Jair Damour Javalera Yllanes
Expediente 133/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/03/2018
Partes del expediente
- Jair Damour Javalera Yllanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vistas las copias certificadas del requerimiento, oficio remitido por la autoridad responsable, así como de los autos de diecinueve de febrero y trece de marzo, ambos de dos mil dieciocho y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que al contribuyente no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes en este asunto, no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Además, la concesión de amparo se hizo extensiva al acto consiste en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, según corresponda, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica aplicable a la quejosa la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formulara y publicará en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español. Esta concesión de amparo estuvo condicionada "hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español", circunstancia que fue superada cuando la autoridad responsable expide tres publicaciones relevantes que sustituyeron dicho anexo, por lo que al expedir la nueva reglamentación la autoridad administrativa acató la principal instrucción fijada por el Alto Tribunal para cumplir con la condición futura fijada en dicha jurisprudencia. Así el Anexo 24 para 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Anexo Técnico en su sitio de internet, destruyeron los efectos de los anteriores anexos 24 para 2015 y 2016, pues el vigente prorrogada por la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo tercero transitorio, posibilita a la quejosa el cumplimiento de la obligación formal del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, respecto del ejercicio en que estuvo imposibilitada para hacerlo. A lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar los Recursos de Inconformidad 871/2017, 872/2017, 873/2017, 874/2017 y 875/2017, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se pronunció y resolvió que las publicaciones relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 ya subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos. Esto en la inteligencia de que la responsable no está en condiciones de sancionar a los quejosos por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquel ejercicio en el que estuvo imposibilitada de hacerlo, ante la ausencia de los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML; pues se insiste, es hasta la emisión del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (y su documento técnico), con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual los quejosos ya están en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal, por lo que resultaría ocioso e ineficaz requerir el cumplimiento respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, 2015 y 2016, puesto que no existen actos que dejar insubsistentes, de ahí que no existe materia por la que tuviese que darse cumplimiento. En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por medio del cual, comunica el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho y anexa un oficio sin firma; de lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta; y considerando la circunstancia de que por oficio número SEADS/926/2017, de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo en la que se determina la readscripción del Juez Jonathan Bass Herrera a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del uno de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese; y en su caso a las autoridades responsables hasta en tanto reanuden labores.
- Principal
Ciudad de México, quince de agosto de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable, el auto de doce de junio de dos mil diecisiete y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable en diversos autos emitidos en ese cuaderno, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que los contribuyentes a los que les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son únicamente los que a continuación se precisan: No. Juicio de amparo Quejoso Sentencia 1 8496/2015 acumulado al 7993/2015 ********** Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 2 1661/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 3 7396/2015 acumulado al 7263/2015 **********Audiencia con sentencia 4 2201/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 5 10532/2015 **********Audiencia con sentencia 6 7632/2015 **********Audiencia con sentencia 7 1922/2015 acumulado al 1835/2015 **********Genérica de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 8 1927/2015 acumulado al 1768/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 9 5503/2014 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 10 3275/2015 acumulado al 3094/2015 **********Audiencia con sentencia 11 3756/2016 **********Audiencia con sentencia 12 5378/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 13 6654/2015, acumulado al 5866/2015 **********Genérica de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 14 2218/2016 acumulado al 2216/2016 **********Audiencia con sentencia 15 7309/2015 **********Audiencia con sentencia 16 5543/2015 **********Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis Ahora bien, en la sentencia de este asunto, se resolvió, entre otras cuestiones, conceder el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Por tanto, si la autoridad responsable, únicamente realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes señaladas y en relación con los juicios de amparo indicados con antelación y entre ellos no se encuentra la parte quejosa ni este asunto, razón por la cual no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, a saber el único punto por el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de ahí que tampoco pueda emitirse la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se da vista a la parte quejosa por el término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para que, de ser el caso, manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo y una vez transcurrido el plazo, con o sin manifestación alguna, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
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