Jaime Vázquez Flores
Expediente 1160/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
- Jaime Vázquez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 57 y de la 61 a la 76), además, con el mismo se dio vista las partes quejosa y tercera interesada (foja 77), haciendo manifestaciones al respecto únicamente la primera de los nombrados (foja 81). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve este órgano colegiado concedió a Jaime Vázquez Flores la protección constitucional, para los efectos siguientes: "(.) que la Sala responsable proceda bajo los siguientes efectos: A) Deje insubsistente la resolución reclamada.- B) Dicte otra en la cual: 1. Reitere las consideraciones a través de las cuales desestimó los agravios hechos valer en la apelación principal interpuesta por Hilarión Acoltzi Bautista.- 2. Prescinda de considerar que en la apelación adhesiva planteada por el quejoso no pueden analizarse los puntos de la sentencia recurrida que hayan sido desfavorables al adherente.- 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva los agravios que el apelante adhesivo hizo valer oportunamente (...)" (fojas 49 vuelta y 50 frente). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: A) Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 3). B) El uno de octubre de dos mil diecinueve dictó una nueva resolución en la que: 1. Reiteró las consideraciones a través de las cuales desestimó los agravios hechos valer en la apelación principal interpuesta por Hilarión Acoltzi Bautista y los calificó de la manera siguiente: a) Infundado el primer agravio relativo a que la sentencia impugnada no se encontraba fundada ni motivada, ya que contrario a lo que afirmó el apelante, el juez natural sí fundó y motivó el fallo, incluso invocó los preceptos legales aplicables al caso y señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que consideró para determinar que la parte actora acreditó su acción y el demandado no justificó sus excepciones (fojas 67 vuelta y 68). b) Inoperante el segundo agravio en el que el apelante refiere que el juzgador no le otorgó valor probatorio a la documental pública consistente en la copia certificada del proceso penal 121/2010 de los radicados en el Juzgado Segundo de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en virtud de que si bien es cierto que el juez de origen omitió precisar el valor probatorio a dicha documental, lo cierto es que esa omisión por sí misma no le causa agravio alguno, toda vez que del análisis de la resolución impugnada se advierte que el juez de referencia sí la analizó y expresó las razones y circunstancias por las cuales le negó valor convictivo (fojas 68 vuelta y 69 frente). c) Inoperante el diverso agravio en el que señala que el juez de origen omitió estudiar la excepción de falta de acción que opuso, pues el inconforme introduce un elemento ajeno a la litis planteada en primera instancia, al sostener que como se trata de una compraventa de carácter civil, debió exigirse el cumplimiento de la misma mediante la acción civil correspondiente, argumento que no fue materia de la litis, toda vez que el inconforme no lo hizo valer al contestar la demanda, por tanto no puede ser materia de análisis en el recurso de apelación, sino únicamente las cuestiones debatidas ante el juez de origen (fojas 69 vuelta a 71 frente). d) Inoperante en el que aduce que los puntos resolutivos de la sentencia le causan agravio, toda vez que no combate los razonamientos ni los fundamentos legales en los que el A quo sustentó el fallo recurrido (foja 71 frente). 2. Prescindió de considerar que en la apelación adhesiva planteada por el quejoso no pueden analizarse los puntos de la sentencia recurrida que hayan sido desfavorables al adherente. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción analizó el agravio que el apelante adhesivo hizo valer oportunamente, en el que se inconforma con el sentido del quito punto resolutivo de la sentencia de primer grado, referente a la absolución del pago de intereses y de daños y perjuicios. Al respecto, determinó que las razones por las que el juez natural absolvió al demandado del pago de las referidas prestaciones fue porque: 1) no se estipularon en los recibos que constituyen el título ejecutivo, y 2) no ofreció prueba tendente a acreditar tales prestaciones. En esas condiciones, la responsable sostuvo que si bien el apelante adhesivo manifestó que no estaba conforme con el sentido de dicha determinación, lo cierto es que nada dijo respecto del primer argumento del juzgador con base en el cual concluyó que no procedía el pago de las referidas prestaciones; en consecuencia, al no precisar los preceptos legales que estimó se vulneraron en su contra, la sala determinó que esa consideración debe subsistir, la que era suficiente para seguir rigiendo el sentido del fallo (fojas 72 y 73). Además, precisó que respecto a la segunda consideración que sustentó el juez de origen para absolver al demandado de pago de las prestaciones de mérito, si bien el apelante señaló que "dichas prestaciones no tienen cantidad líquida, era en etapa de ejecución de sentencia cuando se debían aportar pruebas para su cuantificación"; sin embargo, omitió exponer los razonamientos lógicos que evidenciaran que los argumentos y fundamentos invocados por el A quo eran inexactos, es decir, estaba obligado a señalar porqué en la especie no resultaban aplicables los preceptos invocados por el juzgador. En consecuencia, calificó los agravios del apelante adhesivo como inoperantes, pues de manera genérica sólo refiere que por tratarse de cantidades líquidas puede determinare en ejecución de sentencia, pero no evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo impugnado (fojas 73 vuelta y 74 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, el quejoso