Jaime Wilberth Hernández Can

Expediente 500/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 106 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
500/2019
Año
2019
Actuaciones
106
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Jaime Wilberth Hernández Can
  • Jaime Wilberth Hernández Can y Otros.
  • Alfonso Antonio Martín Cuytun
  • Eduardo Caamal Koyoc
  • Bernardo Aguilera Cancino
  • Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán
  • Fátima Daniel Canul Pech
  • Raúl Nestor Hernández Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 106.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veintidós de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de destrucción; toda vez que, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos remitidos en su momento por las autoridades responsables; devuélvanse los referidos anexos a las mismas. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, la licenciada Jennifer Pérez González, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes, con excepción de la autoridad responsable Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, no obstante que fue debidamente notificada, según se advierte de las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 12739 y 18848, de dos de mayo y catorce de junio de dos mil diecinueve. Seguidamente, el Juez acuerda: ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las responsables, y dado que la autoridad omisa fue debida y oportunamente requerida, celébrese la audiencia constitucional. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la quejosa en su escrito de demanda y las exhibidas por escritos presentados el veintiuno de mayo y doce de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, así como las remitidas por las autoridades responsables, en vía de apoyo a sus respectivos informes justificados y que obran agregadas en autos, con las que se formaron los anexos correspondientes. Asimismo, con la diligencia de inspección judicial practicada por la actuaria de este Juzgado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo en la granja ubicada en las afueras de San Antonio Chel, esto es, en el predio ubicado en el polígono 01 zona 2,3; manzana 21 Solar 2; manzana 22 solares 1,2, manzana 29 solares 2,3; manzana 30 solares 1,2,3,4; manzana 39 solaras 1,2,3,4; manzana 48 solares 1,2,3,4; manzana 56 solares 2,3, en el ejido de San Antonio Chel, municipio de Hunucmá, Yucatán, la cual, opera a nombre de la persona moral denominada "Yuca Agroalimentos", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cual ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda. Por otro lado, con los dictámenes en materia forestal y servicios ambientales rendidos por el perito nombrado por la parte quejosa Claudio Vicente Franco Chulin, así como por el perito oficial David Antelmo May Gutiérrez, mediante escritos presentados el nueve de octubre y cuatro de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, respectivamente; y la totalidad de las actuaciones que integran el procedimiento de origen. Finalmente, con la prueba pericial consistente en el peritaje en materia de contaminación de esteroles fecales, nitratos, nitritos, amonios, y en aguas subterráneas; así como la diversa inspección judicial, ofrecidas mediante escrito de ampliación de demanda de doce de noviembre del año en curso, las cuales se reservaron en auto de dieciocho de septiembre del año en curso. Sin que sea necesario suspender la presente audiencia para el desahogo de las citadas pruebas, ya que como se verá más adelante, no será necesario adentrarse al estudio del fondo de la cuestión planeada en el presente juicio constitucional. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período, con excepción de la prueba pericial y de inspección judicial reservadas mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, por los motivos señalados con antelación. A continuación, abierta la etapa de alegatos, la Secretaria da cuenta con los formulados por la quejosa -por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Guillermo Mario Solís Guillermo-, agregado en auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve. A lo que el Juez acuerda: se tienen por formulados y vertidos los alegatos de mérito, los cuales podrán ser tomados en consideración al dictarse la sentencia respectiva. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el Juez declara visto el expediente y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 500/2019-VI-B, promovido por ********************, -representante común de la parte quejosa- y otros, en contra de los actos que reclama del Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, y otras autoridades; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron ********************, Eduardo Caamal Koyoc, Raúl Nestor Hernández Canul, Roberto Canché Tun, Fátima Daniel Canul Pech, Norma Guadalupe Canul Puc, Roberto Chávez Tec, Leandro Tzul Cool, Timotea Pech Can, Alba Marina Canul Ku, María del Rosario Ku Ek, Flora María Can Dzul, Ana María Pech Can, María Bartola Canché Canul, Gilda Marlene Ek Hernández, Margarita del Socorro Hernández Can, Fidelia Can Dzul, José Edilberto Ku Hernández, Ricardo Francisco Baas Pech, María del Carmen Balam Can, Griselda Janeth Ku Can, José Luis Canché Baas, José Rodrigo Tzuc Sánchez, María Cristina Hernández Chan, Yolanda de la Cruz Ku Canul, Faustino Balam Caamal, Sergio Armando Dzul Ku, Jesús Alberto Ku Canul, Guillermo Alonso Ku Canul, Silvestre Tzuc Cool, José Severiano Ku Can, Javier Ricardo Ku Dzul, Sergio Javier Ku Hernández, Roger Humberto Vázquez Uc, Fernando Alfonso Rivadeneyra Nadal, Miguel Lizárraga González, José Antonio González Lugo, María Cristina Ávila Ching, Irene Estrada Galindo, Ruth Cisneros Estrada, Cecilia de los Ángeles Uh Jiménez, Felipe Maldonado Solís, Susana Mota Campos, María Fabiola Monroy Guido y Sebastien Jean Proust, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, y la Comisión Nacional del Agua, residente en la Ciudad de México. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 500/2019-VI-B, y se requirió a la parte quejosa a fin de que los quejosos Leandro Tzuc Cool, María Tomasa Pech Dzul, María Hipolita Canul Uc, Berta Kan Cu, Deysi Cristina Cuxim Ku, Irma del Socorro Ku Hernández y María Cristina Hernández Cetina, comparecieran ante este Juzgado Federal a reconocer como suya la huella dactilar estampada en el escrito de demanda, habiéndolo hecho únicamente Leandro Tzuc Cool y María Cristina Hernández Cetina. En ese sentido, por auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, previa aclaración, se tuvo por no presentada la demanda de que se trata por lo que se refiere a los quejosos María Tomasa Pech Dzul, María Hipolita Canul Uc, Berta Can Ku, Deysi Cristina Cuxim Ku e Irma del Socorro Ku Hernández, al no haber dado cumplimiento al requerimiento acabado de señalar. Asimismo, se desechó la misma respecto al diverso promovente Alfonso Antonio Martín Cuytun, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, se admitió la demanda de que se trata por los demás quejosos; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados. TERCERO. Por auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, previas aclaraciones, se admitió la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, por lo que hace a la nueva autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y a los nuevos actos reclamados, lo que se comunicó a la nueva autoridad responsable y se solicitó sus respectivos informes justificados a las autoridades responsables. CUARTO. Por diverso auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se desechó de plano la segunda ampliación de demanda promovida por la parte impetrante del amparo, por lo que hace a la nueva autoridad responsable Organismo Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con sede en esta ciudad, y a los nuevos actos reclamados. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que en sesión de quince de julio de dos mil veinte, declaró fundado el referido medio de impugnación. QUINTO. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la segunda ampliación de demanda por lo que hace a los nuevos actos de las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS) y Organismo Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ambas con sede en esta ciudad, por lo que se les solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se les comunicó a las mismas la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente en la que este órgano jurisdiccional sobreseyó en el presente juicio constitucional. QUINTO. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por ejecutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de emplazar con el carácter de tercera interesada a la persona moral denominada Yuca Agroalimentos, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. SEXTO. En virtud de lo anterior, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la referida persona moral; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O : PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, junto con sus informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclamó en su escrito inicial de demanda: La operación del proyecto de granja de ganado vacuno sin el respectivo permiso, misma que aducen, descarga aguas contaminadas en los ríos subterráneos del Municipio de Hunucmá, Yucatán, lo que ha provocado contaminación al medio ambiente. Por otra parte, mediante proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda en contra de los siguientes actos y autoridades: Del Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán: "1.- El permitir que el tercero interesado opere su proyecto de granja de ganado con descargas de aguas residuales contaminadas con heces fecales a pesar de que ese tipo de actividades están prohibidas en esa zona conforme al Plan Municipal de Desarrollo. 2.- El haber otorgado los permisos de operación de la granja de ganado sin haber antes realizado una consulta indígena a la población de la comunidad de San Antonio Chel para tener el consentimiento de la población maya de esa comunidad, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. 3.- El haber otorgado los permisos de operación de la granja de ganado de referencia sin que se haya realizado primero un estudio de impacto ambiental y una posterior manifestación de impacto ambiental". De la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México: "1.- El permitir que el tercero interesado opere su proyecto de granja de ganado con descargas de aguas residuales contaminadas con heces fecales a pesar de que como reconoce en su informe justificado, los permisos solicitados por dicha empresa "se encuentran en etapa de revisión y evaluación y a la presente fecha aún no se ha emitido la resolución correspondiente. 