Jair Cuevas Flores

Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
517/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Jair Cuevas Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Visto el oficio presentado por el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita nuevamente una prórroga para cumplir con el fallo protector, al respecto, dígase que no ha lugar a autorizar la misma, porque no acredita con el soporte documental correspondiente, alguna gestión encaminada para cumplir con la sentencia de amparo. En este sentido, toda vez que a la fecha en que se actúa la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, no ha cumplido con el fallo protector, no obstante que desde el doce de julio de dos mil diecinueve al cinco de noviembre del presente año, se le ha requerido en múltiples ocasiones, y en el caso, sólo ha informado algunas gestiones al respecto, entre ellas, el pretendido reajuste a las partidas presupuestales autorizadas para el año dos mil diecinueve y que requirió al Director General Administrativo de esa Secretaría, para que acreditara los pagos a favor del quejoso de las prestaciones contenidas en la ejecutoria de amparo. En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte y se impone al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco una multa por la cantidad de CIEN Unidades de Medida y Actualización a la data en que se actúa, por ser omiso en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual deberá hacerse efectiva, por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "1", por lo que deberá enviársele oficio a esta autoridad a fin de que lleve a cabo la encomienda ordenada, precisándole que dicha entidad tiene su domicilio en Avenida Prolongación Alcalde, número 1351, Esquina Avenida Circunvalación División del Norte, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco, México. En el entendido de que son los únicos datos que obran en el expediente. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). En el supuesto de no localizar al sancionado en el domicilio proporcionado, la autoridad requerida deberá realizar la investigación correspondiente en las bases de datos con las que cuente, con la finalidad de encontrar el lugar de residencia de la citada persona; en el entendido de que si el domicilio respectivo no se encuentra dentro de su región, deberá canalizar la presente solicitud a la autoridad competente, a fin de que se cumpla con lo ordenado por este Juzgado Federal. Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, previo a pronunciarse sobre el incumplimiento del fallo protector, se requiere al Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, para que, en el término de diez días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional, esto es: ".Realice el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso ***, con motivo de la separación de su cargo.". En el entendido, de que compete al citado Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones, realizar las gestiones necesarias a fin de dar completo y cabal cumplimiento al fallo protector, inclusive instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL??????????????? PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento."1 Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a DOSCIENTAS UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con las acciones tendentes al seguimiento de la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que 1 Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10 ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por doscientos el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). El monto de la medida de apremio con que se le apercibe, atiende precisamente a que no ha acreditado gestiones efectivas para lograr el cumplimiento del fallo protector que nos ocupa, lo que implica un retraso injustificado en el procedimiento de ejecución, no obstante los múltiples requerimientos formulados en ese sentido, desde el doce de julio de dos mil diecinueve, fecha en que causó ejecutoria la sentencia de amparo. Por último, hágase del conocimiento la presente determinación al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a fin de que en su carácter de superior jerárquico del Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, en términos de los artículos 193 y 194 de la Ley de Amparo, lo conmine para que cumpla a cabalidad con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con la constancia que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con la constancia que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el seis de noviembre de dos mil veinte, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió:  Informe si a las doce horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veinte llevó a cabo el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en el juicio laboral ***, y en caso negativo, programe día y hora para su verificativo, ajustándose al término que para tal acto procesal se establece en la Ley Federal del Trabajo o, en su defecto, demuestre fehacientemente la causa legal que le impide hacerlo. Al respecto, la Junta responsable debía informar si el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, llevó a cabo el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en el juicio laboral ****, y en caso negativo, programara día y hora para su verificativo, ajustándose al término que para tal acto procesal se establece en la Ley Federal del Trabajo, por ello, mediante oficio ****, la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, allegó constancia certificada del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que se advierte que señaló las nueve horas con quince minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. Constancia que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se por una parte se negó y por otra se concedió el amparo solicitado, y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Asimismo, de conformidad al artículo 15 del citado Acuerdo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por "**, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AVISO PRINCIPAL.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, QUE EN SÍNTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad informa. Téngase por recibido el oficio firmado por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite copia certificada de la actuación de veintitrés de octubre de dos mil veinte, constancias con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector. Vista con pretendido cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el au

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