuencia, si el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso de apelación, resulta inconcuso que el quejoso previamente a promover la instancia constitucional, debió agotar el recurso ordinario aludido, para así observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que se surta alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del referido normativo, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; además de que el quejoso no se ostenta ni tiene el carácter de persona extraña al procedimiento. Consecuentemente, se insiste, el juicio de amparo es improcedente en la medida en que el acuerdo reclamado, que impide tramitar la modificación o reducción de la pensión alimenticia provisional, se trata de un proveído que tiene fuerza de definitivo, pues el gravamen que le genera al quejoso no se abordará al dictar sentencia definitiva, sin que se actualice excepción alguna al principio de definitividad. Con la precisión que la decisión de desechar la demanda se basa también en que el auto reclamado no es aquél en el que se fijó una pensión alimenticia provisional, la cual es de carácter urgente y transitoria, encaminada a satisfacer provisionalmente la necesidad de dos menores de edad a recibir alimentos, cuya necesidad es ineludible e inaplazable y que, en esa medida, no admite recurso alguno, sólo el de responsabilidad, acorde con lo dispuesto en el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por el contrario, la determinación reclamada es la que impidió reducir o modificar la pensión alimenticia provisional, por lo cual no se traduce en una medida urgente pero sí tiene fuerza de definitivo, pues, como ya se dijo, el aspecto de no reducir o modificar la pensión no será materia de estudio al dictar sentencia definitiva, por lo que no le es aplicable el artículo 962, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 209/2018 en sesión de once de abril de dos mil diecinueve. Determinación. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA, DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por *** por derecho propio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda; y por autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** pues, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública obran los datos de la cédula que lo acredita como licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona, por así señalarlo expresamente. 5. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso 1/2022), se exhorta a las partes, particularmente a la quejosa, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 6. Canales de comunicación no procesal. Con apoyo en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y un número telefónico como medios que, de ser necesario, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 7. Precisión sobre Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 1/2022. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente.

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