Jairo César Rangel Vilchis
Expediente 639/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jairo César Rangel Vilchis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, los oficios signados por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán; mediante el cual acusa recibo del oficio 20641 de once de noviembre pasado, así mismo, solicita que de no tener inconveniente se haga la devolución del disco compacto de formato DVD, relativo a la carpeta electrónica en audio y video de la causa penal que 67/2015 que refiere, que remitió la citada autoridad como complemento a su informe justificado; por tanto, como lo solicita, mediante oficio que al efecto se gire, devuélvasele el citado disco dado que resulta innecesaria su retención en este juzgado; solicitándole el acuse de recibo de estilo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al contenido de los oficios 1077/2019 y 1102/201 y anexo de este último, remitidos por la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintiuno al veinticinco de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que el quejoso JAIRO CÉSAR VILCHIS RANGEL solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia; que hizo consistir en: La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal XI-44/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia de Morelia, que confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado dentro del proceso penal 67/2015, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por estimar la probable intervención de, entre otros, JAIRO CÉSAR RANGEL VILCHIS, en el hecho que la ley señala como delito de ROBO CALIFICADO GRAVE, previsto y sancionado en los artículos 199, 200, fracción III, 202, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio de Rosalina González Pedraza, Aquileo Hurtado Bastida y María del Rocío Hurtado González. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 120-139), emitida por este juzgado, la cual causó ejecutoria el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 161-162); por ende, al concederse por este juzgado el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, fue para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, realizara lo siguiente: Dejar sin efectos la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal XI-44/2018. Emitir otra resolución, en la que reitere lo relativo a los aspectos que no son motivo de concesión, esto es, lo relativo a que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprenden datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado en los artículos 199, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del mismo ordenamiento legal, en detrimento de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida, respecto de la cantidad de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), de la primera y una suma indeterminada de dinero de ambos, así como que existe la probabilidad de que el indiciado Jairo César Vilchis Rangel participó en su comisión. En cambio determine que de los antecedentes referidos no se desprenden datos suficientes que establezcan la comisión de hecho señalado en la ley como delito de robo, en detrimento de María del Rocío Hurtado González, ni existe la probabilidad de que Jairo César Vilchis Rangel, participó en esa comisión; decidiendo con plenitud de jurisdicción lo que procede como consecuencia de esa declaración. En congruencia con las sumas objeto del hecho que la ley señala como delito, de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en detrimento de Rosalina González Pedraza y suma indeterminada en agravio de ella misma y de Aquileo Hurtado Bastida; la autoridad responsable habrá de encuadrar con precisión cuál es el o los artículos y fracción, en su caso, en que se prevé la sanción correspondiente. Decida con plenitud de jurisdicción los demás aspectos materia de la apelación que no fueron motivo de este fallo. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO La Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, remitió el oficio oficio 1077/2019 (fojas 168-169), de la cual se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca penal XI-44/2018. Luego, por oficio 1102/2019 (foja 173), al cual anexó copia certificada de la sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del toca penal XI-44/2018, se advierte que dicha autoridad realizó: Dictó otra resolución con la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, contra el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ambas determinaciones dictadas en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Uruapan, dentro de la causa penal 67/2015, instruida al quejoso, pos su posible participación en el hecho señalado por la ley como delito de robo calificado grave, en detrimento de Rosalinda González Pedraza, Aquileo Hurtado Bastida y María del Rocío Hurtado González, y a la luz de las consideraciones esgrimidas en la sentencia de amparo modificó el citado auto de vinculación a proceso, y consideró: Los datos de prueba relatados por el ministerio Público en la audiencia de imputación no acreditan el hecho consistente en el apoderamiento de una esclava de plata y una lap top propiedad de María del Rocío Hurtado Gonazález. Consecuencia de lo anterior, determinó que tampoco existe probabilidad de que Jairo César Vilchis Rangel haya participado en su comisión y, por ende, respecto este hecho, dictó a su favor auto de no vinculación a proceso. Esto, por un lado, determinó que de los antecedentes de investigación realizada no se desprendieron datos suficientes que establecieran la comisión de hecho señalado en la ley como delito de robo, en detrimento de María del Rocío Hurtado González -robo de una esclava y una lap top- ni existió la probabilidad de que Jairo César Vilchis Rangel, participara en esa comisión; por tanto, con plenitud de jurisdicción decidió dictar en favor del quejoso auto de no vinculación a proceso respecto a ese hecho. Por otro, confirmó el fallo materia de impugnación en los autos de origen, para determinar: Que de los antecedentes de investigación realizada se desprendieron datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito de robo calificado agravado, en detrimento de Rosalina González