2.- Las omisiones de dicha autoridad en su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas quejosas, a pesar de que tiene conocimiento de que la granja del tercero interesado se encuentra operando sin contar con permisos de aguas residuales. 3.- Las omisiones de dicha autoridad en su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas quejosas, a pesar de que tiene conocimiento de que la granja del tercero interesado no cuenta con ningún sistema de tratamiento de agua para realizar descargas de aguas residuales que no contaminen el agua. 4.- Las omisiones de dicha autoridad en su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas quejosas, a pesar de que tiene conocimiento de que la granja del tercero interesado no cuenta con ningún sistema que controle, mitigue y contenga las emisiones contaminantes de la concentración de excremento de animales". De la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: "1.- El haber otorgado el permiso al tercero interesado para operar su proyecto de granja de ganado en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio Chel, con descargas de aguas residuales contaminadas con heces fecales, sin haber realizado una evaluación de impacto ambiental, ni una posterior manifestación de impacto ambiental conforme a la legislación yucateca vigente y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 2.- Las omisiones de dicha autoridad en su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas quejosas, a pesar de que tiene conocimiento de que la granja del tercero interesado se encuentra operando sin que se haya realizado un estudio de impacto ambiental, ni mucho menos una eventual manifestación de impacto ambiental. 3.- El haber otorgado los permisos de operación de la granja de ganado sin haber antes realizado una consulta indígena a la población de la comunidad de San Antonio Chel, para tener el consentimiento de la población maya de esa comunidad, de conformidad a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. 4.- Las omisiones de dicha autoridad en su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas quejosas, a pesar de que tiene conocimiento de que la granja del tercero interesado no cuenta con ningún sistema que controle, mitigue y contenga las emisiones contaminantes provenientes de la concentración de excremento de animales". Finalmente, mediante diverso acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda en contra de los siguientes actos y autoridades: Del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): "1. El oficio BOO.806.02.2.424 de fecha 16 de octubre de 2019, por medio del cual se le otorgó diversos permisos a la empresa Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., para la operación de la granja ubicada en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio Chel en Hunucmá. 2. La concesión de aguas de subsuelo por un volumen de 336,7925.50 metros cúbicos anuales para los usos siguientes: 332,1500 metros cúbicos anuales para uso PECUARIO y 4,642.50 metros cúbicos anuales para uso SERVICIOS por un plazo de 10 años, en el predio denominado Yuca Agroalimentos, ubicado en el KM 5+000 de la carretera Hunucmá-San Antonio Chel, localidad de San Antonio Chel en el Municipio de Hunucmá. 3. La autorización a Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., del permiso para la construcción de 12 pozos para la extracción de las aguas del subsuelo. 4. El otorgamiento del permiso a Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., para descarga de aguas residuales por un volumen de 1,314.00 metros cúbicos anuales procedentes de servicios sanitarios de empleados, por un plazo de 10 años, por medio de pozos de absorción en el predio denominado Yuca Agroalimentos, ubicado en el KM 5+000 de la carretera Hunucmá-San Antonio Chel, localidad de San Antonio Chel en el Municipio de Hunucmá. 5. La omisión en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control de las actividades realizadas por la granja de la empresa Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., a pesar de tener conocimiento de las afectaciones ambientales que la granja está generando. 6. La aplicación de la Norma Oficial Mexicana-003-CNA-1996. 7. La desprotección y afectaciones que generan los permisos otorgados señalados en el sistema de cenotes sobre el cual se encuentra la granja. 8. La omisión en el ejercicio de sus funciones de proteger y salvaguardar los cenotes. De la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado de Yucatán: "1. Su omisión en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control sobre actividades que puedan afectar el medio ambiente, en virtud de que no posee mecanismos para garantizar el cumplimiento de la suspensión de actividades de la granja de ganado de la empresa Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., decretada por esa misma autoridad el 16 de octubre de 2019. 2. La omisión de llevar a cabo un inventario de las vacas en actual proceso de engorda y de revisiones periódicas, con el objetivo de impedir que se estén ingresando nuevas cabezas de ganado en contravención a la suspensión de actividades de la granja de ganado de la empresa Yuca Agroalimentos, S.P.R. de R.L. de C.V., decretada por esa misma autoridad el 16 de octubre de 2019. 