Jairo Barrera Bravo
Expediente 1225/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jairo Barrera Bravo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede, se advierte que no obra constancia de notificación de la que se aprecie que ya fue notificado el Gobernador del Estado, del oficio a través del cual se le requirió el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en autos. En consecuencia y en obvio de mayores dilaciones procesales, gírese nuevamente oficio a dicha responsable, a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de la debida notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, emita con libertad de jurisdicción la resolución debidamente fundada y motivada que corresponde a la queja ********************, planteada por la parte quejosa, y la notifique de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por el quejoso ********************, en atención a su contenido, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinte de septiembre del presente año, en el que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, por tanto, una vez que esté debidamente integrado el expediente, remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviando al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de queja, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés... Vista la demanda de amparo suscrita por -, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Familiar Oral del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-1225/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la citada autoridad responsable, se reclama el acuerdo de data 08 de septiembre de 2023 dos mil veintitrés, así como la audiencia de juicio de fecha 30 treinta de agosto de 2023 dos mil veintitrés, y el auto de data 25 veinticinco de agosto de 2023 dos que se derivan del Juicio Ordinario Familiar Oral númeilo-" Asimismo, de los antecedentes que narró se desprende que señaló en lo que aquí interesa lo siguiente: "(.) El día 25 veinticinco de agosto de la presente anualidad la responsable emitió acuerdo que recayó a mi promoción presentada el día 23 veintitrés de agosto de esta anualidad, mediante el cual resolvió que se le reconocía la calidad de mandatorio judicial al Licenciado -, sin embargo, no gozaría de las facultades para convenir, ni para interrogar testigos, ni para formular posiciones, esto es, limitó el mandato judicial sin existir ninguna razón y fundamento legal. Siendo entonces, que el día 30 treinta de agosto de 2023 dos mil veintitrés, se celebró en el Juzgado Tercero Familiar Oral de Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, la audiencia de juicio prevista en el artículo 999 del Código Familiar de Michoacán de Ocampo, a la cual se vio imposibilitado el mandatario judicial a asistirme, ya que la autoridad responsable limitó su mandato, sin existir ninguna razón para ello, llevándose a cabo sin la asistencia de un abogado que me representara. Y posteriormente, en auto de fecha 08 ocho de septiembre de 2023 dos mil veintitrés se me declaró confeso de la prueba confesional desahogada en mi contra. (.)." Ahora, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, ello en razón de ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: . V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que, quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por el contrario, los de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que contienen la posibilidad de que puedan resolverse en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese orden, el proceso cualquiera que sea su naturaleza, no es un fin, sino un medio para lograr el reconocimiento de ciertos derechos propuestos y las actuaciones relacionadas con el esclarecimiento de ellos, no tienen otro objeto que el propuesto; por tanto, mientras en la sentencia final no se desconozcan esos derechos, no es posible que exista un perjuicio irreparable; el cual sólo podrá actualizarse, si el fallo es desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Por tanto, en el presente caso, se destaca en lo que aquí interesa, que los acuerdos de veinticinco y treinta de agosto del presente año, así como de ocho de septiembre del presente año, dictados en el juicio oral familiar - del índice del Juzgado Tercero Familiar Oral del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, a través de los cuales, mediante el primero de los citados, reconoció la calidad de mandatario judicial al licenciado -, sin embargo, se limitó el mandato judicial, para que éste no gozara de facultades para convenir, interrogar testigos, ni para formular posiciones; el treinta de agosto en cita, data en la cual se celebró audiencia de juicio en el asunto de origen, en la que el citado mandatario judicial no pudo asistir al quejoso, dada la restricción de su mandato judicial; y, finalmente, el auto del ocho de septiembre del presente año, por el que se declaró confeso al quejoso en el juicio de origen, respecto de la prueba confesional desahogada en su contra; son actos que no tienen sobre la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, sino que únicamente tienen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si, hasta en tanto se emita la resolución interlocutoria respectiva. Así, se insiste, no existe ejecución irreparable ya que las consecuencias de la posible violación pueden llegar a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución que se emita en el juicio de origen. En cuyo supuesto de que obtuviera una resolución desfavorable en el juicio natural, estaría en aptitud legal de interponer en su caso, el amparo directo en contra de la resolución que se dictara en el controvertido natural, haciendo valer la violación procedimental que hoy es motivo del reclamo constitucional, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. Lo anterior, pues resulta evidente que tales actos no transgreden en perjuicio de la parte promovente algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, debe precisarse que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de garantías conforme al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales; lo que, en el caso, no acontece, pues únicamente se afectan derechos adjetivos cuya afectación pueden ser reparada una vez que se dicte la resolución interlocutoria respectiva. Por último, la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento del promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalado domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones y como autorizados de su parte a las personas que indica, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Como lo solicita la Secretaria en cita, se hace de su conocimiento que según constancia secretarial que antecede, la Analista Jurídico (SISE), vinculó ante el Juzgado de su adscripción, el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Jaime Vazquez Rocha1128/2017
- Jaime Villanueva Rivera1193/2019
- Jaimina Medina Galindo828/2022
- Jaina Ingrid Herrera Alfaro1279/2023
- Jairo Banderas Garduño866/2019
- Jairo Barrera Bravo1336/2023
- Jairo Francisco Rodriguez Ortiz68/2017
- Jairo Reyes Cisneros1036/2017
- Jairo Rodriguez Mora1208/2017
- Jakline Rosales Saucedo243/2022
- Janatham Alanis Ruiz1218/2022
- Janathan Geovanni Vallejo Rodriguez568/2022