Pedraza, previsto y sancionado (por lo que ve a la suma de los $7,500.00 pesos que traía en su monedero), por los artículos 199, 200, fracción I, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal del Estado. En tanto que, en agravio de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida (por lo que respecta a una suma indeterminada de dinero sustraída del interior de su cuarto ubicado en calle Oyamel, sin número, localidad de Yoricotio, municipio de Tacambaro, Michoacán), previsto y sancionado por los numerales 199, 203, 204, fracciones I, II y V del Código Penal del Estado. Esto es, al acatar el fallo protector, la autoridad responsable, reiteró lo relativo a los aspectos que no fueron motivo de concesión, esto es, que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprenden datos suficientes que establecieran que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado en los artículos 199, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del mismo ordenamiento legal, en detrimento de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida, respecto de la cantidad de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), de la primera y una suma indeterminada de dinero de ambos, así como que existe la probabilidad de que el indiciado Jairo César Vilchis Rangel participó en su comisión. Es decir, encuadró con precisión los artículos y fracción, en que se prevé la sanción correspondiente a los hechos que se le atribuyen al imputado, concretamente, por el hecho de robo en agravio de Rosalia González Pedraza, ubicó la sanción en los artículos 200, fracción I y 204 del Código Penal del Estado de Michoacán; en tanto, al hecho de robo en agravio de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida, ubicó su sanción en los artículos 203 y 204 del citado ordenamiento sustantivo penal del Estado. Finalmente, reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, como se advierte del examen de la documental aludida, la que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que el juez responsable cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de la determinación enunciada se advierte que dejó insubsistente la resolución reclamada en esta instancia y emitió otra en los términos asentados en la ejecutoria de que trata. En consecuencia, procede concluir que, al haber sido reparado el agravio formal, causado a la parte peticionaria del amparo, la sentencia de amparo que ordenó fundar y motivar ciertos aspectos formales del fallo, ha quedado cumplida. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito firmado por Gustavo Mendoza Pedro, autorizado del quejoso en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se resuelva lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia constitucional; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En razón de que la parte quejosa JAIRO CESAR RANGEL VILCHIS o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el nueve de diciembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al contenido de los oficios 1077/2019 y 1102/201 y anexo de este último, remitidos por la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintiuno al veinticinco de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que el quejoso JAIRO CÉSAR VILCHIS RANGEL solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia; que hizo consistir en: La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal XI-44/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia de Morelia, que confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado dentro del proceso penal 67/2015, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por estimar la probable intervención de, entre otros, JAIRO CÉSAR RANGEL VILCHIS, en el hecho que la ley señala como delito de ROBO CALIFICADO GRAVE, previsto y sancionado en los artículos 199, 200, fracción III, 202, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio de Rosalina González Pedraza, Aquileo Hurtado Bastida y María del Rocío Hurtado González. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 120-139), emitida por este juzgado, la cual causó ejecutoria el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 161-162); por ende, al concederse por este juzgado el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, fue para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, realizara lo siguiente: Dejar sin efectos la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal XI-44/2018. Emitir otra resolución, en la que reitere lo relativo a los aspectos que no son motivo de concesión, esto es, lo relativo a que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprenden datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado en los artículos 199, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del mismo ordenamiento legal, en detrimento de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida, respecto de la cantidad de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), de la primera y una suma indeterminada de dinero de ambos, así como que existe la probabilidad de que el indiciado Jairo César Vilchis Rangel participó en su comisión. En cambio determine que de los antecedentes referidos no se desprenden datos suficientes que establezcan la comisión de hecho señalado en la ley como delito de robo, en detrimento de María del Rocío Hurtado González, ni existe la probabilidad de que Jairo César Vilchis Rangel, participó en esa comisión; decidiendo con plenitud de jurisdicción lo que procede como consecuencia de esa declaración. En congruencia con las sumas objeto del hecho que la ley señala como delito, de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en detrimento de Rosalina González Pedraza y suma indeterminada en agravio de ella misma y de Aquileo Hurtado Bastida; la autoridad responsable habrá de encuadrar con precisión cuál es el o los artículos y fracción, en su caso, en que se prevé la sanción correspondiente. Decida con plenitud de jurisdicción los demás aspectos materia de la apelación que no fueron motivo de este fallo. