Jair Alberto Nájera Jaramillo

Expediente 1147/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1147/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Jair Alberto Nájera Jaramillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Jair Alberto Nájera Jaramillo, contra actos del Juzgado de Control de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1147/2022-IV. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, la demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia, ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". La causa de improcedencia en estudio, en atención a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, se actualiza cuando en dos o más juicios que se encuentran en trámite existe identidad en las partes (quejoso y la autoridad responsable) y el acto reclamado, aunque las violaciones procesales puedan ser diversas, lo que en derecho procesal se conoce como litispendencia. Esta institución procesal tiene como finalidad impedir que se ejerzan las mismas acciones en diferentes juicios de amparo para evitar que la materia de estudio sea del conocimiento de diversos juzgadores, lo que a la postre pueda dar lugar a sentencias contradictorias. Conforme a la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que exista litispendencia en el juicio de amparo, es necesario que se den los siguientes presupuestos: Identidad del quejoso. Identidad de las autoridades responsables. Identidad del acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso se actualizan dichos supuestos y, por ende, así también la causa de improcedencia a la que se hace alusión. En el particular, Jair Alberto Nájera Jaramillo, promueve el presente juicio contra la autoridad y acto reclamado siguientes: (.) 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Como Autoridad Responsable señalo al Maestro José de Jesús Delgado Ojeda en su calidad de Juez de Control del índice del Juzgado de Oralidad Penal en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con domicilio conocido en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. 4.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable se señala la incorrecta resolución que tuvo a bien emitir dentro del de la causa penal 1P1622-1178, de fecha 29 de agosto del año 2022, resolución que me fue notificada en esa misma fecha de manera oral por la responsable, resolución en la cual se emitió auto de vinculación a proceso al suscrito, ello por el hecho que la ley señala como el delito de violación espuria, previsto y sancionado por el numeral 181 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de la menor de iniciales A.Z.G. (.) Ahora, de una búsqueda en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, la demanda que dio origen al juicio de amparo 1143/2022-I de esta estadística, promovida por Jair Alberto Nájera Jaramillo, contra la autoridad y acto transcrito anteriormente, es decir, la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 1P1622-1178, del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato, donde se le vinculó a proceso por el delito de violación espuria. Juicio de control constitucional admitido por auto de veintidós de septiembre del año en curso, en el cual se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Dicho sumario se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De manera que al existir identidad entre la parte quejosa, el acto reclamado y la autoridad responsable entre este asunto y el diverso juicio de amparo 1143/2022-I de este índice, en el cual por auto de veintidós de septiembre del año en curso se admitió y se encuentra en trámite, por tanto el presente juicio constitucional, en el caso particular, es improcedente. Es ilustrativa la tesis I.11o.C.31 K (10a.)del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, con número de registro digital 2019187, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo I, Abril de 2014, Décima Época, página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." (Énfasis añadido) Sin embargo, el criterio citado no es aplicable al presente asunto, ya que ésta hace referencia a cuando diferentes juzgadores tienen conocimiento de dos demandas de amparo similares. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Jair Alberto Nájera Jaramillo, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la demanda de amparo que promueve Jair Alberto Nájera Jaramillo, contra actos del Juzgado de Control de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1147/2022-IV. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, la demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia, ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". La causa de improcedencia en estudio, en atención a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, se actualiza cuando en dos o más juicios que se encuentran en trámite existe identidad en las partes (quejoso y la autoridad responsable) y el acto reclamado, aunque las violaciones procesales puedan ser diversas, lo que en derecho procesal se conoce como litispendencia. Esta institución procesal tiene como finalidad impedir que se ejerzan las mismas acciones en diferentes juicios de amparo para evitar que la materia de estudio sea del conocimiento de diversos juzgadores, lo que a la postre pueda dar lugar a sentencias contradictorias. Conforme a la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que exista litispendencia en el juicio de amparo, es necesario que se den los siguientes presupuestos: Identidad del quejoso. Identidad de las autoridades responsables. Identidad del acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso se actualizan dichos supuestos y, por ende, así también la causa de improcedencia a la que se hace alusión. En el particular, Jair Alberto Nájera Jaramillo, promueve el presente juicio contra la autoridad y acto reclamado siguientes: (.) 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Como Autoridad Responsable señalo al Maestro José de Jesús Delgado Ojeda en su calidad de Juez de Control del índice del Juzgado de Oralidad Penal en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con domicilio conocido en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. 4.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable se señala la incorrecta resolución que tuvo a bien emitir dentro del de la causa penal 1P1622-1178, de fecha 29 de agosto del año 2022, resolución que me fue notificada en esa misma fecha de manera oral por la responsable, resolución en la cual se emitió auto de vinculación a proceso al suscrito, ello por el hecho que la ley señala como el delito de violación espuria, previsto y sancionado por el numeral 181 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de la menor de iniciales A.Z.G. (.) Ahora, de una búsqueda en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, la demanda que dio origen al juicio de amparo 1143/2022-I de esta estadística, promovida por Jair Alberto Nájera Jaramillo, contra la autoridad y acto transcrito anteriormente, es decir, la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 1P1622-1178, del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato, donde se le vinculó a proceso por el delito de violación espuria. Juicio de control constitucional admitido por auto de veintidós de septiembre del año en curso, en el cual se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Dicho sumario se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De manera que al existir identidad entre la parte quejosa, el acto reclamado y la autoridad responsable entre este asunto y el diverso juicio de amparo 1143/2022-I de este índice, en el cual por auto de veintidós de septiembre del año en curso se admitió y se encuentra en trámite, por tanto el presente juicio constitucional, en el caso particular, es improcedente. Es ilustrativa la tesis I.11o.C.31 K (10a.)del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época, Libro 63, F (Énfasis añadido) Sin embargo, el criterio citado no es aplicable al presente asunto, ya que ésta hace referencia a cuando diferentes juzgadores tienen conocimiento de dos demandas de amparo similares. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Jair Alberto Nájera Jaramillo, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal..."

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