Jair Mauricio Dominguez Rodriguez
Expediente 575/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, En San Martín Texmelucán, Puebla
- Jair Mauricio Dominguez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 575/2023-V. Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria Únase al expediente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q-133/2023, cuyo punto resolutorio establece: "...ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". Además, devuelve el legajo de copias de este juicio de amparo, que se envió para la resolución del citado medio de impugnación. En consecuencia, glósese al presente juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y esta operadora jurídica queda enterada de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. También, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio y legajo mencionados. Asimismo, se instruye destruir el legajo de copias recibido, porque sólo tiene reproducciones del presente juicio, motivo por el cual es innecesario conservarlas. Anotaciones internas Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Asunto concluido En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en adelante sólo Acuerdo General), el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, quedó firme ante la determinación del tribunal colegiado. Valoración documental En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del citado Acuerdo General se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que el sumario constitucional es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Resguardo del expediente (ARCHIVO) En consecuencia este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación de este proveído Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que resultó infundado el recurso interpuesto contra el proveído que desechó la solicitud de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la parte quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Carátula del expediente Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que se asista de los oficiales judiciales correspondientes y realice las anotaciones en la carátula del expediente; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Revisión del expediente Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente electrónico se encuentre completo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 575/2023 IX.. Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Visto el contenido del oficio del Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; se advierte que, mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, el magistrado presidente del citado tribunal acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso +++++++++. Recurso que quedó radicado en el expediente 133/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 575/2023-IX. Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, signado por el quejoso +++++ a través del cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, en el que fue desechada la solicitud de tutela constitucional. Además, en el segundo punto petitorio, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso -juicio de amparo 575/2023-V certificado (sic)-. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso y vinculación del expediente +++ Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios y una copia del mismo, así como copia certificada de la totalidad del presente expediente, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Con independencia de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado que conozca del recurso esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de siete de junio del año en curso, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese: por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 575/2023-V. Puebla, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso +++++++++, por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De su escrito de demanda, se advierte que señala como acto reclamado: A la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla: La resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta judicial administrativa ++++++, en la cual ordenó la acumulación de una diversa -carpeta judicial- a esta última. Sin embargo, la determinación combatida por la parte quejosa no encuadra en los actos de imposible reparación, que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto en el trámite de una causa penal, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona. Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que los actos reclamados por la parte quejosa, no encuadran en los actos de imposible reparación A fin de demostrarlo, se hace notar que la determinación emitida en audiencia de quince de mayo de dos mil veintitrés, atribuida a la jueza señalada como responsable, en la cual ordenó la acumulación de la carpeta judicial administrativa ++++++, de ninguna forma repercute en los derechos sustantivos del quejoso. Es así, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, también señaló que las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto. Lo cual apunta hacia a la conclusión de que, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 5, Tomo I, Enero de 2017, Décima Época, de rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Ello impide considerar que la determinación combatida en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación no demuestran la afectación a los derechos sustantivos del quejoso. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la determinación de la jueza responsable. Máxime que, de los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la mencionada determinación, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que la determinación atribuida a la jueza responsable, sólo pudiera afectar derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. De ahí que no pueda considerarse que la determinación reclamada, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en el trámite de la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación, conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto. Entonces, debe estimarse que la determinación combatida en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y, por ende, no constituye un acto de ejecución irreparable. Así, debe concluirse que el quejoso pretende combatir una determinación que sólo generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. De ese modo, los actos reclamados encuentran la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, dado que la resolución reclamada a la jueza responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico, y medios de contacto no procesales. Existe un señalamiento expreso para que se realicen las notificaciones electrónicas, a través de los nombres de usuario: "++++", y, "+++++++". Sin embargo, en el sumario constitucional no es factible que la misma parte procesal -como lo es la parte quejosa- tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones; pues, esa circunstancia genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2026122, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, cuyo rubro dispone: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Por ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autorizan las notificaciones electrónicas únicamente a través del nombre de usuario: "+++++". No obstante, la parte quejosa está en aptitud de informar de manera posterior a la emisión de este acuerdo, el nombre de usuario que, en específico, desee señalar para tal efecto -de ser el caso-. Ahora, en relación con los nombres de usuario ++++, y, "++++" conforme lo establece el artículo 35 del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico. Por otra parte, queda autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Jesús Medina Cigarroa, porque así lo solicitó el quejoso y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tiene únicamente como autorizados para recibir notificaciones, las restantes personas señaladas en la demanda. Además, se tienen únicamente como medios de contacto los números de teléfono y correo electrónico señalados en la demanda, pues la ley de la materia, nos los contempla para recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y de manera electrónica al quejoso
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