Jaime Vázquez Flores, al desahogar la vista que se le otorgó con el informe del cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 81 a 83), sostiene que está en desacuerdo con el sentido de la sentencia que dictó la autoridad responsable, por las razones siguientes: a) La sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria es una repetición de la diversa de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, pues la responsable reiteró la desestimación de las prestaciones reclamadas (pago de intereses al tipo legal, más daños y perjuicios ocasionados), a través de un absurdo jurídico al sostener que los intereses legales deben plasmarse en el documento, mientras que respecto del pago de daños y perjuicios debió aportar pruebas en la fase respectiva. b) Los intereses de tipo legal fueron estipulados en cantidad líquida desde el escrito inicial de demanda en términos del artículo 362, párrafo primero, del Código de Comercio, por ser la única disposición que establece la obligación de los deberes de pagar un interés desde el día siguiente al vencimiento, en caso de que las partes no lo hayan precisado. c) El pago de intereses así como de daños quedó demostrado al ajustarse a lo previsto en el numeral 958 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que establece el pago de las prestaciones reclamadas. d) Los reclamos se basan en planteamientos precisos y concretos, pues en el proveído en el que se despachó la ejecución estaban comprendidos dichos conceptos que para su cuantificación sólo bastaba una operación aritmética. e) No existe base sólida para que la sala responsable se convirtiera en defensa de los derechos del deudor quien ninguna prueba aportó para justificar sus excepciones y en contravención al artículo 235 de la ley procesal de la materia lo absolvió de las mencionadas prestaciones, con lo que contravino los principios de seguridad procesal y de firmeza en el procedimiento, que se instituyeron desde la emisión del acto de ejecución. Al respecto, debe indicarse que resultan inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa, en virtud de que en la ejecutoria de amparo únicamente se constriñó a la responsable a contestar los agravios planteados por el apelante adhesivo, a través de los cuales controvirtió las absoluciones de las prestaciones relativas al pago de interés legal, así como de daños y perjuicios; sin embargo, se le dejó libertad de jurisdicción para que calificara dichos motivos de inconformidad, por lo que si ahora el quejoso pretende combatir esas respuestas, resulta inconcuso que ello no puede ser materia de análisis en esta resolución. Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro veintisiete, febrero de dos mil dieciséis, tomo I, página setecientos diecisiete, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces".
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 57 y de la 61 a la 76), además, con el mismo se dio vista las partes quejosa y tercera interesada (foja 77), haciendo manifestaciones al respecto únicamente la primera de los nombrados (foja 81). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve este órgano colegiado concedió a Jaime Vázquez Flores la protección constitucional, para los efectos siguientes: "(.) que la Sala responsable proceda bajo los siguientes efectos: A) Deje insubsistente la resolución reclamada.- B) Dicte otra en la cual: 1. Reitere las consideraciones a través de las cuales desestimó los agravios hechos valer en la apelación principal interpuesta por Hilarión Acoltzi Bautista.- 2. Prescinda de considerar que en la apelación adhesiva planteada por el quejoso no pueden analizarse los puntos de la sentencia recurrida que hayan sido desfavorables al adherente.- 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva los agravios que el apelante adhesivo hizo valer oportunamente (...)" (fojas 49 vuelta y 50 frente). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: A) Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 3). B) El uno de octubre de dos mil diecinueve dictó una nueva resolución en la que: 1. Reiteró las consideraciones a través de las cuales desestimó los agravios hechos valer en la apelación principal interpuesta por Hilarión Acoltzi Bautista y los calificó de la manera siguiente: a) Infundado el primer agravio relativo a que la sentencia impugnada no se encontraba fundada ni motivada, ya que contrario a lo que afirmó el apelante, el juez natural sí fundó y motivó el fallo, incluso invocó los preceptos legales aplicables al caso y señaló con precisión las circunstancias especiales y razones particulares que consideró para determinar que la parte actora acreditó su acción y el demandado no justificó sus excepciones (fojas 67 vuelta y 68). b) Inoperante el segundo agravio en el que el apelante refiere que el juzgador no le otorgó valor probatorio a la documental pública consistente en la copia certificada del proceso penal 121/2010 de los radicados en el Juzgado Segundo de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en virtud de que si bien es cierto que el juez de origen omitió precisar el valor probatorio a dicha documental, lo cierto es que esa omisión por sí misma no le causa agravio alguno, toda vez que del análisis de la resolución impugnada se advierte que el juez de referencia sí la analizó y expresó las razones y circunstancias por las cuales le negó valor convictivo (fojas 68 vuelta y 69 frente). c) Inoperante el diverso agravio en el que señala que el juez de origen omitió estudiar la excepción de falta de acción que opuso, pues el inconforme introduce un elemento ajeno a la litis planteada en primera instancia, al sostener que como se trata de una compraventa de carácter civil, debió exigirse el cumplimiento de la misma mediante la acción civil correspondiente, argumento que no fue materia de la litis, toda vez que el inconforme no lo hizo valer al contestar la demanda, por tanto no puede ser materia de análisis en el recurso de apelación, sino únicamente las cuestiones debatidas ante el juez de origen (fojas 69 vuelta a 71 frente). d) Inoperante en el que aduce que los puntos resolutivos de la sentencia le causan agravio, toda vez que no combate los razonamientos ni los fundamentos legales en los que el A quo sustentó el fallo recurrido (foja 71 frente). 