Jairo Gamaliel Gómez Pop
Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jairo Gamaliel Gómez Pop
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinticuatro de agosto del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente juicio de amparo y el original del incidente de suspensión, son conservables dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 17, en su fracción III, inciso b), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, sin embargo, se otorgó la suspensión de plano y por haberse negado y concedido la suspensión definitiva solicitada en el incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto ********************, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica, incluso a las autoridades responsables, atento a lo ordenado el treinta de agosto del presente año. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la constancia realizada el veintiocho del actual por la Actuarial Judicial adscrita, se advierte que señala la imposibilidad que imperó para notificar la sentencia emitida el veinticuatro de los corrientes, a saber, la entrega de los oficios 23193/2023 y 23194/2023, dirigido al Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración y del Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, pues una vez que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, se le indicó que dicha denominaciones eran inexistentes. Visto lo antes expuesto, se ordena que la notificación en comento, así como las subsecuentes, les sean practicada por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1097*2022*V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por ********************a favor de ********************, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: ENCARGADO C. DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUÁREZ EL C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA ** La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación del quejoso, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 1097/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda ********************, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, residente en esta ciudad: La privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en ********************el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarle visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. Por lo que hace a la incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en ********************el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad, del informe sobre la suspensión de plano y justificado que rindió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, así como aquellas que remitió la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el certificado médico de ingreso de veinte de noviembre de dos mil veintidós, en el que se concluyó que se encuentra aparentemente sano y la prueba rápida de covid-19, arrojó un resultado negativo; el certificado médico de no lesiones expedido por el médico adscrito a la Delegación Ciudad Juárez de la Cruz Roja Mexicana, en el que asentó que el diecinueve del citado mes y año revisó al justiciable y no presentaba huellas de lesiones físicas; autorización de notificación consular y el oficio INM/ORCHIH/EPJUA/20018/2022 de veinte de noviembre pasado, dirigido al Consulado General de ********************así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente ********************de veinte del citado mes y año, en el que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia realizada el veinte de noviembre de dos mil veintidós, por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con ********************, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, además de comunicarle no haber recibido tortura física o moral. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: *** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y *** Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en pronunciarse respecto al acto que se le endilga, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: *** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. *** El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por ********************a favor de ********************, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las diez horas con diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que el quejoso ******************** fue puesto en inmediata libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1097/2022-V, promovido por ********************. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, del que se advierte, se encuentra dirigido a diverso juicio de amparo, no obstante, adjunto al mismo, remite copia de todo lo actuado en el procedimiento administrativo ********************/2022 instaurado al peticionario de amparo, ********************; en tal sentido, como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con las documentales que se atienden, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. En diverso orden, glósese a los autos para que conste como simple antecedente el diverso oficio que suscribe la fiscal federal oficiante; en virtud de que con esta fecha se tienen por recibidas las constancias que refiere. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod
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