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO La Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, remitió el oficio oficio 1077/2019 (fojas 168-169), de la cual se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca penal XI-44/2018. Luego, por oficio 1102/2019 (foja 173), al cual anexó copia certificada de la sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del toca penal XI-44/2018, se advierte que dicha autoridad realizó: Dictó otra resolución con la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, contra el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ambas determinaciones dictadas en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Uruapan, dentro de la causa penal 67/2015, instruida al quejoso, pos su posible participación en el hecho señalado por la ley como delito de robo calificado grave, en detrimento de Rosalinda González Pedraza, Aquileo Hurtado Bastida y María del Rocío Hurtado González, y a la luz de las consideraciones esgrimidas en la sentencia de amparo modificó el citado auto de vinculación a proceso, y consideró: Los datos de prueba relatados por el ministerio Público en la audiencia de imputación no acreditan el hecho consistente en el apoderamiento de una esclava de plata y una lap top propiedad de María del Rocío Hurtado González. Consecuencia de lo anterior, determinó que tampoco existe probabilidad de que Jairo César Vilchis Rangel haya participado en su comisión y, por ende, respecto este hecho, dictó a su favor auto de no vinculación a proceso. Esto, por un lado, determinó que de los antecedentes de investigación realizada no se desprendieron datos suficientes que establecieran la comisión de hecho señalado en la ley como delito de robo, en detrimento de María del Rocío Hurtado González -robo de una esclava y una lap top- ni existió la probabilidad de que Jairo César Vilchis Rangel, participara en esa comisión; por tanto, con plenitud de jurisdicción decidió dictar en favor del quejoso auto de no vinculación a proceso respecto a ese hecho. Por otro, confirmó el fallo materia de impugnación en los autos de origen, para determinar: Que de los antecedentes de investigación realizada se desprendieron datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito de robo calificado agravado, en detrimento de Rosalina González Pedraza, previsto y sancionado (por lo que ve a la suma de los $7,500.00 pesos que traía en su monedero), por los artículos 199, 200, fracción I, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal del Estado. En tanto que, en agravio de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida (por lo que respecta a una suma indeterminada de dinero sustraída del interior de su cuarto ubicado en calle Oyamel, sin número, localidad de Yoricotio, municipio de Tacambaro, Michoacán), previsto y sancionado por los numerales 199, 203, 204, fracciones I, II y V del Código Penal del Estado. Esto es, al acatar el fallo protector, la autoridad responsable, reiteró lo relativo a los aspectos que no fueron motivo de concesión, esto es, que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprenden datos suficientes que establecieran que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado en los artículos 199, 204, fracciones I, II y V, del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del mismo ordenamiento legal, en detrimento de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida, respecto de la cantidad de $7,500 pesos (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), de la primera y una suma indeterminada de dinero de ambos, así como que existe la probabilidad de que el indiciado Jairo César Vilchis Rangel participó en su comisión. Es decir, encuadró con precisión los artículos y fracción, en que se prevé la sanción correspondiente a los hechos que se le atribuyen al imputado, concretamente, por el hecho de robo en agravio de Rosalia González Pedraza, ubicó la sanción en los artículos 200, fracción I y 204 del Código Penal del Estado de Michoacán; en tanto, al hecho de robo en agravio de Rosalina González Pedraza y Aquileo Hurtado Bastida, ubicó su sanción en los artículos 203 y 204 del citado ordenamiento sustantivo penal del Estado. Finalmente, reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, como se advierte del examen de la documental aludida, la que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que el juez responsable cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de la determinación enunciada se advierte que dejó insubsistente la resolución reclamada en esta instancia y emitió otra en los términos asentados en la ejecutoria de que trata. En consecuencia, procede concluir que, al haber sido reparado el agravio formal, causado a la parte peticionaria del amparo, la sentencia de amparo que ordenó fundar y motivar ciertos aspectos formales del fallo, ha quedado cumplida. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito firmado por Gustavo Mendoza Pedro, autorizado del quejoso en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se resuelva lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia constitucional; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En razón de que la parte quejosa JAIRO CESAR RANGEL VILCHIS o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; doce de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, los oficios signados por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán; mediante el cual en cumplimento al auto de veintiocho de octubre del año en curso, remite copia certificada de la resolución con la que refiere da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con el contenido del oficio de cuenta y su anexo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad y el texto íntegro de la sentencia constitucional. Asimismo solicita que de no tener inconveniente se haga la devolución del toca penal XI-44/2018, que remitió la citada autoridad como complemento a su informe justificado, atento a su contenido como lo solicita , mediante oficio que al efecto se gire, remítase el citado toca penal, toda vez que el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria y al solicitarse el cumplimiento de la misma, resulta innecesaria la retención de tales constancias; solicitándole el acuse de recibo de estilo respectivo. Notifíquese personalmente.
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