Jair Ismael Bedolla Guatemala

Expediente 290/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jair Ismael Bedolla Guatemala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 290/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la víctima de identidad reservada en su carácter de tercera interesada la sentencia engrosada el trece de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 290/2023 promovido por Jair Ismael Bedolla Guatemala. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el doce de abril de dos mil veintitrés y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-14). SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de abril siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, emplazar al presente juicio al fiscal tercero interesado (fojas 15-19). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 25-26 y 32). El cinco de junio siguiente, se acordó: emplazar al presente juicio al tercero interesado de identidad reservada V-50/2023, en su calidad de la víctima; lo que se realizó por medio de lista de acuerdos de veintiocho de junio siguiente (constancias que obran en el cuaderno de sigilo y protección de datos). Integrado el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 73) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 75-76). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama el auto de vinculación emitido en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal del quejoso, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: 1). El auto de vinculación a proceso de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado contra el quejoso en el proceso penal 178/2023, por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por su participación probable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado (Determinación que fue notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo -foja 54-). 2). La ejecución de dicha determinación. 3). La identificación administrativa a través de la toma de la ficha signalética. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado consistente en la identificación administrativa a través de la toma de la ficha signalética del quejoso, que se atribuye a la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Lo que se estima de esa manera, pues si bien al rendir su informe justificado dicha autoridad no precisó si es o no cierta la identificación administrativa reclamada (fojas 25-26) lo cierto es que la afirmación del promovente realizada en la demanda de amparo sobre la existencia del acto, en relación con dicha identificación administrativa o la ficha signalética, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Es así, ya que del registro audiovisual contenido en el disco óptico, relativo al proceso penal 178/2023 y su transcripción escrita, no se advierte que la autoridad judicial responsable haya ordenado al Director del Centro de Reinserción Social, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que procediera a la identificación administrativa del imputado quejoso, pues lo único que se observa es que se dictaron las resoluciones relativas a la calificación de la detención del imputado (acto no reclamado en este juicio) el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (acto no reclamado en este juicio); sin que en alguna de las mismas se hubiese ordenado su identificación administrativa. Máxime que en la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada contra el imputado no se observa que la autoridad judicial haya ordenado a la autoridad penitenciaria que, durante la ejecución de dicha medida con la duración de dos años en que se le mantendrá privado de su libertad, se realice su identificación administrativa o se le tome su ficha signalética (foja 51) lo que tampoco se advierte del oficio 1398/2023 en que fue puesto a disposición de la referida autoridad carcelaria (foja 39). En tales condiciones, puesto que la afirmación del quejoso realizada en la demanda de amparo sobre la existencia del destacado acto fue desvirtuada durante la tramitación del sumario, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del mismo, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial y al 2. Director del Centro de Reinserción Social, ambos en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en razón que al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia de la resolución reclamada y su ejecución (fojas 25-26 y 32). Lo que se corrobora, en razón que la autoridad judicial responsable remitió el registro audiovisual compulsado en un disco DVD que contiene la aludida determinación, así como su transcripción escrita (fojas 46-50 y 54) medios de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En la especie, se califican de infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, contra la vinculación a proceso reclamada. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1). A partir de las 16:25:38 horas del tres de abril de dos mil veintitrés, la jueza de control declaró el comienzo de la audiencia inicial y solicitó a los partes su individualización, quienes intervinieron en el siguiente orden: el fiscal del Ministerio Público José Bricio Jiménez Martínez; el investigado Jair Ismael Bedolla Guatemala; su defensor particular Valentín Sánchez García; asimismo, la jueza de control verificó que el investigado conociera sus derechos constitucionales y se los reiteró; el defensor particular que el investigado nombró, luego de su designación, aceptó y protestó el cargo conferido, previamente de haber exhibido su cédula profesional con folio 10600215, expedida por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como Licenciado en Derecho, respecto de la cual el Auxiliar de Sala verificó que sus datos se encuentran debidamente registrados en la página oficial de internet de la aludida secretaría; individualización y designación que concluyó a las 16:32:45. 2). A las 16:33, previa solicitud del defensor, la jueza de control decretó un receso a fin de que dicho profesionista se impusiera de las constancias integrantes de la carpeta de investigación, convocando a las partes a las diecisiete horas con treinta minutos para su reanudación. 3). Luego de reanudarse la audiencia, entre las 17:33 y las 18:03:42 horas, se llevó a cabo el debate entre las partes sobre la solicitud de la fiscalía en el sentido que se calificara de legal la detención del investigado, resolviendo la juzgadora calificar de legal la misma, con base en los argumentos allí expuestos (Determinación que no fue señalada como acto reclamado en este juicio de amparo). 4). A las 18:04:15 horas, en uso de la voz, la fiscalía formuló imputación contra el investigado, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado, concluyendo su exposición a las 18:18:52. 5). Luego, a las 18:18:55 la jueza preguntó al imputado si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaba alguna aclaración o precisión, pudiendo consultar ello con su abogado; a lo que a las 18:19:20 aquél refirió que le habían quedado claros los hechos atribuidos y que deseaba declarar en ese momento; iniciando su declaración a partir de las 18:21:10 y concluyendo la misma a las 18:45 horas. 6). Así, a las 18:45:48 previo uso de la voz que le concedió la jueza de control, la fiscalía inició la solicitud formal de vinculación a proceso del imputado respecto del delito de secuestro agravado, para lo cual citó los hechos y los datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo su exposición a las 19:27:58 horas. 7). Luego, a las 19:28 la jueza preguntó al imputado en qué término deseaba se resolviera su situación jurídica; quien, luego de consultarlo con sus abogado, eligió que ésta se resolviera en ese momento. 8). Posteriormente, previo uso de la voz que les concedió el juez de control, entre las 19:29 y las 19:44 horas y, en ejercicio del derecho de contradicción, se llevó a cabo el debate de las partes sobre la solicitud de vinculación a proceso. 9). Cerrado el debate, a partir de las 19:44:11 horas, la jueza de control resolvió la situación jurídica del imputado, decretando al final de su exposición AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en su contra, clasificando jurídicamente los hechos atribuidos en el delito de secuestro agravado -Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de tres de abril de dos mil veintitrés, en la que la Jueza de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 46-50). Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 54) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Pero además, se advierte que la jueza de control del fuero común responsable, es competente para conocer los hechos ilícitos puesto a su consideración en términos de lo que dispone el artículo 23, párrafo segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al no encontrarse en alguno de los supuestos que se contemplan en el primer párrafo del aludido numeral. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II. J/4 P (10a.) del Pleno del Segundo Circuito, que se lee: "SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA. El 4 de mayo de 2009 se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para que expidiera una ley de carácter general en materia de delincuencia organizada y de secuestro, con la intención de unificar los tipos penales previstos en el Código Penal Federal y en los ordenamientos sustantivos penales de las entidades federativas, a fin de que la Federación y los Estados se coordinaran en la lucha contra dichos ilícitos. Ahora bien, como resultado de lo anterior, se emitió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece en su artículo 23, párrafo primero, la competencia originaria del fuero federal para conocer de dicho ilícito cuando: a) Se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; b) Se apliquen las reglas de competencia contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Código Federal de Procedimientos Penales; o, c) El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o su relevancia social. En cambio, del segundo párrafo de dicho precepto deriva que en los supuestos no contemplados en los puntos anteriores, serán competentes las autoridades del fuero común; de ahí que con base en los criterios de vigencia del referido numeral, resulta incuestionable que a partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, las autoridades estatales son competentes para conocer y resolver respecto de los delitos de secuestro y por tanto, están autorizadas válidamente para aplicar la mencionada legislación general, fuera de los casos de competencia de la Federación." De allí, que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el tres de abril de dos mil veintitrés, durante la audiencia inicial, el imputado eligió que su situación jurídica se resolviera ese mismo día, esto es, dentro de las setenta y dos horas. Luego, se observa que en la misma audiencia inicial, a partir de las 19:44:11, la jueza responsable determinó vincular a proceso al imputado respecto del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que el imputado fue puesto detenido a disposición de la autoridad judicial el tres de abril de dos mil veintitrés, su situación jurídica se resolvió ese mismo día, es decir, sin exceder el plazo de setenta y dos horas elegido por aquél para hacerlo. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (entre las 18:04:15 y las 18:18:52 del tres de abril de dos mil veintitrés) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de secuestro agravado. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial de tres de abril del año en curso, el imputado decidió declarar en ese acto (lo que sucedió entre las 18:21:10 y las 18:45 horas). 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que la Jueza responsable, al dictar contra el ahora quejoso el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) en relación con el 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada V-50/2023, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que la juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó vincular a proceso el aquí quejoso, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de secuestro agravado, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación, como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que la juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos, consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: 1). Denuncia presentada por la ofendida de identidad reservada 51/2023, quien comunicó a la autoridad ministerial la privación de la libertad de su esposo el día quince de marzo de dos mil veintitrés, por conducto de dos personas que se lo llevaron a bordo de un vehículo y que posteriormente recibió llamadas a su número telefónico indicándole que su esposo se encontraba secuestrado y que se requería la cantidad de quinientos mil pesos a cambio de su liberación, hasta que el día uno de abril del citado año las autoridades le comunicación que su esposo había sido liberado. 2). Oficio 2061/2023, signado por el policía Jesús Norberto Méndez Ortiz, quien en su calidad de asesor en crisis de la unidad especializada en combate al secuestro, se encargó de asesorar a la víctima 51/2023 del quince al treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, narrando que se percató que aquélla recibió llamadas a su teléfono y al de su esposo relacionadas con la exigencia del dinero a cambio de su liberación, información que recolectó en una memoria USB. 3). Entrevista de la víctima V/50/2023, quien narró los hechos en los que fue privado de su libertad el día quince de marzo de dos mil veintitrés, cuando se encontraba en el negocio donde labora denominado "Plátanos Tabasco", colonia Centro, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, aproximadamente a las diez de la mañana en que dos sujetos llegaron y lo amagaron con armas de fuego para luego subirlo en la parte de atrás de un vehículo, llevándolo a un inmueble donde lo ingresaron y mantuvieron privado de su libertad cinco sujetos que vía telefónica le exigían a su esposa una cantidad de dinero supuestamente para el pago de una multa, indicándole que no dijera que se encontraba secuestrado. Que lo mantuvieron privado en ese lugar hasta el día uno de abril del citado año en que logró escaparse. Precisó que durante ese tiempo sus plagiarios lo estuvieron golpeando en diversas partes del cuerpo, provocándole lesiones. 4). Informe 151/2023 rendido por el policía Raymundo Pérez Vázquez, quien se constituyó en el inmueble ubicado en la calle Tercera de Miguel Alemán, colonia Arenal, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, lugar que dijo coincide con las características tales y como las describió la víctima V/50/2023 de aquél en que guardó cautiverio; inmueble que fue asegurado por la Secretaría de Seguridad Pública. 5). Dictamen de criminalística de campo con folio 151/2023 realizado por el perito Tomás Oziel Ordaz, quien se constituyó en el inmueble ubicado en calle Gómez Pedraza, Tercera de Miguel Alemán, colonia Arenal, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en donde la víctima se encontraba cuando pidió el auxilio a los elementos de la policía, luego de haberse escapado de sus captores. 6). Informe policial homologado 260/2023, de uno de abril de dos mil veintitrés, signado por los elementos Bilit Jonathan Camaño Mateo, Alejandro Fiscal Gómez, David Albeiro Cano Hernández, Eleno de Jesús Avilés Guevara y Juan Carlos Martínez Hernández, en el que narraron que en la citada fecha, aproximadamente a las ocho treinta y cinco horas, en las inmediaciones de la calle Gómez Pedraza, casi esquina Tercera Miguel Alemán, colonia Arenal, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, acudieron al llamado de auxilio que realizó la víctima directa quien en ese momento señaló a Jair Ismael Bedolla Guatemala como la persona que lo perseguía a bordo de una motocicleta marca Italika, color negro con verde, para continuar manteniéndolo en cautiverio, así como también lo señaló como una de las personas que lo mantuvieron privado de su libertad del quince de marzo de dos mil veintitrés a ese día uno de abril en que logró escapar; motivo por el cual los agentes de la autoridad procedieron a la detención de dicha persona. 