3. La omisión de supervisar y fiscalizar la totalidad de terrenos de la granja, incluyendo el área clandestina de acumulación de excremento de animal proveniente de la granja". TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, y Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ambas con sede en esta ciudad, pues si bien al rendir sus respectivos informes justificados los negaron, a continuación realizaron manifestaciones que evidenciaron su existencia. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, la responsable Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, omitió rendir su correspondiente informe justificado no obstante que fue debidamente notificada, según se advierte de las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 12739 y 18848, de dos de mayo y catorce de junio de dos mil diecinueve, con los que se le requirieron sus informes justificados respecto de los actos señalados en el escrito inicial de demanda y de ampliación. Por lo tanto, se presumen ciertos los actos que se le reclaman de conformidad con lo previsto por el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2o. J/241, visible en la Octava Época, instancia Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 64, Abril de 1993, página 39, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." Así como la Tesis II.1o.P.35 K, visible en la Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002, página 1363, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama, esencialmente, de las autoridades responsables: La operación del proyecto de granja de ganado vacuno, misma que aducen, descarga aguas contaminadas en los ríos subterráneos del Municipio de Hunucmá, Yucatán; de ahí que las citadas responsables trasgredieron sus derechos fundamentales al otorgar los permisos a la referida granja sin haber realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes. Sin embargo, de las constancias que anexó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado de Yucatán a los oficios remitidos en apoyo y alcance a su informe justificado, agregados en proveídos de veinte de octubre y tres de diciembre de dos mil veinte, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ordenó como medida de seguridad temporal la suspensión de actividades del proyecto con denominación "Complejo de Engorda de Ganado Orgánico y Sustentable", en el expediente 159/2016 de su índice, para el efecto de que la persona física responsable se abstuviera de ingresar nuevo ganado vacuno para proceso de engorda. Asimismo, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ordenó una visita de inspección para la vigilancia de las citadas medidas de seguridad impuestas, de la cual advirtió que el sitio se encontraba en estado de abandono, por lo que requirió al aquí tercero interesado a fin de que presentara un Programa de Reforestación y Abandono del proyecto en cita. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio constitucional, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades responsables, realizaran en el ámbito de sus competencias, los actos pertinentes para cumplir con las obligaciones de proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, que se veía afectado por la autorización de la operación del proyecto de granja de ganado vacuno del Municipio de Hunucmá, Yucatán, así como constatar que el proyecto "Complejo de Engorda de Ganado Orgánico y Sustentable" se sujetara y cumpliera con las disposiciones normativas a la protección del medio ambiente. En ese sentido, al haber cesado en sus funciones la granja en cita, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a los peticionarios del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior, que se encuentre pendiente de finalizarse lo relativo al proyecto de reforestación y abandono, ya que ello, es un aspecto restaurativo por el que debe velar su cumplimiento la autoridad ambiental correspondiente, siendo que de no cumplirse debidamente podría ser objeto de una impugnación diversa, pero que no deriva directamente de los actos aquí reclamados. SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que, a excepción de la quejosa, las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, a excepción de la quejosa, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, -representante común de la parte quejosa-, en contra de los actos que reclama de la Comisión Nacional del Agua, residente en la Ciudad de México, por los motivos precisados el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, -representante común de la parte quejosa-, en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, y Organismo Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ambas con sede en esta ciudad; así como el Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, por los motivos precisados el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista de los informes justificados, que se dio por acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés al tercero interesado "YUCA AGROALIMENTOS", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Jennifer Pérez González. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la ley de la materia, respecto a la vista de los informes justificados, que se dio por acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés al tercero interesado "YUCA AGROALIMENTOS", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo hoy y se señalan las once horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Jennifer Pérez González. Doy fe.

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