Jair de Jesús Aguilar Eustaquio
Expediente 421/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jair de Jesús Aguilar Eustaquio
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida aparentemente por -----------, ----------- y -----------, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Representante Operativo, respectivamente, de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, en el juicio de amparo 421/2021-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.) En atención a lo anterior, se estima que este expediente es destruible, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica apartemente por --------, --------y --------, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Representante Operativo, respectivamente, de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, contra actos de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz y otra autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 421/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Ello, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, como en el caso acontece, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por --------, --------y --------, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Representante Operativo, respectivamente, de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, carece de sus firmas electrónicas. Luego entonces, conforme a lo antes expuesto es claro que no se advierte la manifestación de voluntad de los promoventes---------------, --------y--------------------- , quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Representante Operativo, respectivamente, de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de los promoventes. Se precisa que toda vez que las promociones que carecen de firma electrónica de los directos promoventes, como la demanda que nos ocupa, no es una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor, puesto que no se encuentra avalado mediante la firma de quien promueve. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de los promoventes del amparo, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden, si la demanda no contiene la firma electrónica de --------, --------y --------, en su carácter de Presidente, Secretario y Representante Operativo, respectivamente todos de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, y en razón de que el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte agraviada, siendo que todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor, sobre todo el escrito de demanda que es el que da curso al procedimiento, porque se manifiesta la voluntad del accionante, lo que en la especie no se satisface con la presente demanda. Finalmente, no resulta inadvertido que al final del escrito inicial de amparo, se encuentre impresa la imagen de firmas autógrafas con los nombres de los promoventes, sin embargo, ello no es suficiente para subsanar el requisito de procedencia, pues la reproducción electrónica de una firma, no permite tener certeza sobre la voluntad de los directos quejosos, pues se reitera, sin su firma autógrafa o electrónica, no puede considerarse que el escrito que se presenta contenga la manifestación de la voluntad de---------- , --------y ---------------, con la que se pueda tener por colmado el requisito de instancia de parte agraviada. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, se DESECHA por improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por --------, --------y --------, en su carácter de Presidente, Secretario y Representante Operativo, respectivamente todos de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica por así haberlo solicitado expresamente, aunado a que proporcionó el nombre de usuario "--------". Asimismo, toda vez que como ha quedado señalado, la parte promovente proporcionó un nombre de usuario, en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias, En ese mismo sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico Jair-ahmed@hotmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estime necesario, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Por otra parte, toda vez que ninguna de las personas que señalan los promoventes como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionale s2, además, proporcione un número de teléfono móvil para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. También, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 5553870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Ahora bien, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, 1 2 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y enlas subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." 3 ". CUARTO. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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