Jair Alexander de Leon Narvaez
Expediente 804/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jair Alexander de Leon Narvaez
- JAIR ALEXANDER DE LEON NARVAEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de quince días, que establecen los párrafos primero y segundo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer su inconformidad contra el proveído mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia, sin que hasta estos momentos se haya hecho manifestación alguna al respecto; SE DECLARA FIRME EL REFERIDO AUTO. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió el amparo. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se negó la medida cautelar. Como lo dispone el artículo 19 del ordenamiento mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible dentro del plazo de seis meses, pues es un duplicado del incidente de suspensión. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, informó que en resolución de cuatro de mayo pasado, desechó el recurso de queja 131/2023, por tanto, se solicita respetuosamente a dicho Tribunal, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva indicar el estado que guarda el asunto en comento, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada el cuatro de mayo del año en curso, en el recurso de queja ... en donde desechó el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo a la Superioridad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE MAYO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISEIS DE MAYO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Se advierte que ha fenecido el término de tres días, concedido a las partes en proveído de diecinueve de abril del año en curso, para alegar sobre el cumplimiento al fallo protector; lo que en la especie ocurrió por la parte quejosa. 1. SENTIDO Y EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se engrosó la sentencia en la que se concedió el amparo, cuyos efectos fueron para que la autoridad responsable: Dejara insubsistente el auto de catorce de julio de dos mil veintidós; y, En su lugar, dictara otro en el que con plenitud de jurisdicción, resolviera lo conducente fundando y motivando su determinación atendiendo a los elementos indispensables de las resoluciones que se expusieron en el fallo protector. 2. TRÁMITE DE LA EJECUCIÓN. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento; posteriormente, mediante proveídos de veinte de febrero y treinta y uno de marzo, ambos de dos mil veintitrés, se consideró que el fallo protector no estaba debidamente cumplido, por lo que nuevamente se requirió su acato, bajo los apercibimientos de ley. 3. FORMA. El A quo realizó lo siguiente: - El doce de abril de dos mil veintitrés, el Juez responsable dejó sin efectos el acto combatido, así como el de once de enero y veinticuatro de febrero de la presente anualidad, y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva determinación, donde estimó que era procedente decretar diversas medidas de protección por ser precautorias, cautelares y de urgente aplicación, como fueron: La concesión de guardia y custodia a favor de la progenitora donde indicó que era procedente y citó el criterio con registro 2005454 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La suspensión del régimen de visitas de la menor con el quejoso es necesaria, toda vez que la conducta descrita por la víctima por parte del agresor implica e incide en el desarrollo armónico e integral de la menor, pues aunque no se advierta una agresión directa, su comportamiento ha sido hostil y es percibido por la niña, lo que genera violencia psicoemocional al encontrarse involucrada como parte del núcleo familiar. La restricción al impetrante y sus familiares de no acudir al domicilio donde se encuentre la progenitora y la menor; así como, domicilio laboral, escolar o de guardería, o cualquier otro lugar en que se encuentren. Una pensión alimenticia al impetrante para su menor hija por el 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias y cualquier ingreso que tenga de cualquier fuente. En justificación a dichas medidas el a quo realizó los argumentos siguientes: - Estableció que se conceden de manera inmediata dada su naturaleza, así como que diversas legislaciones relacionadas con la violencia dirigida a la mujer ya que protegen, promueven y garantizan el derecho a una vida libre de violencia. - Resultaron ser necesarias para evitar e impedir la continuidad de violencia ejercida por el progenitor, tanto a la madre como a la hija y considerando la conducta descrita por la víctima, lo que incide en el desarrollo armónico e integral de la menor, pues si bien no se advierte algún tipo de agresión para ella, su comportamiento es percibido por la infante, lo que implica violencia psicoemocional al encontrarse involucrada dentro del núcleo familiar, lo que además acontece en el domicilio donde habitan. - Fijó una fecha y hora para llevar a cabo una audiencia a fin de realizar un estudio completo de las circunstancias relativas a la pertinencia e idoneidad de las medidas de apremio que deban decretarse, a efecto de cumplir con lo ordenado, hizo del conocimiento al quejoso que puede acudir ante instituciones públicas o privadas para tener una defensa adecuada el día señalado. De lo narrado se advierte que se cumplió con el fallo protector, porque el responsable ajustó su proceder a los lineamientos contenidos en la ejecutoria de amparo, con lo que se le restituyó a la parte quejosa en sus derechos, en términos de la fracción II del artículo 77 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declara que se ha cumplido la sentencia sin excesos o defectos. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones de inconformidad con el cumplimiento a la ejecutoria externadas por el peticionario de amparo, puesto que como ha quedado asentado, la autoridad fundó y motivó su actuar, lo cual le llevó a concluir en la forma en que lo hizo, máxime, que para ello se le dio plenitud de jurisdicción, lo que implica que no necesariamente sea una resolución favorable a los intereses del inconforme. Respecto a que no emitió un nuevo auto en el que cumpliera con lo considerado en la sentencia del juicio de amparo, contrario a lo que indica y conforme lo analizado en la presente determinación, la autoridad sí ajustó su actuar a los lineamiento del fallo concesorio y subsanó las irregularidades apuntadas en autos. Con relación a que carece de fundamentación y motivación, se responde que la determinación con la que se cumple el fallo, contiene una serie de argumentos con cita de fundamentos, así como criterios que la autoridad estimó como base para decretar las medidas de protección, con lo que se acató lo determinado en la sentencia, por lo que lo considerado por ésta deberá cuestionarse en un nuevo juicio constitucional. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis 15281 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 1 Visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte-SCJN Décima Segunda Sección- Ejecución de sentencias de amparo, página 1728, de la Novena Época, con registro 1003407. "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA. El artículo 17 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo segundo, el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial; además, dispone que el servicio de administración de justicia es gratuito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo por violación a la citada garantía individual sólo obliga a la autoridad responsable a dictar la resolución dentro de los plazos y términos en los que debe administrarse justicia e impide que el Juez de Distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución o en la inconformidad promovida en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, examinen los motivos o fundamentos que sustentan la resolución dictada en el juicio, recurso o instancia respectivo, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad." Relativo a que la autoridad no consideró la sentencia de amparo y dictó un auto sin dar vista al quejoso y sin fijar fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por él en el juicio natural, no le asiste la razón, pues el Juez responsable señaló una data para que tuviera verificativo una audiencia a fin de que pudiera hacer valer lo que conforme a sus derechos estime pertinente y se determinara lo conducente sobre la pertinencia e idoneidad de las medidas de apremio, para lo cual además ordenó la notificación personal del accionante de amparo. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) 2 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo 2 Décima Época, con registro digital 2010987, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 832. sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Finalmente, con relación a que la autoridad autorizó el uso de la fuerza pública y romper cerraduras, del estudio de la determinación dictada en cumplimiento, no se advierte tal providencia precautoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".
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