7). Dictamen médico con folio 141 emitido por el doctor Ramiro González Huerta, el uno de abril de dos mil veintitrés, quien identificó las lesiones que la víctima directa presentó en la referida fecha, estableciendo que las mismas no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, dejando cicatriz perpetua en la cara. 8). Dictamen pericial con folio 4353, emitido por la psicóloga Elma Delia Caballero Estrada, quien luego de valorar a la víctima directa, concluyó que presenta un daño emocional derivado de los hechos en que fue privado de su libertad. Tales datos de prueba, como lo dijo la jueza de control responsable y, con lo que además comulga este Juzgador Federal, permiten establecer que: El quince de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las diez horas (circunstancia de tiempo) cuando la víctima directa V/50/2023 se encontraba laborando en su centro de trabajo denominado "Plátanos Tabasco" ubicado en la calle 5 de Mayo, sin número, entre Revolución y Salas, colonia Centro, en San Andrés Tuxtla, Veracruz (circunstancia de lugar) se percató que dos sujetos descendieron de un vehículo color gris marca KIA e ingresaron al negocio mostrándole las armas de fuego que llevaban consigo, al momento en que le manifestaron que el patrón quería hablar con él, llevándolo al exterior de la negociación y subiéndolo a la parte trasera del vehículo para luego trasladarlo a un inmueble ubicado en la calle Tercera Alemán, colonia Arenal, en la misma ciudad, donde le colocaron una bolsa de plástico, que en un inicio eran tres sujetos los que lo privaron de su libertad, los dos que se bajaron del vehículo y otro que era el conductor del mismo, pero que se percató que en el inmueble donde llegaron se encontraban dos sujetos más, siendo un total de cinco sujetos, quienes lo mantuvieron privado de su libertad en dicho lugar y que durante ese tiempo lo golpearon con un bate, lo amarraron de las manos y los pies, le colocaron una venda y realizaban llamadas al número telefónico de su esposa y de él, exigiéndole un rescate en dinero a cambio de su liberación, lo que sucedió hasta el día uno de abril del citado año en que logró escaparse del inmueble en que dichas personas lo mantenían en cautiverio (circunstancias de modo). Además, se advierte que, acertadamente, la autoridad responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) en relación con el 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues los enunciados datos de prueba dan cuenta que varios sujetos (cinco) participaron en la privación de la libertad de la víctima de identidad reservada, con el propósito de obtener para sí un rescate a cambio de su liberación. En el entendido que esos hechos, como bien lo concluyó la autoridad responsable, se realizaron: b) por un grupo de dos o más personas (en el caso, cinco) y, c) con uso de violencia, pues como se expuso, dicho plagio se llevó a cabo cuando en un primer momento dos de los sujetos activos sometieron a la víctima con el uso de la fuerza y uso de armas de fuego, así como que durante su cautiverio lo golpearon. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, la jueza de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado, de manera conjunta, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado por la víctima de identidad reservada V/50/2023, quien ubica al imputado como una de la personas que participaron en su secuestro, precisando que éste se encargaba de cuidarlo en el inmueble donde lo mantenían en cautiverio, ya que en algunos momentos lo observó cuando no tenía la venda en los ojos que le colocaron; además que lo señaló como la persona que lo perseguía en una motocicleta luego de que escapara, con la intención de volverlo a privarlo de su libertad, al momento en que los policías lo auxiliaron y detuvieron a dicha persona. Lo que objetivamente la autoridad responsable adminiculó con el señalamiento de los elementos de los agentes policiacos Bilit Jonathan Camaño Mateo, Alejandro Fiscal Gómez, David Albeiro Cano Hernández, Eleno de Jesús Avilés Guevara y Juan Carlos Martínez Hernández, quienes narraron que al momento de prestar el auxilio solicitado por la víctima, éste señaló al imputado como la persona que lo perseguía en una motocicleta y también como una de las que habían participado en su secuestro entre el quince de marzo y el uno de abril de dos mil veintitrés. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado, cometió de manera conjunta los hechos que la ley considera como el delito de secuestro agravado. Además, fue acertado que la autoridad responsable descartara la parte de la declaración del imputado en que negó los hechos atribuidos, sobre el argumento de que su detención no ocurrió como lo manifestaron la víctima directa y los elementos de la policía que lo señalan, sino que ésta sucedió de manera diversa, así como que negó haber participado en los hechos ilícitos que se le imputan y que tiene pruebas para justificar su dicho. Lo anterior porque, como correctamente estableció la juzgadora, dicha versión exculpatoria hasta ese momento procesal no encontraba respaldo jurídico con algún dato de prueba que la corroborara, pues al respecto ni el imputado ni su defensa ofrecieron alguno en ese sentido. Y si bien se observa que el imputado en una parte de su declaración alegó que fue objeto de tortura por parte de los agentes de la autoridad al momento de su detención, lo cierto es que ello no pasó desapercibido por la juzgadora responsable, ya que acertadamente ordenó dar vista con dichos hechos alegados a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones, inicie la correspondiente carpeta de investigación contra los elementos policiacos denunciados; de allí, que la autoridad responsable cumplió con su obligación contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de respaldo a lo anterior, la tesis I.9o.P.115 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Primer Circuito, que se lee: "ACTOS DE TORTURA. SI DE LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO O DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE PUDO HABER SIDO VÍCTIMA DE AQUÉLLOS DURANTE SU DETENCIÓN, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA QUE ACTÚE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, AUN CUANDO SE PRODUZCA EL FALLECIMIENTO DE AQUÉL EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, así como de las garantías para su protección; en razón de lo anterior, es obligación de sus autoridades, en el ámbito de su competencia, procurar la protección de los derechos humanos, entre los que se encuentran, la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal, previstos en los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, por lo que no se trata de un deber exclusivo de las autoridades que deban investigar o juzgar el caso de quien refiera haber sido víctima de dicha vulneración. En esa tesitura, cualquier órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia que en su marco de actuación tenga noticia o advierta, ya sea porque el inculpado lo declare ante él, o de las propias constancias de autos se desprenda, que aquél pudo haber sido víctima de posibles actos de tortura durante su detención, lo obliga a dar vista al Ministerio Público de su adscripción, para que éste actúe de acuerdo con sus facultades legales, aun cuando se produzca el fallecimiento de aquél en alguna de las etapas del procedimiento, ya que el deceso de la probable víctima de tortura, no impide ni hace impertinente ordenar la aludida vista, en razón de que además de que en su vertiente de delito, la tortura es imprescriptible debido a su gravedad, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones para ser perseguida e investigada, por lo que su vigencia no puede alterarse aun con la pérdida de la vida de la víctima; máxime que pudiera existir la posibilidad de que dicho deceso fuera consecuencia de los probables actos de tortura que se le hubieran inferido y, por ende, que se materializara una circunstancia distinta de reparación hacia los deudos del occiso, por el probable responsable del delito, o el propio Estado, en términos del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Luego, el material de convicción aludido se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado cometió de manera conjunta con otros sujetos, los hechos que la ley considera como el delito de secuestro agravado. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal, es decir, los que lo realicen conjuntamente, y a título de dolo, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. En ese sentido, se estima que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa en su demanda de amparo, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables que apuntan a que el imputado, probablemente cometió de manera conjunta el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquélla, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó la jueza de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que el imputado cometió el delito atribuido, a título de dolo, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por la parte quejosa cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. Negativa del amparo que se hace extensiva a la ejecución de la vinculación a proceso reclamada, al no haber sido combatida por vicios propios, sino como consecuencia de aquélla. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jair Ismael Bedolla Guatemala, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, conforme a las razones dadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jair Ismael Bedolla Guatemala, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación con que se da cuenta, se advierte que no obra en autos la constancia que acredite que haya sido recibido el despacho 663/2023/D/V/AP, orden 849/2023 de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Juez de Primero de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, el cual se envió con el objeto de emplazar al tercero interesado de identidad resguardada V-50/5023 (en su carácter de víctima) mismo que fue ordenado en autos del cuaderno de sigilo que deriva del presente juicio de amparo y que fue aperturado el pasado cinco de junio. En consecuencia, al encontrarse en tránsito de correos dicho acuse de recibo y a fin de dar oportunidad a que se emplace al citado tercero interesado al presente juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

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