Jairo Jesús Quijada Saad
Expediente 440/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 30/03/2017
Partes del expediente
- Jairo Jesús Quijada Saad
- Luisa Fernanda Gómez Carmona
- Jairo Jesús Quijada Saad y Otros.
- Luis Alberto García Mendoza
- Marlene Abril González Loyo
- Luis Fernando Martínez Santillán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, la constancia signada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de marzo del año en curso, por las razones que ahí menciona. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, que establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, las notificaciones se le harán por lista; se ordena efectuar la notificación del proveído de veintisiete de marzo del año en curso, a la parte quejosa, por lista de acuerdos de este juzgado, así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para hacerlo. Notifíquese..." En cumplimiento al proveído que antecede con fundamento en los artículos 27 fracción III inciso a) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "...Ensenada, Baja California, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos; se advierte que en la actual etapa de ejecución de la sentencia de amparo, se tuvo por recibido el oficio registrado con número 11359, que remitió el Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que dicha autoridad no le resulta de manera directa el acatamiento de ningún acto derivado de la concesión del amparo y protección de la justicia federal otorgado a los quejosos. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis se dio vista a las partes con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó por lista a las partes, sin que realizaran las manifestaciones que a sus intereses conviene; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es ilustrativa, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia emitida en la audiencia constitucional de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Jairo Jesús Quijada Saad, Luis Fernando Martínez Santillán, Marlene Abril González Loyo, Luisa Fernanda Gómez Carmona, Fernando Valenzuela Bastidas, Gwendlya Córdova Solís, Luis Alberto García Mendoza, Marco Antonio Larios Solís, Rocio Alejandrina Huerta Bustos, Balther Josué Silva Gallegos, Luis Ricardo Lomeli Romero, Jesús Valdez Calvario, Raziel Sharyck Parra Resendiz, Carlos Fernando López Solórzano, David Vargas Gavarain, José Ignacio Piedrín Meza, José Arturo Valverde Sánchez, José Javier Palomares Murillo, Valentín González Candía y Fernando González Godínez, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Baja California y del Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Dicha determinación causó ejecutoria el trece de julio de dos mil dieciséis. Los efectos del fallo protector conferido fueron los siguientes: "[.] i. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 7 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California, 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California, en las porciones normativas que precisan lo siguiente: las referencias al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial. ii. Vincula a todas las autoridades del Estado de Baja California a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por el precepto impugnado, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes, que es la inaplicación futura de la ley. En este orden de ideas, los quejosos no deben ser expuestos al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como en el futuro. La vinculación a otras autoridades distintas a las señaladas como responsables está sustentado en diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprenden de la jurisprudencia de la Primera Sala, de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO", así como la jurisprudencia de la Segunda Sala, la cual se comparte en este aspecto, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR" [.]". Sentados lo anterior, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 249/2004, estableció que: "[.] es de destacarse que en los casos en que se concede el amparo contra una norma autoaplicativa que se impugna con motivo de su entrada en vigor, los efectos del mismo consisten exclusivamente en sustraer al quejoso del ámbito de aplicación de ésta; por tanto, al no haber sido combatida la norma autoaplicativa con motivo de su aplicación, no habrá por consiguiente, acto alguno qué anular. Así las cosas, debe considerarse que los efectos del amparo, concedido contra una ley autoaplicativa que se impugna con motivo de su entrada en vigor, no pueden consistir en la imposición de obligaciones de carácter positivo a cargo de aquéllas autoridades que meramente participaron en el proceso de creación de dicha ley." Ahora, se aprecia que los efectos de la sentencia de amparo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California, 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California, en las porciones normativas que precisan lo siguiente: las referencias al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial; tiene como objeto restituir a los peticionarios de amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo que deriva que, en ella, se impuso deberes materiales para las autoridades, entre ellos, el tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por los preceptos impugnados; por lo cual, dichas porciones normativas no podrán utilizarse como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionadas con la regulación del matrimonio. De lo que se advierte que, no se impusieron deberes positivos de efectos inmediatos, sino que en todo han de realizarse en cada caso concreto, de cuya actualización emerge la obligación de las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo constitucional, para dotar de efectividad a la sentencia protectora. En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes resulta evidente que se colman los lineamientos contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, la que per se evidencia una restitución en el pleno goce de los derechos fundamentales de la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Apoya a lo anterior, el criterio aislado 1a. CCXXVI/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, página ciento ochenta y seis, con número de registro 171208, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión". Sin que pase desapercibido que el Gobernador del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, fue omiso en informar sobre el acatamiento dado a la sentencia de amparo, pese a estar debidamente requerido para ello, como se advierte del acuse de recibo del oficio 1002; toda vez que, conforme a la lo narrado en precedentes, no tenía obligación de realizar acto positivo alguno, por lo que, no puede incurrir en contumacia. Consecuentemente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Se declara que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se otorgó la protección de la Justicia Federal a los peticionarios de amparo y que no obran documentos originales; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar la demanda de amparo y la sentencia dictada en autos. Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que el nuevo titular de este Juzgado, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ..."
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, que remite el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector; con su contenido, dése vista a las partes, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a trece de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que SOBRESEYÓ Y CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa Jairo Jesús Quijada Saad y otros. En esa virtud, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo y artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al referido ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. Ahora bien, requiérase a las autoridades: Congreso del Estado y Gobernador del Estado, ambos de Baja California, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la presente notificación, sin demora alguna, dicten las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector dictado en autos en el ámbito de su respectivas competencias. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha que-en su caso- se haga efectiva la medida de apremio, de conformidad con los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo, Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 440/2015, promovido por Jairo Jesús Quijada Saad, Luis Fernando Martínez Santillán, Marlene Abril González Loyo, Luisa Fernanda Gómez Carmona, Fernando Valenzuela Bastidas, Gwendlya Córdova Solís, Luis Alberto García Mendoza, Marco Antonio Larios Solís, Rocío Alejandrina Huerta Bustos, Balther Josué Silva Gallegos, Luis Ricardo Lomelí Romero, Jesús Valdez Calvario, Raziel Sharyck Parra Reséndiz, Carlos Fernando López Solórzano, David Vargas Gavarain, José Ignacio Piedrín Meza, José Arturo Valverde Sánchez, José Javier Palomares Murillo, Valentín González Candía y Fernando González Godínez; contra las autoridades y actos, por las razones expuestas en la consideración III de la presente sentencia constitucional. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Jairo Jesús Quijada Saad, Luis Fernando Martínez Santillán, Marlene Abril González Loyo, Luisa Fernanda Gómez Carmona, Fernando Valenzuela Bastidas, Gwendlya Córdova Solís, Luis Alberto García Mendoza, Marco Antonio Larios Solís, Rocío Alejandrina Huerta Bustos, Balther Josué Silva Gallegos, Luis Ricardo Lomelí Romero, Jesús Valdez Calvario, Raziel Sharyck Parra Reséndiz, Carlos Fernando López Solórzano, David Vargas Gavarain, José Ignacio Piedrín Meza, José Arturo Valverde Sánchez, José Javier Palomares Murillo, Valentín González Candía y Fernando González Godínez; contra actos de las autoridades, por los motivos precisados y para los efectos descritos en el contexto del presente fallo. NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
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