Jair Guillermo Urias Limon

Expediente 101/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
101/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Jair Guillermo Urias Limon
  • JAIR GUILLERMO URIAS LIMON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que, tuvo por recibidos los autos originales, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes y aceptó la competencia planteada. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Archivo del asunto, valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. Finalmente, se ordena el archivo del cuaderno de antecedentes en que se actúa y se estima que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción; por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario y lo señalado en el capítulo VIII del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente al tratamiento que se debe dar a los denominados "cuadernos de antecedentes" generados en los órganos jurisdiccionales auxiliares en el dictado de la sentencia; y además, en cumplimiento a lo señalado en el punto Vigésimo, fracción I, en relación con el punto Segundo, fracción XX del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de febrero de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la razón de cuenta con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 101/2019. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo. Ahora bien, vista la demanda promovida por **********, por propio derecho y en su carácter de representante legal de la moral quejosa **********, personalidad que acredita con el primer testimonio del instrumento notarial **********, pasado ante la fe del Notario Público **********del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Pronunciamiento respecto a la demanda. En primer lugar, debe señalarse que el juicio fue remitido a este órgano jurisdiccional en auxilio de los juzgados especializados en materia civil de la Ciudad de México, en atención al Acuerdo CCNO/9/2019, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en materia administrativa y en materia civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de dos mil diecinueve. En el artículo 1 de dicho acuerdo, se asignó a este juzgado federal el conocimiento de ocho juicios de amparo diariamente por tiempo indefinido, de la competencia ordinaria de los juzgados de distrito en materia civil. Bien, es menester precisar que la competencia se entiende como el ámbito en el cual los tribunales pueden desarrollar válidamente la función jurisdiccional que tienen encomendada, esto es, el límite legal impuesto al desempeño de esa función jurisdiccional, por lo que se erige como un presupuesto procesal que debe satisfacerse para que la sentencia que se dicte pueda tener eficacia jurídica, lo que la coloca como una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque tiene sustento jurídico en las fracciones V y VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la jurisdicción se define como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos jurisdiccionales en que se distribuye el Poder Judicial de la Federación, que implica a la vez un cúmulo de deberes; así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, dirimir las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones. Dicho en otras palabras, la jurisdicción se ejerce por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia; por ello, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. Bajo esa línea argumentativa, esta juzgadora estima que la competencia para conocer del acto reclamado se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, toda vez que el acto reclamado es meramente de carácter administrativo, en atención a que se debe tener en cuenta, por un lado, que resulta ajeno a juicio alguno, ya que el mismo no se hace derivar de un proceso judicial de naturaleza civil, pues se trata de un pronunciamiento realizado por autoridad administrativa, lo cual denota que el acto reclamado no es materialmente civil. Esto obedece a que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "I.- La resolución y ejecución a través de la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Dirección General de Atención a Autoridades, procedió a congelar, asegurar, inmovilizar, embargar y/o retener los recursos de todas las cuentas existentes en instituciones bancarias y financieras del país cuyos titulares seamos los quejosos ********** "II.- Los efectos de la ejecución que a dichas resoluciones realicen o haya realizado **********y a cualquier institución bancaria del país que impiden que por motivo de dicha "inmovilización" "paralización" "bloqueo" "embargo", mi representada y suscrito podamos realizar el uso habitual que se le da a las mismas (recibir y realizar transferencias de dinero, realizar transferencias, realizar pagos a terceros de naturaleza comercial, laboral e inclusive fiscal, éstas últimas por certeza jurídica e imposición legal deben cubrirse directamente del patrimonio de los contribuyentes.". Ahora, para realizar un estudio del acto reclamado, es necesario identificar los antecedentes más relevantes, conforme a las manifestaciones de la quejosa en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad: Que el ********** del año en curso, trató de realizar de realizar un movimiento bancario en la cuenta número **********, con número de cliente ********** y cuenta clave número **********, a nombre de la moral quejosa ante ********** sin embargo, vía telefónica le notificaron que no era posible realizar ningún movimiento bancario. Que con motivo del hecho anterior acudió a sucursal y en ventanilla le informaron que el pasado primero de febrero del año en curso, la institución bancaria en mención recibió instrucción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de la Dirección de Atención a Autoridades, de bloquear todas las cuentas existentes en instituciones bancarias a nombre de la moral quejosa y de **********. Que ".ni mi representada ni el suscrito hemos sido enterados judicial, ni extrajudicialmente de la existencia de algún juicio o instancia que motive esta determinación; lo que sí le podemos afirmar es que no conocemos de la existencia de ningún crédito líquido exigible de naturaleza civil o mercantil, mucho menos laboral ni fiscal, ni de cualquier otra índole, en perjuicio de los quejosos." Con base en estos antecedentes, resulta que se surte la competencia de los jueces de distrito especializados en materia administrativa, pues se promueve en contra de "actos de autoridad distinta de la judicial", conforme al artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto obedece a que el acto reclamado no proviene de una autoridad jurisdiccional, sino administrativa, como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Dirección General de Atención a Autoridades. En cambio, no se actualiza alguno de los supuestos de competencia de los jueces de distrito de amparo en materia civil (artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), porque el juicio no se promueve en contra de una resolución del orden civil; ni contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil; no se trata de un asunto de competencia residual, por no encuadrar en la especialidad de otros juzgados de amparo especializados; ni se trata de una denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad de normas en materia civil. Así las cosas, este juzgado federal no es competente para conocer del presente asunto. Por lo tanto, remítase de inmediato la demanda y sus anexos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a quien se le solicita atentamente el acuse de recibo de estilo, así como que comunique lo que al respecto tenga a bien determinar. Fórmese cuaderno de antecedentes. Fundamento: Artículos 48 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, y 54 (interpretado en sentido contrario) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, con número de registro 167,761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********** Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados Ahora, ténganse como autorizados en términos amplios a **********, toda vez que, tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto de **********, se les tiene por autorizados para los efectos que se indican, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Fundamento: Artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notificaciones En el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Fundamento: Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, con número de registro 169,843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello (es decir, realizar la solicitud). También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Para el acceso a las partes al sistema de consulta correspondiente, la parte que así lo desee deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese.

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