2. Prescindió de considerar que en la apelación adhesiva planteada por el quejoso no pueden analizarse los puntos de la sentencia recurrida que hayan sido desfavorables al adherente. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción analizó el agravio que el apelante adhesivo hizo valer oportunamente, en el que se inconforma con el sentido del quito punto resolutivo de la sentencia de primer grado, referente a la absolución del pago de intereses y de daños y perjuicios. Al respecto, determinó que las razones por las que el juez natural absolvió al demandado del pago de las referidas prestaciones fue porque: 1) no se estipularon en los recibos que constituyen el título ejecutivo, y 2) no ofreció prueba tendente a acreditar tales prestaciones. En esas condiciones, la responsable sostuvo que si bien el apelante adhesivo manifestó que no estaba conforme con el sentido de dicha determinación, lo cierto es que nada dijo respecto del primer argumento del juzgador con base en el cual concluyó que no procedía el pago de las referidas prestaciones; en consecuencia, al no precisar los preceptos legales que estimó se vulneraron en su contra, la sala determinó que esa consideración debe subsistir, la que era suficiente para seguir rigiendo el sentido del fallo (fojas 72 y 73). Además, precisó que respecto a la segunda consideración que sustentó el juez de origen para absolver al demandado de pago de las prestaciones de mérito, si bien el apelante señaló que "dichas prestaciones no tienen cantidad líquida, era en etapa de ejecución de sentencia cuando se debían aportar pruebas para su cuantificación"; sin embargo, omitió exponer los razonamientos lógicos que evidenciaran que los argumentos y fundamentos invocados por el A quo eran inexactos, es decir, estaba obligado a señalar porqué en la especie no resultaban aplicables los preceptos invocados por el juzgador. En consecuencia, calificó los agravios del apelante adhesivo como inoperantes, pues de manera genérica sólo refiere que por tratarse de cantidades líquidas puede determinare en ejecución de sentencia, pero no evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo impugnado (fojas 73 vuelta y 74 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, el quejoso Jaime Vázquez Flores, al desahogar la vista que se le otorgó con el informe del cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 81 a 83), sostiene que está en desacuerdo con el sentido de la sentencia que dictó la autoridad responsable, por las razones siguientes: a) La sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria es una repetición de la diversa de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, pues la responsable reiteró la desestimación de las prestaciones reclamadas (pago de intereses al tipo legal, más daños y perjuicios ocasionados), a través de un absurdo jurídico al sostener que los intereses legales deben plasmarse en el documento, mientras que respecto del pago de daños y perjuicios debió aportar pruebas en la fase respectiva. b) Los intereses de tipo legal fueron estipulados en cantidad líquida desde el escrito inicial de demanda en términos del artículo 362, párrafo primero, del Código de Comercio, por ser la única disposición que establece la obligación de los deberes de pagar un interés desde el día siguiente al vencimiento, en caso de que las partes no lo hayan precisado. c) El pago de intereses así como de daños quedó demostrado al ajustarse a lo previsto en el numeral 958 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que establece el pago de las prestaciones reclamadas. d) Los reclamos se basan en planteamientos precisos y concretos, pues en el proveído en el que se despachó la ejecución estaban comprendidos dichos conceptos que para su cuantificación sólo bastaba una operación aritmética. e) No existe base sólida para que la sala responsable se convirtiera en defensa de los derechos del deudor quien ninguna prueba aportó para justificar sus excepciones y en contravención al artículo 235 de la ley procesal de la materia lo absolvió de las mencionadas prestaciones, con lo que contravino los principios de seguridad procesal y de firmeza en el procedimiento, que se instituyeron desde la emisión del acto de ejecución. Al respecto, debe indicarse que resultan inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa, en virtud de que en la ejecutoria de amparo únicamente se constriñó a la responsable a contestar los agravios planteados por el apelante adhesivo, a través de los cuales controvirtió las absoluciones de las prestaciones relativas al pago de interés legal, así como de daños y perjuicios; sin embargo, se le dejó libertad de jurisdicción para que calificara dichos motivos de inconformidad, por lo que si ahora el quejoso pretende combatir esas respuestas, resulta inconcuso que ello no puede ser materia de análisis en esta resolución. Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro veintisiete, febrero de dos mil dieciséis, tomo I, página setecientos diecisiete, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces".
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de tres del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el quejoso Jaime Vázquez Flores.-; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
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