Jaime Vidaurry Gomez

Expediente 1935/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1935/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Jaime Vidaurry Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    VII)Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de doce de noviembre del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), lo anterior, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva. El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo en mención). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal, razón por la cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. y da fe.

  3. Principal

    se lista citatorio El doce de noviembre de dos mil dieciocho, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos certifica: feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de octubre del presente año, pues dicho auto se le notificó el dieciocho siguiente; en consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, esa notificación surtió sus efectos el veintiséis posterior, por lo cual el plazo citado transcurrió del veintinueve al treinta y uno de octubre del año en curso, sin contar con los días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Conste. La Secretaria. Toluca, Estado de México; doce de noviembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de octubre de la presente anualidad; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento dado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Jaime Vidaurry Gómez, por derecho propio, contra el acto consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa 113/2016, por el delito de despojo. Mediante sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Vidaurry Gómez, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso séptimo." Resolución que fue impugnada por la parte quejosa, medio de impugnación que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual mediante sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA y PROTEGE a JAIME VIDAURRY GÓMEZ, contra el acto y autoridad precisados en la tercera consideración jurídica, apartado B, de esta ejecutoria y para los efectos señalados en la última consideración de la misma." La concesión del amparo fue para los efectos de que el Juez responsable debería realizar lo siguiente: "Reponga el procedimiento de la carpeta administrativa 113/2016, a partir de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que deberá dejarla sin efectos, así como la diversa celebrada el veintiocho de noviembre de ese año, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado; y: a.1) A partir del inicio de la audiencia, después de que el agente del Ministerio Público formule de forma oral la imputación y antes de que el imputado decida el plazo constitucional para que se resuelva sobre su situación jurídica -setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas-, dicha Representación Social solicite motivadamente la vinculación a proceso, exponiendo oralmente mediante argumentos y explicaciones cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; luego, deberá señalar la fecha y hora en la que se dará continuación a la audiencia, en términos de los artículos 291 y 296 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, abrogado, pero aplicable al caso concreto. Deberá prevalecer la medida cautelar que se impuso al quejoso consistente en la exhibición de una garantía económica, en virtud de que ello no fue materia del juicio de amparo indirecto del cual deriva el presente medio de impugnación. a.2) En el entendido que deberá designarse a un solo juzgador distinto de los dos jueces de control que conocieron de la audiencia inicial de formulación de imputación y de su continuación que concluyó con el dictado del auto de vinculación a proceso, el cual deberá conducir la audiencia inicial hasta su conclusión, en atención a los principios de inmediación, concentración y continuidad; y, en caso de que el imputado alegue la prescripción de la acción penal, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine lo que en derecho corresponda. Se precisa que esta ejecutoria no prejuzga sobre los datos de prueba que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda." Acto continuo, por auto de dos de octubre del presente año, se requirió al juez responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que mediante oficio recibido el ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, repuso el procedimiento en la carpeta administrativa 113/2016, a partir de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, dejándola sin efectos, así como la diversa celebrada el veintiocho de noviembre de ese año, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado; y, giró oficio a la Dirección de Administración del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral y a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que se designara juzgador diferente a los dos jueces de control que conocieron de la audiencia de formulación de imputación y su continuación que concluyó con el dictado del auto de vinculación a proceso. Acto continuo, por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de octubre del presente año, el juez responsable hizo del conocimiento la fecha para resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual previa suspensión se fijó para el dieciséis de octubre del presente año. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio por el cual el Juez de Control responsable remitió la audiencia en formato Dvd, donde se evidencia que se continúo con la audiencia inicial, después de que el agente del Ministerio Público formuló de forma oral la imputación, el imputado decidió el plazo constitucional para que se resolviera sobre su situación jurídica -setenta y dos horas-, dicha Representación Social solicitó motivadamente la vinculación a proceso, exponiendo oralmente mediante argumentos y explicaciones cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaron la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión. Prevaleció la medida cautelar que se impuso al quejoso consistente en la exhibición de una garantía económica, en virtud de que ello no fue materia del presente juicio de amparo indirecto. Asimismo, de la audiencia de dieciséis de octubre de dos mi dieciocho, se aprecia que se sobreseyó la carpeta 113/2016, por haber transcurrido por exceso el tiempo a la representación social para que formulara la imputación. En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el dos de octubre de dos mil dieciocho, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.

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